Las trabajadoras de casas particulares percibirán un leve aumento en sus salarios a partir de febrero, mientras que los aportes y contribuciones patronales sufrirán incrementos de hasta el 64,5%. “Los aumentos no alcanzan y cada vez es más difícil llegar a fin de mes”, advierten desde el sector.
Tras semanas de negociaciones, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aprobó una suba del 1,3% en diciembre y del 1,2% en enero, lo que eleva el salario mínimo por hora a $2.849 con retiro y a $3.702 sin retiro. En términos mensuales, las trabajadoras de tareas generales cobrarán desde febrero $349.506 con retiro y $388.648 sin retiro.
Las empleadas dedicadas al cuidado de personas percibirán $3.072 por hora con retiro y $3.435 sin retiro, mientras que los caseros cobrarán $3.072 la hora. En tanto, quienes realizan tareas específicas recibirán $3.253 por hora con retiro y $3.567 sin retiro. Finalmente, las supervisoras de personal cobrarán $3.435 por hora con retiro y $3.762 sin retiro.
Pese al ajuste, desde el sector advierten que la recomposición sigue por debajo de la inflación. “Es un aumento simbólico que no refleja la pérdida del poder adquisitivo”, señaló una trabajadora.
Aportes más caros
Mientras los salarios crecen a cuentagotas, los aportes y contribuciones suben con fuerza. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos con subas de hasta 64,5%, lo que impactará directamente en los costos de contratación.
Dependiendo de la cantidad de horas trabajadas, el pago mensual por aportes y contribuciones irá de $6.816,05 a $28.688,55. Para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, el costo será $6.816,05, mientras que aquellos que superen las 16 horas semanales deberán afrontar un pago de $28.688,55.
“El Gobierno dice que baja impuestos, pero en los hechos suben los costos para empleadores y dejan sin margen a las trabajadoras”, criticó una referente del sector.
Impacto en la informalidad
El aumento de los costos laborales podría empujar a más trabajadoras a la informalidad. Actualmente, más del 70% del sector no está registrado, lo que las deja sin cobertura de salud ni aportes jubilatorios.
“La situación es desesperante. Nos exigen aportes cada vez más altos y las familias que nos contratan no pueden pagar más. Muchas compañeras terminan trabajando sin aportes o perdiendo sus empleos”, denunció una trabajadora.
Mientras tanto, desde los sindicatos del sector reclaman medidas urgentes. “Necesitamos una actualización real de los salarios, no parches que nos dejan siempre por debajo de la línea de pobreza”, concluyeron.
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