Los docentes bonaerenses se preparan para realizar, mañana y el miércoles, jornadas de discusión en todas las escuelas de la provincia sobre la negociación paritaria. Con la medida apuntan a reunir fuerzas para un conflicto que se perfila duro, luego de que la gobernación de María Eugenia Vidal les ofreciera un aumento del 18 por ciento, pagadero en cuatro cuotas. Los gremios plantean que para recuperar lo perdido por la inflación durante 2016 y no quedar a en 2017 la suba debe ser del 35. Esperan además ser convocados esta semana por la provincia para continuar la discusión salarial, ya que faltan tres semanas para el inicio de las clases.

Las jornadas fueron lanzadas como parte de una campaña -”Unamos las escuelas”- acordada por los seis sindicatos sindicatos docentes de la provincia: Suteba, FEB, UDA, Amet, Sadop y Udocba, con el lema “Ningún docente por debajo de la línea de pobreza”. Es decir que incluirá tanto a las escuelas estatales como a las privadas, que provincia reúnen en conjunto a unos 300 mil trabajadores de la educación.

  Por el número de alumnos, más de tres millones y medio, Buenos Aires es el distrito clave de la paritaria docente, una negociación que por ser de las primeras del año marca el escenario de las discusiones salariales del resto de las actividades. En esta edición, además, toda la negociación del gobierno con los maestros está tensada por la intención del macrismo de no realizar la paritaria nacional del sector, en la que se establece el sueldo inicial para los maestros de todo el país. 

  Como se sabe, el gobierno nacional ya anunció que intentará fijar un techo del 17 por ciento a las paritarias de todo el sector público. En sintonía con este criterio, la gobernadora Vidal hizo a los docentes de la provincia su oferta de 18 puntos. 

 “La propuesta fue pagarlos en cuatro tramos, tomando como como base no el sueldo inicial del docente, que es de 9.800 pesos, sino restándole los 1.200 pesos del incentivo docente, que son pagados con fondos del estado nacional. Es decir que ofrecieron un 18 sobre un salario inicial 8.600 pesos, en cuatro tramos y con una cláusula gatillo trimestral de acuerdo a cómo evolucione la inflación. Lo que nosotros estamos reclamando es  discutir lo que no quisieron el año pasado, la recuperación de la pérdida salarial, que en nuestro caso estuvo entre un 8 y un 10 por ciento, más una pauta del 25 por ciento para este año, lo que pone nuestro pedido en un 35 por ciento”, explicó María Laura Torre, secretaria gremial del Suteba.

  Otro aspecto del conflicto es el de las condiciones de trabajo y otras cuestiones no salariales, cuya discusión fue congelada desde agosto del año pasado. Las comisiones técnicas en las que docentes y funcionarios tratan temas como salud laboral,  ausentismo, infraestructura escolar, formación docentes o comedores escolares no se reúnen, denuncian los gremios, desde hace seis meses. 

  Las asambleas del martes y miércoles también van a tratar la negativa del gobierno a convocar a la paritaria nacional. Los sindicatos docentes con representación nacional ya armaron un frente para oponerse al intento de eliminación de esta paritaria. La semana pasada, con el acompañamiento de la CGT y la CTA, advirtieron que si la Casa Rosada no abre las negociaciones, peligrará el comienzo de las clases. 

  “Este gobierno que se niega de manera autoritaria a convocarnos a discutir el salario. Pedimos al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que cumpla la ley. No van a poder con nosotros cuatro gerentes de empresas que no saben lo que es la lucha y la organización”, dijo desde el Sadop su titular, Mario Almirón. 

 El argumento PRO para no fijar el piso salarial es que en la negociación de 2016 el salario inicial de los docentes fue atado a los aumentos del salario mínimo vital y móvil, con una claúsula  que dispuso que esté siempre un 20 por ciento por encima. Si el rechazo de las organizaciones sindicales estaba cantado, el gobierno nacional fue sorprendido por la apertura de un segundo foco de conflicto, el de los gobernadores. 

  En este sentido, el mandatario de Santa Fe, Miguel Lifschitz, insistió ayer en pedir que “el Gobierno no se corra de la discusión” y haya “un acuerdo explícito respecto a los aportes de Nación a las provincias” para el sistema educativo de cada distrito. Al mismo tiempo, el gobernador socialista abrió el paraguas y dijo que ve “lógico” un aumento “del 18 o 20 por ciento”. “El año pasado la inflación santafesina fue de un 32,9 por ciento, y el aumento a los docentes fue más o menos en esos términos, con lo cual sentimos que no hay que hacer un ejercicio de recuperación”, adelantó.

 En la provincia de Santa Cruz, el conflicto viene de arrastre: la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) realiza hoy un paro de 24 horas por atrasos en los pagos y el reclamo de que se llame a paritarias; la gobernación anunció que los docentes cobrarán este martes.