Julián Alvez

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido de medida cautelar ante la Justicia para retrotraer los despidos y cesantías de contratos en la Administración Pública Nacional que fueron hechos desde el 31 de diciembre del año pasado por decisión de la gestión de Javier Milei. Se trata de una presentación hecha ante el fuero contencioso administrativo y que abarca a miles de trabajadores desplazados en los últimos meses.

Con el patrocinio legal de los abogados del sindicato, el secretario general de la ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, solicitó que mediante la cautelar se mantengan el pago de las remuneraciones de todo el personal "contratado" -y posteriormente desvinculado- del Estado Nacional "por resultar la decisión de la actual gestión del gobierno nacional consistente en la no continuidad de 20.000 contratos".

La presentación se hizo el 4 de abril, pero se dio a conocer en las últimas horas a través del documento al que tuvo acceso El Cronista.

Según afirman, se trató de "una vía de hecho administrativa de manifiesta arbitrariedad, ilegalidad y discriminación", debido a que no se invocaron causales específicas que justificaran las cesantías.

La demanda hacia el Estado pide que se mantenga la prestación de quienes fueron desplazados desde el 31 de diciembre hasta el 31 de marzo, el correspondiente pago de las remuneraciones pertinentes. Además, solicitaron que "se notifique a las partes con habilitación de días y horas inhábiles" y que para evitar el incumplimiento de la cautelar se impongan "sanciones conminatorias de carácter pecuniario para cada día de mora, de una magnitud tal que desaliente cualquier resistencia de la demandada".

La ATE se presentó como la entidad con la representación colectiva de los trabajadores afectados por los despidos de la administración pública nacional y la que, según jurisprudencia, tiene la legitimación activa para hacer este tipo de presentaciones.

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"El Estado Nacional despide a 20.000 trabajadores y trabajadoras que integran el universo genérico y amplio de representación de ATE. No se trata de una cuestión pluriindividual, en tanto se trata de una medida genérica, carente de legalidad y razonabilidad, discriminatoria y disciplinadora"; alegaron en el documento.

La presentación se funda, por ejemplo, para casos de trabajadores "con más de 20 años de antigüedad, de algunos casos altamente calificados, imprescindibles para cumplir con las funciones inherentes del Estado". La mayoría de los despidos estatales se deben a la no renovación de contratos regidos por el art. 9 de la Ley 25164 (los denominados "Artículo 9"); aunque también se contabiliza personal ingresado por la vigente ley de "cupo trans".

A su vez también se encuentran comprendidos los trabajadores que se encuentran en el período de prueba de los procesos de selección de personal para el ingreso a planta permanente, trabajadores despedidos sin causa que pertenecen a la planta permanente y no se les ha iniciado sumario para proceder a la desvinculación, y delegados sindicales amparados con la tutela prevista en los arts. 40, 48 y 52 de la L.A.S.

El foco principal está en los "Artículo 9", quienes son la mayoría de los desplazados estatales. Según fundamenta la ATE en la medida cautelar "los trabajadores han sido contratados mediante contratos temporarios, pero que en realidad no cumplen tareas estacionales ni temporarias", terminan siendo parte integrante de la planta permanente, "ya que realizan funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de contratación".

Si la Justicia convalida que el proceso de desvinculación no tiene que ser el vencimiento de estos contratos, sino que debe haber una indemnización de por medio. La entidad gremial alega que los cesanteados no fueron despedidos por un análisis exhaustivo, algo que desde el Gobierno desmiente al marcar que hubo un responsable de cada área del Ejecutivo encargado de decidir la continuidad o no del personal específico.

"Es evidente también que este "hecho político" actúa como elemento disciplinador del resto de los trabajadores, sembrando el terror a perder el empleo, a perder el sustento", marcaron finalmente.

Días atrás, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) recibió un revés de la Justicia Laboral Nacional, que rechazó el amparo que se la había presentado debido a que se declaró incompetente en esa cuestión, remitiendo la causa a la Justicia federal, donde correspondía originalmente por definición.

La acción de amparo colectiva fue presentada por UPCN a principios de este mes alegando la vulneración de derechos constitucionalmente adquiridos en el art 14 bis y solicitando la inmediata suspensión y resarcimiento de lo actuado. La presentación fundamentaba que un empleado estatal tiene "derecho laboral adquirido y merece seguir en su puesto de trabajo".

En tanto, desde el Gobierno alegan que hubo un error conceptual del recurso por haber sido presentado en un tribunal de derecho privado en vez del correspondiente por tratarse de empleados de la Administración Pública Nacional. El juzgado clave es el mismo que el que tratará la presentación de la ATE, el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Este ámbito adquirió un protagonismo notorio en el tratamiento de diversos recursos contra el DNU 70/23 de desregulación económica. Por un lado, los jueces de este fuero rechazaron el pedido desde la Procuración del Tesoro para que vayan hacía allí las causas vinculadas con ese Decreto que se estaban tramitando en los juzgados laborales; en particular las referidas a la reforma laboral. Posterior a eso, la cámara laboral aceptó una de las medidas cautelares y suspendió ese apartado.

Casi en paralelo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Enrique Lavié Pico, rechazó dos acciones de amparo contra el Mega DNU del Poder Ejecutivo Nacional -en el marco de las causas "Observatorio" y "Rizzo"-, dado que "no había un perjuicio concreto en los demandantes" y que, al mismo tiempo, que el DNU está cumpliendo el procedimiento constitucional de revisión en el Congreso de la Nación.

Los abogados del Estado a cargo del procurador Rodolfo Barra todavía no pueden incidir en la defensa de la presentación que hizo la ATE debido a que el fuero contencioso no les dio la competencia para hacerlo.