Hugo Moyano encenderá mañana la maquinaria de Camioneros para mostrar fortaleza ante el Gobierno. Con la excusa de analizar medidas de protesta por la falta de acuerdo sobre el pago de un bono que todos los años negocia con la principal cámara empresaria, reunirá la cúpula nacional del sindicato como señal de advertencia. El inminente conflicto será la respuesta a una serie de investigaciones judiciales y gubernamentales que salpican al exlíder de la CGT y a su entorno familiar y que volvieron a cobrar fuerza en las últimas semanas. 

El eje formal de la discordia es el bono que Camioneros discute cada año con la cámara Fadeeac. Por primera vez en la historia reciente no hubo acuerdo entre las partes tras meses de debate y Moyano llamó al Consejo Directivo de la federación nacional (Fedcam) para mañana. Participará el hijo mayor del dirigente y su número dos en el sindicato de Buenos Aires, Pablo Moyano, quien suele sostener las posiciones más beligerantes en las negociaciones. 

Ayer Pablo Moyano dio indicios del comienzo de un conflicto. Difundió por las redes sociales del gremio un mensaje para "repudiar enérgicamente" una propuesta de Fadeeac de reducir de 1% a 0,5% el plus salarial por antigüedad contemplado en el convenio colectivo 40/89, que rige en la actividad del transporte de cargas. "La dignidad y la antigüedad no se negocian", contestó. 

En la cámara empresaria confirmaron que el planteo fue hecho como condición para convalidar el bono. De lo contrario confirmaron que la respuesta decidida hasta ahora será una negativa a cualquier pago extra. 

En 2017 Camioneros pactó con Fadeeac un aumento de sueldos nominal de 23% en tres cuotas, que terminó más cerca del 25% por la condición de acumulativo de cada tramo respecto del anterior. Esa característica fue omitida por las partes cuando dieron a conocer el acuerdo a mitad de año. Sobre esa base inició a fin de año la negociación del bono, que cada año Moyano intenta actualizar en función de la paritaria anterior. Así, el pago extraordinario debería ser de al menos $ 8.900 (con la aplicación de un 23% al previo, de $ 7.260) pero en el gremio aclararon que como consecuencia de la demora y la pérdida de poder adquisitivo por la inflación la exigencia se acercará más a 10 mil pesos. 

En una relación siempre pendular con el Ejecutivo, que en buena medida depende de la continuidad de la empresa postal OCA, Moyano mostró los dientes la semana pasada en una cumbre de gremios opositores junto a Luis Barrionuevo y Sergio Palazzo.