Por: Mariano Martín.

Las organizaciones sociales y sindicales reaccionaron sin mayores sobresaltos al anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la inminente aplicación de un protocolo para impedir mediante las fuerzas federales de seguridad los cortes de calle y autovías durante manifestaciones y protestas. Apenas una conferencia de prensa del Polo Obrero, la rama social del Partido Obrero, y un puñado de comunicados de otras organizaciones y gremios bastaron para responder a lo que unánimemente se consideró una amenaza con pocas chances de cristalizarse en una ley aprobada en el Congreso, por entender que la funcionaria intenta coartar un derecho constitucional.

La del Polo Obrero fue la contestación más estructurada. En una conferencia el referente social Eduardo Belliboni, junto a los dirigentes Gabriel Solano y Vanina Biasi, rechazó la advertencia de Bullrich: “La ministra quiere aplicar un plan de guerra contra los trabajadores, pero no va a tener éxito. La gente se va a seguir manifestando pacíficamente”, evaluó el activista. Los tres recordaron el fallido intento de la ministra en su anterior gestión en el cargo, en la presidencia de Mauricio Macri, cuando anunció un supuestamente elaborado protocolo antipiquetes que nunca pudo ponerse en práctica.

“La protesta social es constitucional. Si la ministra quiere cortarla, que declare el estado de sitio y aplique el plan motosierra sin que la gente salga a la calle. Pero si va a mandar un proyecto de ley al Congreso, es porque reconoce que no tiene los instrumentos legales para abolir el derecho a la protesta”, apuntó Solano. El Polo Obrero es una de las organizaciones sociales del bloque de Unidad Piquetera convocantes el próximo miércoles a movilizaciones masivas de repudio al programa económico anunciado por Luis Caputo.

En la misma línea se pronunció Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. El dirigente opinó que “el protocolo es intimidatorio y es lo que (Bullrich) ya intentó en 2015 con Macri y se lo tuvo que guardar”. En diálogo con este diario, Godoy advirtió que la respuesta al anuncio de la ministra “lo tendrá de parte del pueblo ante estas medidas brutales de regresividad en los ingresos, de destrucción en la industria y de hiperinflación que están alimentando”.

Su colega de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, también objetó el anuncio: “el Gobierno habla de libertad pero la ministra amenaza con criminalizar la protesta social y prohibir el derecho a manifestarse. ¿VLLC (acrónimo de Viva la Libertad, Carajo, el slogan de campaña de Javier Milei)? No. ¡Viva la libertad de prohibir, carajo!”.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, avisó por redes sociales que el gremio no aceptará “ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta” y añadió que “los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía ni la Justicia” sino “quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”. “Este protocolo antiexpresión anunciado por el Ministerio de Seguridad está orientado a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, completó.