El Gobierno de Javier Milei ha decretado una reestructuración interna de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de reducir costos estructurales y hacer al organismo "más eficiente". La medida se implementará mediante el decreto 559, publicado en el Boletín Oficial, y no implicará despidos, sino reasignaciones de personal.
La reestructuración incluye la reducción de áreas clave como la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS). La AFIP, encabezada por Florencia Misrahi, eliminará ocho direcciones y tres subdirecciones, resultando en una reducción de 44 unidades estructurales. Esta reorganización busca fusionar distintas áreas para crear una "ventanilla única" para los contribuyentes, simplificando los trámites y optimizando los recursos humanos y tecnológicos.
El decreto establece que se unificarán en las dependencias de la Dirección General Impositiva (DGI) las actividades de control operativo en materia tributaria y previsional en el ámbito metropolitano, replicando el modelo ya implementado en el interior del país. De los 1.000 agentes actuales en la DGRSS, 700 serán reasignados a la DGI para fortalecer las tareas de fiscalización.
La DGRSS mantendrá sus funciones de distribución de fondos a los subsistemas de seguridad social, contacto con instituciones públicas y privadas, e investigación y denuncia de trata de personas. Esta medida refuerza los esfuerzos del gobierno para desburocratizar y modernizar el organismo, facilitando el cumplimiento de los contribuyentes mediante un único canal de atención.
El decreto subraya que "por razones operativas resulta necesario modificar la estructura organizativa" de la AFIP, con el fin de lograr sinergia en las actividades operativas y mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios públicos.
Uno de los objetivos de esta reestructuración es enfocarse en el blanqueo de bienes y activos no declarados, que estará vigente hasta el 30 de abril de 2025. Aquellos que regularicen montos inferiores a USD 100.000 podrán hacerlo sin pagar impuestos, siempre que el dinero ingrese al sistema financiero argentino y permanezca allí hasta el 31 de diciembre de 2025, o se destine a inversiones específicas.
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