Sin el respaldo de la conducción de la CGT y con adhesión dispar del resto de los sindicatos, Hugo Moyano y sus aliados de la CTA, la izquierda y los movimientos sociales activarán mañana un paro de actividades con movilización a la Plaza de Mayo, en rechazo del rumbo económico de la gestión de Mauricio Macri .

La protesta, que carga con un fuerte sesgo opositor, fue convocada para exigir cambios al Gobierno, pero también para presionar a la cúpula cegetista a definir la fecha de una huelga general.

Moyano y sus aliados apuestan a paralizar parcialmente el transporte de pasajeros a pesar de que los gremios ferroviarios y el de los colectiveros advirtieron que no pararán. En la ciudad de Buenos Aires podría tener una repercusión mayor por la adhesión de los metrodelegados del subte. No habrá vuelos de cabotaje ni internacionales, estará afectada la actividad portuaria y no abrirán sus puertas los bancos.

No habrá recolección de residuos ni transporte de cargas ni combustibles. Tampoco se dictarán clases con normalidad, ya que la Ctera, la confederación docente más numerosa del país, impulsa el reclamo.

Además, la izquierda y grupos piqueteros activarán cortes en los accesos a las grandes ciudades. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que "no se van a permitir cortes de autopistas".

Carlos Acuña y Héctor Daer, los dos jefes de la CGT, tomaron distancia del moyanismo y dijeron que no es momento para activar un paro. Esgrimen varias razones. Una de ellas es que descartan que después de la huelga Macri modifique su plan económico. Frenan también el ímpetu sindical los descuentos salariales por la jornada de paro.

Pero hay otros argumentos más tangibles. El Gobierno habilitó el reparto de $13.000 millones para las obras sociales sindicales y está dispuesto a negociar los integrantes de la Agencia de Tecnología Médica, un ente que les servirá a los gremios para reducir los amparos judiciales que disponen la cobertura de servicios médicos no contemplados por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principales gremios del transporte también se abrieron de la protesta moyanista. Los ferroviarios y los colectiveros de la UTA no adhirieron ante la indefinición de la CGT, la central que los agrupa. Los transportistas tendrán su propio reclamo sectorial el 1º de mayo. Decidieron no prestar servicios los feriados por las cargas del impuesto a las ganancias. Moyano, que intentó persuadir a los transportistas para que adelanten su protesta, logró al menos la adhesión de sectores disidentes de la UTA y no sería extraño que los trenes se vean afectados por el gremio de los señaleros.

Moyano y los gremios disidentes de la CGT acordaron una serie de reclamos para justificar la medida de fuerza. Rechazan cualquier intento de reforma laboral, exigen paritarias libres y un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil, que es hoy de $12.500.

También empujan un cambio de la política económica, con estos ejes: protección de la industria nacional, pymes y economías regionales; regulación de las importaciones y recuperación del mercado interno; decretar la emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria, y rechazo al acuerdo con el FMI.

Desde el Gobierno identifican fines electorales en la protesta y relativizan su impacto, al considerar que "la mayoría" de los gremios de la CGT no serán parte. De hecho, en paralelo al paro de Moyano, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, prevé un encuentro con la cúpula cegetista para destrabar el proyecto de blanqueo laboral, frenado en el Senado. El funcionario buscará zanjar las diferencias en lo relativo a las negociaciones salariales, ya que los gremios exigen acuerdos por trimestre ante la incertidumbre inflacionaria y cambiaria.