A partir de un proyecto de una legisladora libertaria, el gobierno nacional adelantó a distintos medios que buscará profundizar la reforma laboral, con una serie de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. La base de la nueva ofensiva contra las normas laborales es el proyecto elaborado por la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez, que en 2024 llegó al Congreso con el respaldo de 14 legisladores del oficialismo. Si bien nunca avanzó más allá de la presentación y algunos encuentros informales, la idea de la Casa Rosada es que estos cambios sean la “punta de lanza” de las nuevas regulaciones del mercado del trabajo, que tuvo en el primer año de la gestión de Javier Milei varios contratiempos, y cerró con una importante pérdida de puestos.

Para supuestamente recuperar esto, se avanzará en estas transformaciones, que se esperan consensuar entre los sindicatos y los empresarios, para luego pasar a la discusión parlamentaria. Pero los supuestos contactos fueron desmentidos por la dirigencia gremial, que adelantó que mantendrá la misma actitud que el año pasado: Rechazar cualquier cambio que limite o cercene derechos adquiridos. En tanto, un informe analizó la propuesta libertaria, y determinó que “Es una reforma a pedido de los empleadores”.

La propuesta de Diez que buscará impulsar el gobierno busca completar los cambios que introdujo el DNU 70 y la Ley Bases, que en el primero delos casos estuvo imitado por varios fallos judiciales, que declararon algunos cambios inconstitucionales. La idea, dejaron saber desde el oficialismo, es flexibilizar aún más las licencias o vacaciones de los trabajadores, reducir los aportes patronales y permitir el pago hasta en 12 cuotas de las sentencias judiciales contra las empresas.

En cuanto a la Ley de Contrato de Trabajo se plantea una “actualización” de capítulos que se consideran como obsoletos para el nuevo mercado laboral. Estos aspectos se sumarían a los ya aprobados como el del Fondo de Cese Laboral. Según las versiones, en las próximas semanas el oficialismo prevé avanzar en discusiones con organizaciones empresariales y sindicales para ir conformando el consenso necesario para su aprobación durante el primer semestre del año.

#Escenario

El gobierno impulsa cambios en la Ley de Contratos de Trabajo: busca acordar con gremios y empresarioshttps://t.co/lgmIpJinbX

— Data Gremial (@DataGremialCom) January 14, 2025

Pero desde la CGT salieron a rechazar la reforma planteada, y negaron cualquier contacto con la gestión libertaria. “Hay día de hoy no hay nada, ni invitación a charlar ni encuentros informales, ni nada. Ningún funcionario consultó a la CGT”, dijo de forma tajante un dirigente que frecuenta los pasillos de Azopardo.

Ante la consulta de Data Gremial, el mismo dirigente admitió que entre los gremios hay coincidencia que este año el gobierno “va a tratar de meter más cambios en las leyes laborales, porque vienen por la destrucción de los gremios y el peronismo”, y no descartan que sea parte de su agenda electoral.

Para la dirigencia de la CGT, entonces, lo que hay que hacer es “tejer una fuerte alianza con los gobernadores para ponerle un límite a los proyectos del oficialismo”. La conducción de la central obrera tuvo diálogo con varios funcionarios, como el asesor Santiago Caputo, y hasta ahora su interlocutor es Julio Cordero, secretario de Trabajo. Ahora, el nombramiento de Claudia Testa como subsecretaria de Trabajo agrega un jugador a la mesa de discusión, ya que la misión de esta abogada laboralista es ser justamente el nexo con las organizaciones sindicales. 

Análisis de la reforma

Por su parte, la CTA Autónoma difundió en los últimos días un reporte donde desgrana los cambios que propone Diez, en la llamada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, y la vinculó a las necesidades de empresas y otros empleadores.

“El capítulo de modificaciones a la ley de contrato de trabajo contenido en la ley bases habría sido tan solo el primer paso en un proceso de avances sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, marcó el trabajo del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la central obrera, a cargo del informe, al que tuvo acceso Data Gremial.

Sobre la irrenunciabilidad, que hace que los trabajadores no puedan renunciar a derechos adquiridos, los cambios en la ley permiten que sí lo hagan. “Si un trabajador percibe un salario por encima del mínimo legal o convencional, siempre estará expuesto a tener que aceptar un pedido de reducción salarial por parte del empleador, bajo la amenaza de que en caso de no convalidarlo su propio puesto de trabajo puede quedar en riesgo”, explicó la entidad.

Este mecanismo no solo aplica en el caso de posibles reducciones salariales, dijo el IEF, sino en “todos los mayores derechos que puedan surgir del contrato individual, como por ejemplo mayores licencias, la entrega de beneficios no salariales (prepaga, gimnasio, internet, etc.), o cualquier mejora por sobre los mínimos legales o convencionales”.

🛠️El Instituto de Estudios y Formación de la CTA analiza en este informe el proyecto legislativo “Ley de promoción de inversiones y empleo”, presentado por 15 diputados del bloque oficialista. https://t.co/y9kAXDFpPz

— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) January 13, 2025

Otro punto importante en la reforma es la posibilidad de pagar el salario en “en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias”, dejando la puerta abierta a los viejos tickets canasta y bonos similares, que proliferaron en los 90 y fueron prohibidos en 2007.

“La ley no los consideraba parte de la remuneración y que por lo tanto no estaban sujetos a aportes al sistema de la seguridad social ni eran tenidos en cuenta para la determinación del cálculo de numerosos institutos laborales, como el salario anual complementario, indemnizaciones y otros”, recordaron. Uno de los mecanismos más novedosos del proyecto es la creación de una instancia de revisión en el ámbito del Ministerio de Capital Humano sobre los certificados médicos que presentan los trabajadores que padecen enfermedades o accidentes no vinculadas con el ámbito del trabajo”, resaltó el IEF.

Para ello, “se faculta a dicho ministerio a conformar una lista de peritos oficiales ante los cuales los empleadores podrán plantear la existencia de dudas sobre la veracidad del certificado presentado o la exactitud de su contenido”.

Otros puntos de conflicto

En el proyecto oficial del gobierno, se habilita a que los empleados se tomen las vacaciones de manera fraccionada, con un mínimo de siete días; se establece que los créditos laborales devengarán un interés equivalente al IPC más un 3 por ciento; se determina que en caso de condenas judiciales las micro, pequeñas y medianas empresas podrán acogerse al pago hasta en un máximo de 12 cuotas mensuales consecutivas y se propone establecer un plazo de 30 días para que los empleados impugnen las sanciones impuestas por la patronal (luego de lo que se considerarán consentidas).

También se plantea un incentivo para que las empresas absorban trabajadores estatales mediante una serie de beneficios especiales (con lo que ratifica la línea de reducción de empleados de la administración nacional, así como también de provincias y municipios, que pueden adherir a la iniciativa), especialmente por medio de una serie de bonos de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales.

Respecto a las sentencias que deben pagar las pymes, el IEF subrayó que “este beneficio no se extiende a otras sentencias que deban afrontar estas empresas, que deberán ser abonadas según los plazos establecidos en las normas procesales correspondientes”.

De esta manera, “se trata de un beneficio que las alcanza no en su carácter de pymes, sino por el hecho de ser empleadoras”. “El principio general del derecho del trabajo, inspirado en que los trabajadores se encuentran en una situación de desigualdad estructural frente a los empleadores, se invierte aquí: quienes reciben un mejor tratamiento que en la legislación general, por el solo hecho de su posición en la relación de trabajo, son los empleadores”, concluyó al respecto el informe.