La megacausa por la denominada “mesa judicial” de Mauricio Macri señalada por supuestas presiones a jueces sumará esta semana a Hugo Moyano como protagonista. El camionero se presentará el martes junto a su hijo mayor, Pablo Moyano, y al abogado penalista Daniel Llermanos como querellantes en el expediente que tramita en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti y que instruye el fiscal Franco Picardi. Es una consecuencia directa de la ampliación sobre un capítulo sindical de la denuncia original que presentaron varios diputados del Frente de Todos para arrancar con la investigación.

Pablo Moyano y Llermanos le confirmaron a este diario el tenor de sus presentaciones. Comparecerán de forma espontánea ante Picardi en respuesta a la denuncia de los legisladores, quienes en noviembre pidieron extender las pesquisas a las supuestas maniobras de Cambiemos contra los dos dirigentes camioneros, el petrolero Guillermo Pereyra y el jefe del gremio de los lecheros (Atilra), Héctor Ponce. Según los acusadores, esos gremialistas habrían sido víctimas de acciones de los funcionarios de la “mesa judicial” para acorralarlos mediante investigaciones y expedientes estructurados desde el anterior oficialismo nacional.

La incorporación de los camioneros es consistente con su condición de querellantes también en la causa por supuesto espionaje ilegal durante el mandato de Macri contra políticos, magistrados y sindicalistas que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. Hasta ahora Picardi había pedido las testimoniales sólo de los jueces y camaristas supuestamente víctimas de aprietes por parte de exfuncionarios y en los próximos días se esperaba un dictamen con medidas propias de una causa en plena reactivación. Sería el primero del fiscal que asumió la instrucción luego de que saliera de la órbita de su antecesor Ramiro González por la declinación del juez previo, Sebastián Ramos.

La causa por la “mesa judicial” tiene como acusados al propio Macri, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, a los exministros Germán Garavano (Justicia), Jorge Triaca (Trabajo) y Patricia Bullrich (Seguridad), al actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahíques, al exjefe de la AFI Gustavo Arribas, al expresidente de Boca Daniel Angelici y a otros exfuncionarios como Pablo Clusellas, Fabián Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frías y José Torello. El expediente arrancó a partir de una entrevista radial de la camarista de Casación Ana María Figueroa, quien dijo haber sufrido un intento de presión por parte de un alto funcionario de Macri en el arranque de la gestión, y a quien luego en su declaración testimonial identificó como Mahíques.

Con el involucramiento de los Moyano y Llermanos, y en caso de ser aceptados por Picardi, la pesquisa tendrá por primera vez querellantes, una condición que permite impulsar la investigación y pedir la producción de pruebas. Al igual que Figueroa, otros jueces declararon también haber sido víctimas de presiones pero no se presentaron para empujar la causa: entre otros fueron los casos de los camaristas laborales Luis Raffaghelli y Diana Cañal, su colega en lo Civil Marcela Pérez Pardo y de la jueza federal de San Martín Martina Forns. Las denuncias partieron de una veintena de legisladores del actual oficialismo y las sucesivas ampliaciones quedaron a cargo de los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdéz.

En la apertura del capítulo sindical de la causa los legisladores se tomaron de los dichos públicos de los propios camioneros. En particular de Pablo Moyano, quien dio cuenta varias veces de la existencia de “un modus operandi” de Cambiemos consistente en “espionaje acompañado por una persecución judicial orquestada directamente por la Mesa Judicial M”. En esas oportunidades el adjunto de Camioneros situó el inicio de esas maniobras “luego de la movilización contra la reforma laboral de noviembre de 2017” de donde dijo haber notado la presencia de “infiltrados en las marchas”. Al describir el Ejecutivo anterior Pablo Moyano sostuvo: “fue una banda que nos gobernó durante cuatro años y el brazo ejecutor político era Patricia Bullrich, que apretaba a los fiscales y jueces".

Los diputados también hicieron mención a las varias denuncias que enunció el suspendido juez Luis Carzoglio, primer instructor de una de las causas contra los Moyano por sus supuestos vínculos con barras de Independiente, y quien dijo haber recibido aparentes instrucciones de dos agentes de la AFI, emanadas al parecer del propio Macri, para que dispusiera las detenciones de los líderes camioneros en sintonía con los pedidos que le hacía el fiscal Sebastián Scalera.