Por: Eugenia Rodríguez.

El flamante jefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, se refirió en una entrevista a la posibilidad de “flexibilizar y modernizar” las leyes laborales para dar respuesta a la falta de trabajo formal. El planteo despertó el rechazo inmediato de sectores del sindicalismo, por lo que luego se desdijo y aclaró que el Gobierno no tiene en agenda esa iniciativa. En cambio, desde la oposición siguen proponiendo y defendiendo este tipo de reforma como una de sus principales proyectos económicos para la campaña electoral de este año. Una mirada local e internacional de qué pasa con el acceso al mercado laboral para las y los jóvenes demuestra que en los períodos de mayor desregulación es cuando peor la pasaron.

En primer lugar es cierto que la población joven de entre 16 a 24 años registra una tasa de desempleo superior al nivel general de la población. Desde el tercer trimestre de 2003 al segundo trimestre de 2022 la tasa de desocupación promedio de esta franja etaria se ubicó en 22,5%, muy por arriba del grupo de 25 a 34 años (9% promedio) y de las personas de 35 años o más  (6% promedio). Si se extiende el período inicial a la década de los noventa, el promedio de desempleo de la franja joven llega a 23,2%. 

Ahora bien, al poner la lupa sobre cada etapa histórica se observa que, entre 1990 y 2002, la tasa de desempleo para las personas menores de 25 años llegó a un máximo histórico, 37,8% en mayo de 2002. Mientras que en el periodo siguiente comenzó a descender y se ubicó en 18,1% en el segundo trimestre de 2007, luego subió a 21,1% en igual período de 2009 y volvió a bajar en torno al 18% para 2015. Es decir que, en los momentos en que se priorizaron políticas de desregulación laboral es cuando más creció la tasa de desocupación de este segmento que, lejos de verse favorecido, fue duramente golpeado por medidas como la flexibilización laboral en las contrataciones, reducción de Contribuciones Patronales y privatización del sistema se Seguridad Social. La propia tasa de desocupación general pasó de 8,6% (mayo 1990) a 21,5% (mayo 2002). 

A diferencia, la caída de la tasa de desocupación juvenil (llegó a bajar a 16,3% a fines de 2007) es parte de un cambio en las políticas económicas entre 2003 y 2015. A contramano de lo anterior, se observa una reactivación de la actividad económica y la generación de puestos de trabajo (+3,1 millones), así como la estatización de la Seguridad Social.  En este marco la desocupación general se redujo del 20% a 5,9%. 

En esta línea, si se mira el período 2016-2019 es posible observar que el desempleo vuelve a escalar en las y los jóvenes, y para el segundo trimestre de 2019 tocó el 26,3%. En esta etapa, en sintonía con las medidas adoptadas en el primer período comparado, la desregulación laboral volvió a tener protagonismo en un contexto donde se destruyeron 276 mil fuentes de trabajo registrado privado, y la desocupación total pasó de 5,9% a 10,6%. Predominó el “incentivo laboral” mediante beneficios impositivos para los grandes grupos empresariales y el fomento de contratos flexibles para el primer empleo que no se traducen en más ni mejores condiciones de trabajo.

Ya en 2020, el efecto de la pandemia en la actividad económica golpeó de lleno a los jóvenes con una tasa de desempleo que llegó al 33,9% en el segundo trimestre de ese año. A partir de la reactivación económica posterior (crecimiento de 10,3% PBI en 2021 y recuperación de 452 mil puestos a octubre de 2022) el desempleo para las y los jóvenes de hasta 24 años se ubicó en 17,3% en el segundo trimestre de 2022, un nivel históricamente bajo.

Otras variables en juego 

Para entender la complejidad del mundo laboral también es posible considerar los tipos de empleo existentes y los ingresos que se obtienen. Datos del CEPA en torno al trabajo no registrado, indican que entre el tercer trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2022, las personas de hasta 24 años alcanzaron en promedio una tasa de empleo no registrado de 59,5%. 

Nuevamente se detecta que en los años noventa es cuando se produce un mayor crecimiento de la informalidad laboral, que pasa del 25% al 43%, mientras que entre 2003 a 2015 baja al 33%. El centro de estudios advirtió que en 2016 “se acentúan los programas de inserción laboral bajo condiciones de precarización. Se comienzan a vaciar programas como el PROGRESAR y se enfatiza en el diseño de programas que puedan reducir el costo laboral de contratar jóvenes. En marzo de 2017, el gobierno de Macri propicia una serie de convenios con empresas como Mc Donald’s, que incluían el pago de salarios por debajo del Salario Mínimo”. 

En cuanto a la evolución de los ingresos para esta franja etaria, se señaló que “son quienes recuperaron más rápido poder adquisitivo en el periodo 2003-2015 (por encima de todas las demás franjas etarias), y fueron los que también lo perdieron con mayor celeridad en la etapa 2016-2019, con una caída del 32%, superando al resto de las franjas. Entre 2019 y 2022 se observa estabilidad en los salarios, sin recuperar prácticamente nada de lo perdido en la etapa previa”. 

¿Qué pasó en el mundo? 

Una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio cuenta de que en el marco de la crisis global del 2008, diferentes países del mundo, en Europa particularmente, llevaron adelante cambios en sus legislaciones laborales en perjuicio de las y los trabajadores.

“En el contexto de un margen fiscal restringido y un creciente desempleo, estos países afirmaron que ese tipo de cambios ayudarían a estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, sin embargo, no se revela relación alguna entre menos protección de los trabajadores y mayor crecimiento”, señaló el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2015: El empleo en plena mutación, que analiza datos de 63 países, incluyendo las economías más avanzadas, así como varios países de África, Asia y América Latina, a lo largo de los últimos 20 años.

El texto es contundente, “nuestro informe llega a la conclusión que reducir la protección de los trabajadores no disminuye el desempleo. En efecto, muestra que los cambios mal concebidos que debilitan la legislación en materia de protección del empleo tienden a ser contraproducentes, tanto a corto como a largo plazo. Encontrar el equilibrio perfecto depende de las características estructurales específicas de cada país así como del estado del ciclo económico, motivo por el cual es indispensable que las organizaciones de empleadores y de trabajadores participen en el proceso de reforma”.