A pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional respecto a no realizar despidos injustificados, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se han concretado 50 cesantías, una de ellas en Salta, donde una trabajadora con contrato de locación de obra fue desvinculada. Esta situación ha generado temores de que los despidos se extiendan hacia otros contratados.
En Salta, el SENASA cuenta con 150 trabajadores, de los cuales 140 son contratados con muchos años de antigüedad. A nivel nacional, el organismo tiene una planta de 5.500 empleados, de los cuales 3.500 son contratados. Ante esta situación, el sector se encuentra en estado de alerta y de asamblea.
El próximo miércoles, luego de los feriados, los gremios acompañarán a la trabajadora despedida y solicitarán una entrevista con la directora Regional del SENASA, Claudia Martínez, para que les muestre la notificación oficial que detalle las causales de la cesantía, ya que fue notificada por teléfono.
«En muchos casos están notificando de manera informal. Hay casos en los que llaman por teléfono, mandan mail, algunos correos electrónicos no llegan directo a los trabajadores sino a los superiores del área. Hemos relevado a 50 en todo el país. En Salta nos tocó una compañera que está en la oficina local que fue despedida injustificadamente», indicó Juan Cruz Stola, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en charla con Nuevo Diario.
Stola aclaró que el despido en Salta es injustificado porque no se le explicaron a la trabajadora los motivos de la cesantía. «Se trata de una compañera que tenía un contrato muy precario desde hace dos años. En Salta son 20 los que tienen ese tipo de contrato, ya que deben facturar. No justifica el despido porque nos dijeron que todos éramos necesarios. No sobra nadie en el SENASA, en realidad hacen falta más trabajadores para que el Estado cumpla todas las necesidades», detalló.
Aunque el caso de Salta se trata de la no renovación de contrato, el delegado gremial asegura que una vez superado el año de trabajo, se considera que el empleado pasa a realizar tareas permanentes dentro del organismo. Además, señaló que el Gobierno nacional incumplió con no realizar despidos injustificados, y que, por un decreto presidencial del 27 de marzo, los contratos tendrán validez por tres meses.
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