La decisión de Bacci ordena al gobierno provincial mantener vigentes las leyes y convenios colectivos que excluyen del mínimo no imponible un 40% del sueldo de los empleados estatales. En su fallo, la magistrada enfatizó que en el caso de Neuquén se debe aplicar "especialmente" la ley 3378 "hasta tanto recaiga sentencia definitiva" sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el gremio. Esta ley especifica que las remuneraciones de los estatales neuquinos están compuestas por un 60% de sueldo y un 40% de dedicación funcional, que incluye gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones, y no deben estar sujetos al Impuesto a las Ganancias.

La jueza Bacci afirmó que estas leyes son "el resultado del ejercicio de las prerrogativas del Estado Provincial con apego a la clave federalista en la que está escrita nuestra Constitución Nacional". Subrayó además que "el gobierno local, puntualmente el Poder Legislativo, es quien tiene el conocimiento directo de la situación económica en la región", y por ende, debe tener la potestad de sancionar normas que permitan cumplir con lo establecido por la Constitución Provincial.

La medida cautelar también se justificó por el peligro de demora que implicaría "la inminencia de la liquidación de los haberes de los empleados estatales" de julio. La jueza agregó que este peligro debe ser considerado junto con "el perjuicio al que se verían expuestos los trabajadores nucleados por la amparista en este escenario de profunda crisis económica y de recesión que azota a la economía, lo que se traduciría en una imposibilidad de ulterior reparación".

Esta resolución de Bacci está en línea con el pedido de ATE y el dictamen del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, quien apoyó la postura del sindicato en consonancia con el gobernador Rolando Figueroa. Además, la jueza incluyó en su resolución la citación del Estado nacional en la causa, debido a los posibles compromisos de sus intereses.

La medida representa un paso significativo para los trabajadores estatales de Neuquén, que ven en esta decisión un respaldo a sus derechos y una protección frente a las políticas fiscales que afectan sus ingresos.