Por Diego Lanese.

En marzo de 1960, el gobierno del radical Arturo Frondizi anunció la entrada en vigencia del Plan de Conmoción Interna del Estado o Plan CONINTES, un régimen de excepción que apuntaba, según aquella gestión, a frenar los atentados de supuestas organizaciones terroristas. Para eso, se involucraba a las Fuerzas Armadas, que comenzaron a realizar operativos contra estos grupos. Pero rápidamente el programa comenzó a perseguir y encarcelar a opositores y dirigentes sindicales, que protestaban por las consecuencias del ajuste que se ejecutaba en el país. así, CONINTES paró a ser una herramienta de represión de la protesta social. Algo de aquel espíritu puede verse detrás del lanzamiento el llamado Comando Unificado de Seguridad Productiva, el grupo de las fuerzas de seguridad que será destinado a la “prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”. La idea de la ministra Patricia Bullrich es poder actuar ante eventuales protestas en áreas consideradas sensibles, para evitar la paralización de las tareas. Para los gremios, este tipo de iniciativas “no son democráticas”, y alertan que violan las leyes, nacionales e internacionales. Con este paso, el gobierno de Javier Milei aumenta su presión ante el accionar sindical, en momentos donde además busca clausurar las paritarias.

Según la disposición oficial que puso en funcionamiento este comendo, la coordinación general estará a cargo de la máxima autoridad ministerial, es decir la propia ministra Bullrich, y podrá ser delegada en el funcionario que esta designe.

Tendrá a su cargo “la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales correspondientes”. La misma será integrada por representantes de los ministerios de Seguridad de todas las provincias, y de sus policías locales. El temor principal es que bajo el argumento de evitar cortes en áreas claves para la producción, se potencie el perfil represivo de la gestión libertaria.

“Todas estas ideas tienen como único objetivo demostrar una ‘pseudo autoridad’, que tiene como función principal reprimir cualquier situación de protesta y movilización”, alertó Pedro Wasiejko, titular de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA). El sector industrial es junto a otros como petroleras, cerealeras, Vaca Muerta o mineras quienes estarán bajo la mira del comando creado reciente mente.

Ante esto, Wasiejko le dijo a Data Gremial que el gobierno nacional “claramente está pasando los límites de lo que significa vivir en una democracia, donde la protesta social y sindical consentida y aceptada, según la normativa nacional e internacional”. “La protesta sindical está en nuestra legislación, está considerada un Derecho Humano, por eso plantear este tipo de situaciones que están marcadas por el sesgo ideológico del gobierno es absurdo”, agregó el dirigente de FeTIA, enclave productivo e industrial de la CTA de los Trabajadores.

Por eso, para Wasiejko, más que una amenaza el comando “es una práctica violenta y antidemocrática, y en la medida que sigan usando este tipo de herramientas represivas no sólo que se va a profundizar la protesta social, sino que además será cada vez más fuerte”. Además, el dirigente alertó sobre las “consecuencias legales” de estos instrumentos: “Lo que tienen que recordar estos sectores es que cuando terminó la última dictadura genocida sus jerarcas terminaron muriendo en la cárcel, faltó juzgar a los que se beneficiaron con el modelo económico, pero esta vez no va a ser igual”.

Caso emblemático

Al enfocarse en el sector productivo, este comando tendrá posibilidad de intervenir en protestas que se hagan en sectores considerados claves, como petrolero y agroexportador, desarticulando lo que llaman “bloqueos ilegales”, que la mayoría de las veces son reclamos sindicales. Por eso muchos consideran este comando “la patota del RIGI”, ya que debería garantizar que no haya protestas en las empresas que se sumen al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Además, busca evitar cortes de actividades en las exportaciones, como pasó por la histórica lucha de los trabajadores aceiteros, que mantuvieron paralizadas por siete días las actividades en las grandes empresas oleaginosas. Con el comando en funcionamiento, estas acciones podrían ser reprimidas y sus dirigentes tal vez encarcelados.

“Por suerte arreglamos nuestro acuerdo antes que se ponga en vigencia este comando, sino seguro estábamos para el debut”, ironizó Daniel Succi, titular del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros San Lorenzo (SOEA). Luego de siete días de paro, y el dictado de la conciliación obligatoria, el gremio les torció el brazo a las empresas del sector y consiguió un aumento que lleva los salarios iniciales a niveles del millón y medio de pesos. Pero costó una larga pelea. “Parece que están las botas”, recalcó el dirigente ante la consulta de Data Gremial.

Acuerdo en la revisión salarial aceiterahttps://t.co/0UZruwKre6 pic.twitter.com/iTJYahzw4L

— Federación Aceitera Desmotadora FTCIODyARA (@FTCIODyARA) September 5, 2024

Para los gremios el uso de este comando estará destinado a garantizar las actividades más allá de las condiciones laborales. En ese contexto, las autoridades libertarias consideraron necesario formar un comando unificado que se aboque "al despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para zonas de alta productividad".

Por eso la alarma de FeTIA, que reúne a gremios del sector industrial. “No podemos aceptar esto en un país donde los trabajadores son los que más pagan impuestos, a través del IVA por ejemplo, mientras los Galperín, los Rocca o aquellos que llevaron a Milei al Gobierno tiene grandes excepciones”, analizó Wasiejko. Para el dirigente, estos sectores oligopólicos “hacen daño a la industria, a la producción, a los que trabajan todos los días para sostener sus pequeñas empresas, y a sus trabajadores”.

Peligrosos antecedentes

En su trabajo “Estado de excepción y contrainsurgencia: El Plan CONINTES y la militarización de la seguridad interna en la Argentina”, el investigador del CONICET Esteban Pontoriero recalcó que en los tempranos 60 hubo “un terreno de común acuerdo respecto de considerar a la seguridad interna como una esfera de intervención de las Fuerzas Armadas en clave antisubversiva”. “Las implicancias y la permanencia de este punto de acuerdo entre los actores proyectaron su sombra sobre los años siguientes hasta llegar a la oscuridad del terror de Estado de mediados de los años 70”, analizó.

Incorporar a esas fuerzas a la seguridad interna fue uno de los objetivos del CONINTES, otro punto de coincidencia con la situación actual si se piensa la idea de la ministra Bullrich de darle funciones a los militares en la lucha contra el delito.

El uso de la represión contra las protestas sociales y sindicales ya se viene dando en la actual gestión, y tiene como punto de mayor tensión lo que sucedió con los jubilados en las dos últimas movilizaciones contra el veto a la Ley de Movilidad. Este comando parece agregarle profundidad a esta metodología. Si se hace un paralelismo entre el uso del CONINTES para encarcelar disidentes políticos y dirigentes gremiales y lo que puede pasar con este comando, que apuntará a las protestas en áreas productivas, el resultado puede ser muy peligroso.

“Si llegamos a un momento de confrontación social, más temprano que tarde se va a resolver democráticamente los cambios, y ahí nuestro pueblo con su memoria histórica dispondrá que se haga justicia contra quienes apliquen la violencia contra los trabajadores y no respetaron las leyes y la Constitución”, concluyó Wasiejko.