Guillermo Montezanti será secretario de Planeamiento y Julián Obaid, exasesor de Facundo Moyano, titular de la Junta de Seguridad en el Transporte, que deberá decidir, por ejemplo, si los micros de larga distancia de doble piso pueden seguir circulando. Ambos trabajan en la misma consultora de Guillermo López del Punta, a quien los Camioneros querían ubicar en esa cartera
Julián Andrés Obaid, exasesor parlamentario del diputado Facundo Moyano, es el hombre fuerte que, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, decidirá después de pericias y estudios técnicos si lo micros de larga distancia de dos pisos podrán seguir circulando por las rutas.
El abogado Obaid fue designado el 1° de febrero pasado, por decreto presidencial, como presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte.
La designación fue a través de una propuesta de la familia Moyano, que tiene a Hugo y a Pablo como los hombres fuertes de la Federación de Camioneros.
Sin embargo, Infobae estableció, de fuentes directas, que la relación de Obaid, exdirector de Planificación en la Agencia Provincial de Transporte durante la gobernación de Daniel Scioli, es con Facundo Moyano, no con su hermano ni con el padre de ambos.
Por eso, en el entorno del clan Moyano recalcan que Obaid llegó al ministerio liderado por Mario Meoni primero por su capacidad de trabajo y conocimiento, y después por recomendación del diputado cercano a Sergio Massa, la tercera pata política del Frente de Todos, que lideran la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández.
El año pasado, y con la autoría del diputado Facundo Moyano, se sancionó la ley 27.514 a través de la cual se estableció la creación de una Junta de Seguridad en el Transporte.
El organismo -que aún no tiene estructura- está encargado de las investigación de los siniestros no sólo viales sino también ferroviarios, marítimo fluvial y lacustre y aeronáuticos.
La ley, -votada en el Congreso de forma unánime y promulgada por el expresidente Mauricio Macri, el 29 de agosto de 2019- fue redactada en buena medida por Obaid.
La norma que creó la Junta de Seguridad en el Transporte contó con el respaldo del sindicalismo ya que hace a la seguridad de los trabajadores; no ocurrió lo mismo con las cámaras que agrupan a los empresarios del sector.
Según pudo saber Infobae, aún deben ser designados por decreto los cuatro directores nacionales de cada área que aún no fueron definidos, pero los nombres que se barajan, y que ya estarían en manos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuentan con el aval de los sindicatos de cada área.
El miércoles pasado, el ministro Meoni se reunió con representantes del sector del transporte para evaluar las medidas de seguridad a adoptar con relación a los micros de doble piso, debate que aún sigue abierto y sin definiciones por parte de esa cartera. Obaid fue uno de los funcionarios que acompañó a Meoni en el encuentro.
En América Latina no hay otro país donde se haya conformado una Junta de Seguridad en el Transporte que abarque las cuatro áreas involucradas.
En el sector de la Aviación, la JIAAC (Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil) ya viene funcionando en nuestro país, pero se agregan ahora las juntas de investigación de siniestros en las otras áreas, automotor, ferrocarril y marítimo, fluvial y lacustre.
El contexto en que deberá accionar la flamante junta será, como se dijo, sobre la seguridad de los micros de doble piso, pero también en el caso del ferrocarril está previsto analizar la tragedia de Once a fin de emitir nuevas recomendaciones o verificar la efectividad de las eventuales medidas que las empresas del sector y el Estado hayan implementado a raíz de dicho accidente.
En el caso del sector marítimo, si bien la ley de la Junta de Seguridad en el Transporte excluye a las unidades militares, ésta también menciona que el organismo descentralizado puede intervenir en “cualquier otro suceso relacionado con el transporte de personas o cosas, cuando la Junta de Seguridad en el Transporte considere pertinente o a requerimiento de asistencia técnica debido a su magnitud, gravedad institucional, trascendencia pública, o por involucrar problemas de carácter recurrente o cuando la determinación de sus causas probables pueda contribuir a evitar eventuales peligros”, como podría haber sido el hundimiento del submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes. En el sector pesquero, los familiares de las víctimas de los hundimientos de los buques pesqueros Rigel y Repunte tienen reclamos con respecto a la investigación que la Justicia y su auxiliar -Prefectura- hizo al respecto; en este sentido está prevista la intervención de la Junta.
En el mismo ministerio otro profesional ligado los Moyano acaba de ser designado en la cartera de Transporte: se trata de Guillermo Montezanti, quien fue nombrado como secretario de Planeamiento. Este abogado, al igual que Julián Andrés Obaid, fue funcionario de Scioli, en este caso como director de Transporte.
Con estas designaciones, Hugo Moyano tuvo motivos para celebrar. Los decretos fueron firmados meses después de que el líder camionero le pidiera al presidente Fernández que nombrara a gente que tuviese experiencia en el área de Transporte, en una clara alusión al ministro Meoni.
De todas maneras, Moyano había hecho un fuerte lobby ante Alberto Fernández para que en Transporte fuese nombrado Guillermo López del Punta, su hombre de confianza, como ministro o secretario de esa cartera, pero pasaron casi dos meses hasta que el Gobierno decidió nombrar a funcionarios sugeridos por el moyanismo. En este caso, tanto Obaid como Montezanti provienen de la consultora Transvectio, especializada en transporte y logística, que dirige López del Punta.
De manera tardía, y después de haber amagado varias veces con endurecerse ante el Gobierno, Moyano logró parte de lo que quería. Ahora le resta algo más complejo: que el Presidente lo ayude a resolver el conflicto de Oca, la empresa de correo en la que el moyanismo tiene mucha influencia (mantiene allí unos 5.000 afiliados) y que fue declarada en quiebra por la Justicia. Luego de haber sido coadministrada entre el Estado y el Sindicato Camionero, el juez que tramita la quiebra está a punto de ordenar la venta de la empresa, con una deuda de 17.000 millones de pesos que mantiene con la AFIP.
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