El propietario de un negocio con franquicia de Medialunas del Abuelo llevó a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires dos facturas de luz. Mostraba el aumento: de 10 mil pesos a 97 mil. “Con cinco empleados, si el comercio paga esa suma se termina el negocio y si echa también tiene que cerrar”, resumió la situación sin salida Alejandro Amor, el ombudsman que vio la factura. Y ante la audiencia pública que se realizará hoy en La Boca sugirió: “La situación es grave y deben discutirla políticamente los gobernadores, los senadores y los diputados”.

El ejemplo y la sugerencia formaron parte de la primera reunión sobre tarifas realizada en la Confederación General del Trabajo por invitación de Víctor Santa María, secretario de Estadística y Defensa del Consumidor de la central obrera, acompañado de Francisco Cafiero. Participaron dirigentes sindicales, expertos y académicos y acordaron encuentros quincenales de seguimiento y discusión sobre tarifas de luz, gas y agua. Las conclusiones que tome el gobierno después de la audiencia de hoy sobre las tarifas de Edenor y Edesur para el área metropolitana de la capital y el Gran Buenos Aires afectarán la situación de 13 millones de habitantes.

“La política oficial trae el recuerdo de cuando Margaret Thatcher invitaba a elegir entre calefaccionarse o comer”, dijo Santa María. “No puede ser que la disyuntiva sea pagar los servicios públicos o que las familias coman, para los usuarios, y pagar las tarifas aumentadas o los salarios y las cargas sociales, para las pymes”.

Carlos Minucci, secretario general de la Asociación Personal Superior de Empresas de Energía, explicó que “el gobierno anterior invirtió plata pero una parte se la llevaron los privados”, que “la distribución estalla porque los cables no están en condiciones”, y que “la política es bajar el consumo lo máximo posible”. Dio cifras: “Ya se perdió el 8,5 por ciento en generación, el 5,3 en la industria y el 3,8 por ciento del consumo comercial”. El problema, según Minucci, es que “los datos de generación siguen ocultos” y que “todos los años “hay mil millones de pesos de ganancia” en el sector. Su propuesta fue poner el servicio eléctrico en manos del Estado. De otro modo “aumentará el negocio de la importación de gas de Shell, combustible de Shell y nafta de aviación de Shell y a la vez continuarán en el verano los cortes de siete horas en un barrio porque no hay suficientes transformadores, cables y fusibles”.

Fernando Barrera, de UPCN, destacó que “la privatización de la generación de energía y su transporte impactan sobre el resultado final” y que “el problema de la distribución es la falta de inversión para mejorar el servicio”.

“Se discute el valor final del kilowat pero no sabemos cuál será el principio, el kilowat de generación, y tengamos en cuenta que una parte de la generación eléctrica, un 55 o 60 por ciento, usa gas natural, o sea que está sujeta a la dolarización del precio del gas en boca de pozo”, coincidió Diego Fontela, del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria de UPCN.

Según Daniel Schteingart, del Instituto de Estudios Estadísticos de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, los servicios públicos ya pasaron del 5 al 8 por ciento de la canasta promedio de los trabajadores en un contexto en el que, además, la inflación interanual alcanzó un pico del 55 por ciento. Por la UMET estuvieron también el rector Nicolás Trotta, que insistió en el alerta sobre “la dolarización indirecta”, y la directora del Centro de Innovación de los Trabajadores Marta Novick.

La tarifa social fue uno de los temas más tratados en la reunión de la CGT. Fontela dijo que es inconcebible la necesidad de hacer tres trámites, uno para luz, uno para gas y otro para agua. “Queremos la tarifa social única, homogénea, de acceso universal y automático porque el Estado debe tener responsabilidad frente a las personas”, dijo Amor.

Pablo Vera, jefe de Gabinete de la municipalidad de Avellaneda, informó que el distrito recauda todos los meses un 15 o 20 por ciento menos, por el aumento de tarifas y el parate. “Hay sectores industriales con caída superior al 50 por ciento y riesgo en medianas empresas de 50 a 100 empleados porque también en el área energética el paradigma pasó de concebir el servicio público como derecho a verlo como una mercancía.”

El panorama de los clubes de barrio también es preocupante. “Ocho de cada diez no pueden hacer frente a los aumentos”, dijo Cristian Font, del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines.

Carlos Raimundi, del Centro de Estudios de Promoción para la Igualdad y la Solidaridad (Cepis, la asociación civil que logró el fallo del gas de la Corte Suprema, y participó del mismo modo que Deuco) dijo que “la audiencia es una instancia pero lo permanente es el conflicto por el modelo de energía y, en definitiva de proyecto de país”. Mariano Lovelli anunció que el Cepis participará de la audiencia pero explicó (ver aparte en esta misma edición) por qué a su juicio está viciada.