Hugo Moyano y algunos de sus hijos mastican bronca. El clan camionero se quedó con sabor a casi nada, al comprobar que sus sugerencias no fueron contempladas por Alberto Fernández en el armado de las nuevas estructuras de poder.

El rechazo del Presidente a ubicar delegados moyanistas en los ministerios de Transporte y de Trabajo o en el organismo que administra los fondos de las obras sociales es hoy un motivo de tensión, que se agudizó al conocer que los cargos quedaron finalmente en manos de dirigentes vinculados a los gremios opositores al jefe camionero. Es decir, Fernández privilegió a la cúpula de la CGT, sobre todo al sector de " los Gordos".

La cosecha de Moyano no fue prácticamente nula solo porque Fernández escenificó gestos importantes para contenerlo. Lo visitó en su departamento de Barracas después de las primarias de agosto, que lo dejaron a las puertas de la Casa Rosada; participó de un asado en la Federación de Camioneros, ya como presidente electo, y en cada acto sindical que encabezó resaltó la figura del jefe camionero con nombre propio. Caricias al ego para que Moyano fantasee con que su influencia sigue intacta.

Sin embargo, el jueves pasado, Moyano fue uno más entre los 19 sindicalistas que visitaron la Casa Rosada para avanzar con Santiago Cafiero, Matías Kulfas, Gustavo Beliz y Claudio Moroni sobre la intervención estatal en las paritarias del sector privado. La interlocución ya dejó de ser exclusiva.

La última vez que Fernández y Moyano se vieron cara a cara fue el martes pasado, en el escenario del Smata, un día después de la toma del gremio de los colectiveros de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) por un sector opositor que supo tener el respaldo del moyanismo puro. Cuando se saludaron, contaron dos testigos, cruzaron las habituales chicanas futboleras. Pero ya hasta el fútbol le está generando problemas impensados a Moyano. Una ironía: en Independiente, el club que preside el gremialista junto con su hijo Pablo, se les adeuda dinero a los jugadores, quienes hasta amenazaron con no entrenarse por falta de pago. El receso deportivo estival evitó que la medida escalara.

Moyano apostó fuerte para ubicar a un abogado muy cercano como secretario de Transporte. Se trataba de Guillermo López del Punta, quien estuvo en el área durante la gestión de Eduardo Duhalde. A pesar del lobby sindical, y no solo del ejercido por el camionero, López del Punta quedó relegado.

El ministerio quedó para el exintendente de Junín Mario Meoni y uno de los lugares exigidos por Moyano fue para Abel Nicolás de Manuele, exasesor legal del gremio estatal de UPCN y abogado de la UTA. De Manuele tuvo este año un paso fugaz por el consejo asesor laboral que creó Dante Sica. Su presencia en ese comité de expertos fue leída como un espaldarazo del exministro macrista Guillermo Dietrich a Roberto Fernández, el jefe de los colectiveros que debió el lunes pasado atrincherarse armado en la terraza de su gremio, ante la arremetida de sus opositores.

Miguel Bustinduy lidera la rebelión en la UTA, un gremio que negocia mensualmente con empresas y el Estado subsidios por más de $2600 millones. Bustinduy se abrió de Fernández en 2018 avalado por el Grupo DOTA, un sector empresario que se había entusiasmado con el surgimiento de una oposición a Fernández. Lo desafió con una lista opositora que no logró validez, a pesar de los intentos de impugnación de los comicios en la Justicia. Distingue en esa maniobra una jugada de De Manuele.

Durante la pulseada electoral, Bustinduy recibió el apoyo de Pablo Moyano. El lunes, cuando la trifulca en la sede del gremio de los colectiveros no había cesado, Facundo Moyano, otro de los hijos del jefe camionero, le apuntó a Fernández a través de su cuenta de Twitter: "Si no discutimos en serio la democracia sindical, vamos a seguir presenciando a dirigentes que sin legitimidad se esconden en estatutos con cláusulas imposibles de cumplir y la complicidad del Gobierno para conservar su lugar".

El mensaje de Facundo Moyano fue acompañado con una foto encuadrada del jefe de la UTA abrazado a Macri. La avanzada de los Moyano viene, sin embargo, desde mucho antes: en 2014 Facundo presentó un proyecto de ley para democratizar la vida interna de los sindicatos. La iniciativa, que cayó muy mal en el corazón de la CGT, fue respaldada con un video cargado de testimonios, en el que dirigentes opositores de diferentes gremios advertían sobre las dificultades para competir en sus organizaciones. Manifestaron allí su descontento por los estatutos restrictivos, por ejemplo, los delegados de la línea 60, un sector vinculado a la izquierda que mira por ahora de lejos la feroz disputa entre Fernández y Bustinduy.

Los Moyano recibieron otros golpes más allá de no ubicar a López del Punta en Transporte. En el ministerio de Trabajo, como virtual número dos de Claudio Moroni, quedó Alberto Tomassone, el abogado del Sindicato de Empleados de Comercio, que lidera Armado Cavalieri desde 1986. Otro premio para "los Gordos". En la Dirección de Asociaciones Sindicales se nombró a Mónica Risotto, asesora legal del sindicato de taxistas, que encabeza Omar Viviani, quien dejó hace años de tributar para el moyanismo.

La Superintendencia de Servicios de la Salud, que durante el primer kirchnerismo fue colonizada por hombres ligados al camionero, quedó ahora en manos del médico David Aruachan, que viene de presidir la obra social y prepaga de UPCN, el gremio estatal que encabeza Andrés Rodríguez, otro crítico de Moyano.

Como premio consuelo, los Moyano se imaginaron a partir del 10 de diciembre como gestores del ministerio de Turismo y Deportes (había circulado el nombre de Facundo como candidato) o del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en el que se había barajado a Hugo Moyano (h.) como una posibilidad. Nada de eso ocurrió. El primer cargo fue para Matías Lammens y para el otro Axel Kicillof eligió a Mara Ruiz Malec, alguien de su riñón y surgida de la Fundación Germán Abdala.

Mientras que la CGT no bajó una postura común sobre el pedido de un bono salarial de fin de año, Moyano hizo de ese reclamo una cruzada para desmarcarse del resto y agitar con un cierre de 2019 con complicaciones en su rubro. En combo, presiona por un bono de $20.000 y una paritaria de 33% por el semestre diciembre-junio.

Sin embargo, una fractura en la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) empujó a Moyano a negociar el bono de manera particular, compañía por compañía salvo algún rubro que se resolvió de manera colectiva. La incertidumbre obstaculiza también el curso de la negociación salarial, también atada al aumento por decreto que resuelva el Gobierno.

Con la federación empresaria atomizada, todavía hay muchos camioneros que no recibieron el beneficio del bono de fin de año. Mario Eliceche, titular de la Fadeeac, desafía con un juego de palabras atado al vértigo de la coyuntura: "No estamos en condiciones de pagar ningún bono, estamos en emergencia sectorial, como el país".