El secretario general de Federación Sitech afirmó que la medida anunciada por Capitanich y Soto "es meramente coyuntural y electoralista".
El gremio Federación Sitech sostuvo que "el anuncio del gobernador Jorge Capitanich y el Ministro de Educación, Sergio Soto, sobre la supuesta inaplicabilidad de la Resolución 506, es meramente coyuntural y electoralista, e intenta generar confusión refiriendo a situaciones que en nada modifican la situación actual de la nombrada Resolución y de las acciones judiciales que actualmente siguen en curso".
En ese marco, el secretario general, Eduardo Mijno, señaló que "de lo manifestado no surge siquiera la intención o promesa de derogar la Resolución 506, con lo cual la misma continúa vigente y por tal motivo, la entidad informa que proseguirá el trámite del recurso planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Sostener que se le va a "informar a los jueces sobre la inaplicabilidad de la Resolución 506", constituye una manifestación sin sentido, queriendo aparentar ante la docencia que el gobierno está dando marcha atrás con la misma, lo que no es real, en el claro entendimiento de que ese instrumento legal constituye uno de los máximos desaciertos de su gestión y que ahora, en vísperas de elecciones, tratan de minimizar.
"El Gobierno no puede decirle a los jueces que no apliquen la nombrada Resolución sencillamente porque no son ellos los encargados de hacerlo, sino que es el propio Estado Provincial el que la aplica o no según las circunstancias, pudiendo los Jueces analizar si la misma tiene validez legal pero no, reitero, aplicarla", afirmó Mijno.
Asimismo, el dirigente recordó que "en su oportunidad la Jueza Iride Isabel María Grillo cuando estaba a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 6, declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 506, aclarando que la misma vulneraba el estatuto del docente, el derecho de huelga y la libertad sindical, lo que fue modificado por instancias posteriores que otorgaron al Gobierno una protección 'jurídica' pocas veces vista en la reciente historia judicial de la Provincia, solo comparable con la que oportunamente dispensaron los altos estrados judiciales a otra normativa nefasta en el Chaco, como fue la ley de 'desamparo'".
"Debemos recordar que el origen de esta resolución fue a principio del año 2013, ante una sentencia Judicial de un Juzgado de Pcia. Roque Sáenz Peña, producto de presentaciones adulteradas que fueron debidamente documentadas por este sindicato y cuya sentencia ordenaba la solución del conflicto, pero de ninguna manera otorgo facultad al Ministro para eliminar el derecho de huelga; mas aberrante fue el infantil argumento del STJ que expreso que al contraponerse el derecho social a la educación y el derecho a huelga, afirman que la prioridad de una hace caer la otra, como si este sindicato desconociere el fundamentalísimo derecho social a la educación", indicó.
"La continuidad del planteo de la inconstitucionalidad de la Resol. 506 no solamente se mantiene ante una posible nueva aplicación por parte de este gobierno, sino para eliminar toda posibilidad que se le ocurra al próximo gobierno de dictar instrumentos legales de tipos represivos como ser descuentos de haberes por días de paros, Resol. 506 y cualquier otro mecanismo de persecución o de represión directa o indirecta", señaló.
Por último, Mijno apuntó que "la experiencia nos ha demostrado que la postura de los políticos es una cuando son candidatos y otras cuando asumen el poder, ya que no solamente pretenden acallar a los trabajadores con medidas como las mencionadas anteriormente, sino que también intentan cooptar o en su defecto dividir al sindicato que mantiene independencia, tal es el ejemplo del gobierno de la alianza que promocionó SITECH SUDESTE, o el Justicialismo con la promoción de SITECH CASTELLI, que son sello con el único fin de intentar dividir al sindicato mayoritario y representativo. Este Ministro y ex sindicalista pasará a la historia tristemente célebre por intentar en la provincia del Chaco eliminar el derecho a huelga de los trabajadores avalado por un gobierno Justicialista que se dice Nacional y Popular".
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