Así, la pretendida organización había establecido como su “objeto social” constituir “una Red de Ayuda y Asistencia Integral para empresas de cualquier rubro y/o entidades de cualquier tipo” para prestar servicios “para aquellos que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o víctimas de cualquier ´accionar delictivo´ que implique la paralización de la actividad empresarial y/o laboral y/o la imposibilidad del libre ejercicio del comercio, industria o servicio a los principios de libertad económica e iniciativa privada”.

Por su pate, la IGJ denegó la autorización porque “el objeto social de MEAB se contrapone con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores a los que califica –cuando impliquen la paralización de la empresa- como ´bloqueos sindicales extorsivos´ y/o ´accionar delictivo´”.

Si bien la organización modificó parcialmente su objeto de funcionamiento y quitó las alusiones a los bloqueos sindicales, la mantuvo en el nombre con el que pretendía identificarse. Por esta razón, los camaristas Paola Guisado y Juan Pablo Rodríguez explicaron: “Aceptó y consintió las observaciones realizadas por la IGJ en cuanto al objeto al eliminar toda referencia a los bloqueos sindicales. Sin embargo, continúa manteniendo dicha referencia en el nombre propuesto”.

“Tal discordancia no hace otra cosa que generar o inducir a error sobre el objeto –actividad– de la asociación a terceros, lo que resulta suficiente para denegar la autorización pretendida y confirmar la resolución apelada”, añadieron.

Además, para el tribunal resulta contradictoria la postura de la propia apelante, puesto que “por un lado, elimina toda referencia a los bloqueos sindicales y, al mismo tiempo, mantiene dicha referencia en el nombre”, concluyeron.