Por Diego Lanese.

“Veto total”. El viernes por la tarde, el presidente Javier Milei respondió estas dos palaras a un posteo del subsecretario de Política Universitarias, Alejandro Álvarez, que adelantaba que “la última palabra” sobre este tema la tiene el primer mandatario. De esta forma, se confirmó que se seguirá con este mecanismo pese a la resistencia popular, como pasó con la Ley de Movilidad Jubilatoria. “El déficit cero no se negocia”, dijeron desde Casa Rosada sobre estas normas, y se avanza en este camino. Ante esto, los gremios de docentes y nodocentes preparan la respuesta. Apenas conocida la noticia, comenzaron a circular distintas versiones, aunque se sabe que hay consenso en el Frente Sindical de Docentes Universitarios de responder a esto con una nueva marcha del sector, que en abril desbordó la Ciudad de Buenos Aires produciendo un hecho político respecto a la gestión libertaria. Es que la transversalidad del apoyo a la educación superior permeó incluso a los propios votantes de La Libertad Avanza. Ahora, se espera que de confirmarse esta medida, el resultado sea similar. Por lo pronto los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los alumnos de la Federación Universitaria Argentina (FUA) apoyan el plan de lucha, y se cree respaldarán la movilización.

La Ley de Financiamiento Universitario tuvo el respaldo del Senado el pasado jueves, mientras a las afuera del Congreso los gremios se movilizaban para apoyar el tratamiento. La norma fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del PRO Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala (PRO). “Si hay veto, hay marcha”, adelantó en redes sociales los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, cuyos miembros articulan la respuesta a la decisión del presidente Milei. El día de la sesión, se movilizaron y ya adelantaron de la posibilidad de volver a la calle. Además de la caída salarial, el sector universitario y preuniversitario reclama por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la no actualización de la garantía salarial, la falta de presupuesto para investigación y extensión, y para becas estudiantiles. Este lunes, según saber Data Gremial, se reúnen los gremios del espacio, para definir un plan de acción.

#UniversidadesNacionales #PresupuestoUniversitario

🔵SI HAY VETO, HAY MARCHA

Vamos a defender la democracia.

✔️NO AL VETO DE LA LEY JUBILATORIA

✔️NO AL VETO DE LA LEY DE PRESUPUESTO UNIVERSITARIO#SomosLaUniversidadPublica pic.twitter.com/Ev29IT7xa0

— CONADU (@PrensaCONADU) September 13, 2024

“Casi el 90 por ciento de la cámara de Senadores aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que viene a dar una respuesta tanto al tema del presupuesto como de los salarios docentes y nodocentes de todo el país”, recalcó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN). En diálogo con Data Gremial, el dirigente recalcó que el Congreso se hizo cargo de un tema “que abandonó el gobierno libertario”. “Vemos con mucha preocupación que el presidente vaya a vetar la norma, lo repudiamos, porque nos parece que el presidente debería aceptar lo que resolvieron los representantes del Pueblo argentino”, agregó Ricci. En la previa a la votación, la dirigencia de FEDUN realizó varias reuniones con senadores para reclamar que apoyen la normativa, la última de ellas con legisladores de Río Negro. Para el dirigente, la ley es “un reflejo de lo que se expresó en la marcha del 23 de abril, donde más de un millón de argentinos salimos a la calle a defender las universidades públicas”. En este sentido, Ricci sentencio que “si el presidente tiene que respetar a los argentinos y a la educación pública, valorada y apoyada por todos los ciudadanos del país”.

Detalles de la norma

El malestar de los gremios con el veto apunta a la falta de respeto sobre el trabajo político realizado para aprobar la ley, que contó con apoyo de varios bloques, incluyendo los llamados “dialoguistas” o cercanos a La Libertad Avanza. La norma propone declarar la “emergencia presupuestaria “del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”. Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del presupuesto actual según la inflación acumulada ese año, que los datos marcan es del 211,4 por ciento y luego aplicar “un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año”. La norma implicaría para este año “un costo fiscal de 0,14 por ciento del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos”, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En materia de ingresos de los trabajadores, se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional “recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período”. Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el gobierno “deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC”. “Lo establecido acerca de la recomposición salarial no se aplicará si las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para 2024 son acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones representantes de los trabajadores de la educación superior y las escuelas preuniversitarias”, sostiene la ley.

Datos alarmantes

Durante las varias medidas que se vienen realizado para rechazar el mecanismo de paritarias que lleva adelante el gobierno nacional, dando aumentos arbitrarios por debajo de la inflación, se habló que la baja de ingresos “es histórica”, y se ubica entre el 50 y el 60 por ciento según los gremios. Varios informes apoyan esta decisión. En su último reporte, el Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo (CETyD) destacó que los salarios de los trabajadores de las universidades nacionales “están atravesando un proceso acelerado de pérdida de poder adquisitivo ya que mientras que entre noviembre de 2023 y julio de 2024 la inflación fue del 136 por ciento, los salarios de docentes y no docentes universitarios crecieron 80 por ciento”. El trabajo de esta entidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) se hizo para contestar a una publicación del Ministerio de Capital Humano, que habló de “una recuperación en su poder de compra por arriba del 70 por ciento”.

El trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, detalló que “al comparar con otros colectivos se observa que, mientras que entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario promedio de los trabajadores formales del sector privado perdió 2 por ciento de su poder adquisitivo y el de los empleados de la administración pública nacional se redujo 10 por ciento, en el mismo período la contracción fue del 24 por ciento para docentes y no docentes de las universidades”. Como consecuencia de esta realidad, “el 92 por ciento de las y los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza, al tiempo que el 87 por ciento con 10 años de antigüedad está en dicha situación”. En el caso de nodocentes, “el 79 por ciento sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza y el 63 por ciento con 10 años de antigüedad tiene un salario debajo de lo mínimo para subsistir”.