Así lo indicó la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, Ana Castellani, quien, en diálogo con Télam, detalló que el Poder Ejecutivo se encuentra «organizando punto por punto la vuelta a la presencialidad en cada organismo» del sector público nacional.

Las gestiones para el retorno de los trabajadores fueron puestas en marcha a partir de la publicación del Decreto 494/2021, el viernes último, en el Boletín Oficial, que estableció la modalidad de «presencialidad programada» de la administración pública nacional desde las 0 del 7 de agosto, a la vez que instruyó a la Secretaría de Gestión y Empleo Público para que dictara las «normas complementarias» a fin de dar cumplimiento a la medida.

«La nueva modalidad de trabajo es la presencialidad programada, que no es la de antes de la pandemia ni el trabajo remoto, combinado con presencialidad para esenciales, que hubo desde el 20 de marzo del año pasado», aclaró Castellani, quien indicó que el retorno bajo las nuevas normas «tiene que terminar de organizarse para estar en pleno funcionamiento a partir el 1° de septiembre».

La funcionaria puntualizó a esta agencia que para la nueva etapa «se siguen algunos criterios generales que fueron establecidos en una comisión paritaria bajo la órbita de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) y el Ministerio de Salud», y que incluyen la «ventilación cruzada, la ubicación de una persona cada 2 metros cuadrados, la no aglomeración en lugares comunes y la sanitización de espacios», entre otros.

Con ese protocolo general «se trabaja en las jurisdicciones para adecuarlo en cada uno de los edificios», añadió Castellani y explicó que «como eso lleva un tiempo, se establecieron tres semanas para dividir la dotación en grupos, si fuera necesario, y tener tiempo para dar los avisos».

«En la mayoría de los casos corresponde la alternancia, por lo que se arma algo parecido a lo que decimos ‘burbuja'», detalló sobre la nueva presencialidad.

Castellani sostuvo que los gremios del sector fueron «receptivos» a la aplicación de la nueva norma porque «estaba muy claro que, con el avance del esquema de vacunación, había que empezar a ordenar la vuelta a la presencialidad, siempre con los protocolos de cuidado».

Entre las particularidades de la aplicación, la funcionaria describió que «cada persona tiene que enviar su certificado de vacunación, que acredita su condición ante la vacuna, si tiene una o dos dosis», y posteriormente, y según corresponda, debe presentarse a los 14 días de la inmunización.

A quienes no se hubieran vacunado por no haber recibido el turno, el Poder Ejecutivo los derivará a un vacunatorio que funcionará en el CCK, mientras que, por último, el porcentaje de empleados que no quiera la inmunización deberá «firmar un consentimiento y explicar los motivos» para pasar luego a «cumplir los protocolos de cuidado» en su lugar de trabajo.

Bajo las normas del Ministerio de Salud, hay un solo grupo que queda excluido de la presencialidad: embarazadas e inmunodeprimidos.