Las organizaciones más duras abrirán un cronograma de protestas desde el lunes para exigir asistencia alimanetaria, el martes marcha la izquierda más combativa y para el miércoles se prepara una gran movilización para intentar frenar el veto presidencial a la actualización previsional. Estarán los gremios de la CGT, la CTA, UTEP y organismos de derechos humanos.
Juan Pablo Kavanagh
El miércoles por la noche en la Casa Rosada, un funcionario de sintonía con Karina Milei preguntaba por las repercusiones de la represión a los jubilados que marcharon al Congreso. Y reconocía que los próximos días serán difíciles para el Gobierno, con una serie de protestas protagonizadas por gremios, movimientos sociales y organismos de derechos humanos contra la administración de Javier Milei.
“El clima en la calle va a estar bravo en la próxima semana”, expresó un alfil de la influyente secretaria general de la Presidencia ante PERFIL. Específicamente, se refirió a la serie de manifestaciones en el centro porteño que se darán a partir de este lunes. Una agenda de 72 horas cuyo puntapié inicial será dado por los movimientos sociales más duros.
Estas agrupaciones, entre las que se destacan Libres del Sur, MST Teresa Vive y el FOL, estarán en las inmediaciones del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, en Juncal y Carlos Pellegrini, para exigir asistencia alimentaria en comedores y merenderos. Existen chances de que otras organizaciones como la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (la UTEP) también digan presente y desafíen el protocolo antipiquete que elaboró el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Desde el entorno de un dirigente mencionaron la necesidad de volver a visibilizar un reclamo que data de hace meses y que no tiene ningún tipo de respuesta. Un tema con el que tropezó Pettovello, con escándalo incluido, fue la falta de entrega de alimentos que estaban en galpones y fallos judiciales en su contra por esta problemática.
El martes 10 será el turno, en Plaza de Mayo, de una movilización y acto de los gremios de la izquierda combativa, con el sindicato del Neumático de Alejandro Crespo a la cabeza. El colectivo sindical, que fue noticia en 2022 por tomar el Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo paritario, vuelve a la carga denunciando despidos “ilegales” en el sector privado y estatal ante “el ajuste” del oficialismo y ya encaró huelgas que complicaron a las firmas del sector. El martes va a pedir una medida de fuerza de carácter nacional.
Mientras que el miércoles 11 a las 11 de la mañana, frente al Parlamento, se producirá la marcha de mayor impacto de la semana, con gremios de la CGT, aquellos que responden a Pablo Moyano y Sergio Palazzo, las dos CTA, movimientos de derechos humanos y agrupaciones sociales. ¿El motivo? Todos coinciden en que deben salir a la calle para colocarles presión a los diputados para que ratifiquen el voto a favor del proyecto de ley de movilidad jubilatoria, iniciativa que el jefe de Estado frenó con su veto a principios de semana.
La movilización se gestó tras un extenso encuentro entre los principales dirigentes de las CTA, Hugo Godoy y Hugo Yasky, la semana pasada. Los cuadros sindicales empezaron a activar llamados y tuvieron respuesta positiva, comenzando por la CGT, la UTEP, Territorios en Lucha y la mesa de organismos de derechos humanos.
Todos se sumaron de inmediato salvo los denominados “gordos” de la CGT, el ala más dialoguista de la central, que aguarda un gesto del oficialismo en relación con la reglamentación de la reforma laboral. Si bien desde la mesa chica de la organización no quieren adelantar un número de asistentes, prometen generar “un gran impacto” este miércoles y remarcan dos cuestiones. Una, que la manifestación será importante para colocarle un freno al veto del Presidente. Y, por otro lado, que es necesario comenzar a unificar una agenda entre todos los sectores afectados por el ajuste de la administración libertaria.
Pese a este escenario, en Balcarce 50, más allá de la preocupación por las protestas, reconocen que no hay ningún esquema de contención ni interlocutores capaces de atender o al menos de amortiguar todos los pedidos. “La imagen del Presidente sigue alta, no hay costo político tras el veto al proyecto”, precisan.
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