Por: Alfonso de Villallobos

La 30° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) tuvo un gran ausente. El evento que se realiza todos los años suele contar con la presencia y el discurso de cierre del presidente de la Nación en funciones. Javier Milei, sin embargo, decidió no participar del evento y, a la vez, instar a su ministro de Economía Luis Caputo a que haga lo propio.

Industria en crisis

El mensaje implícito resulta coherente con la política económica que lleva adelante el gobierno en lo que se refiere a la apertura de importaciones y el sostenimiento a como de lugar de un tipo de cambio apreciado que compromete la competitividad del sector. A la vez, el ajuste en curso, golpea fuerte sobre la capacidad de consumos del mercado interno al que destina gran parte de su producción el sector manufacturero local agrupado en la UIA.

De hecho, el sector acumula a septiembre de este año 16 meses consecutivos de retrocesos diez de los cuales corresponden a la gestión de este gobierno. Allí se llegó a registrar caídas interanuales superiores al 20% (en marzo y junio) y, en el acumulado del año, la caída llega al 12,7%. En el último registro disponible relativo al mes de septiembre la industria función a apenas el 62% de su capacidad.

Sin embargo, entrada la tarde, el gobierno se hizo presente en el cónclave a través de emisarios menores como Juan Pazo, secretario de Coordinación de la Producción.

El eterno retorno al costo laboral

Los equipos técnicos de la UIA y sus principales exponentes ya habían cargado las tintas sobre la política del gobierno en lo que se refiere a la apertura de importaciones. Sin rechazarlas, sugirieron la necesidad de acompañarlas con medidas capaces de compensar la baja competitividad sectorial. Por eso apuntaron contra el “costo laboral argentino” que, habida cuenta de la apreciación relativa de la moneda, se incrementó sensiblemente en el último período.

Quien ofició de presidente del evento, el industrial bonaerense Martín Rapallini, señaló allí que «los industriales no tuvimos, tenemos, ni pedimos privilegios, no queremos protección sino igualación de condiciones para competir«.

Es que, resultado de la política cambiaria del gobierno, al mismo tiempo que los salarios en general y los de la industria en particular perdieron poder adquisitivo en moneda local, se incrementaron sensiblemente medidos en dólares. Según datos oficiales, el salario promedio desestacionalizado de los trabajadores registrados, en diciembre de 2023, llegaba a los $578.762 equivalentes al tipo de cambio del 31 de ese mes a U$S 683 mientras que, según los últimos datos disponibles, en agosto de 2024 el salario promedio de ese segmento llegó a los $1.246.753 equivalente a U$S 1.261. Se trata de una suba de un 85% en apenas ocho meses.

Flexibilizar el empleo

Hacía ya varios años que los documentos de la UIA no ponían el foco en el costo laboral y, en general, hacían hincapié en la “presión tributaria”. El cambio abrupto de escenario volvió a colocar el problema y, por ese motivo, el emisario del gobierno llevó como ofrenda a la conferencia la promesa de presentar a la brevedad un nuevo proyecto de ley que incluya los artículos presentes en el Título IV del DNU 70/23 que imponían una profunda reforma laboral y que quedara suspendido por decisión de la justicia laboral que dio lugar a una medida cautelar declarándolo inconstitucional. La apelación del gobierno llegó a la Corte Suprema que, sin embargo y hasta el momento, decidió no expedirse.

Además, el secretario de Producción, adelantó la intención del gobierno de acompañar esos artículos con otros, señaló, “se asemejan al Régimen de Inversión a las Grandes Importaciones (RIGI)” pero, aclaró, “no solo para algo que supere los 200 millones de dólares, sino que pueda tener una capilaridad mayor”.

El reclamo de un «RIGI para las pymes» había estado presente en los debates sobre el régimen general y había sido un planteo puntual de la UIA que pidió que se redujera el piso de U$S 200 millones para acceder a los beneficios impositivos contemplados en la norma.

En lo que se refiere a la reforma laboral, los puntos más sensibles resultan, en primer lugar, la conformación del banco de horas mediante el cual las patronales podrán vulnerar la jornada laboral ajustando los tiempos de trabajo a su conveniencia y según criterios de productividad. De esa manera podrán eludir el pago de horas extras y reducir drásticamente los tiempos muertos propios de la estacionalidad productiva. Lo mismo con relación al uso de las licencias ordinarias que quedarán a entera disposición de las patronales.

A la vez, el DNU avanzaba en la derogación de criterios de irrenunciabilidad y de la ultraactividad de los convenios que resultan el pilar del régimen laboral vigente en tanto sostienen que ningún trabajador en forma individual puede aceptar condiciones inferiores a las que establece el convenio de actividad o la propia Ley de Contratos del Trabajo. El criterio se sustenta en el carácter asimétrico de la relación laboral sobre el que también se fundamenta la preferente tutela del derecho laboral.

El funcionario adelantó que el proyecto no incluirá aquellos artículos que modifican de algún modo el régimen sindical dando cuenta del punto de acuerdo al que podrían haber arribado con la mesa chica de la CGT a través de la recuperación del “diálogo”.

El foco también estará puesto en la reforma de los convenios para los que deberán lograr el acuerdo con los representantes gremiales. El antecedente de Aerolíneas Argentinas indica que el retraso salarial resulta un instrumento poderoso en manos de las patronales para, en nombre de la productividad, imponer criterios de polifuncionalidad y flexibilidad.

Por último, Pazo también prometió conceder un fuerte reclamo patronal consistente en la descapitalización de las tasas de interés para los créditos de los juicios laborales que implica un incentivo para los incumplimientos y la mora en los juicios cuyo “costo de oportunidad” recaerá sobre el trabajador.