La Administración Provisoria que colocó la Justicia reveló que hubo «malversación de fondos», «administración fraudulenta» y «asociación ilícita» durante la gestión de Pablo Ansaloni al frente de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), que brinda cobertura a quienes pertenecen a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Tras varios años de disputa, de denuncias penales y de intervención en la OSPRERA, finalmente se llevó a cabo una auditoría encabezada por el administrador Néstor Acuña, que finalizó con graves acusaciones contra el ex diputado macrista.

La Administración Provisoria que colocó la Justicia determinó que hubo «malversación de fondos» del ex diputado macrista al frente de OSPRERA.

La Administración Provisoria que colocó la Justicia reveló que hubo «malversación de fondos», «administración fraudulenta» y «asociación ilícita» durante la gestión de Pablo Ansaloni al frente de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), que brinda cobertura a quienes pertenecen a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Tras varios años de disputa, de denuncias penales y de intervención en la OSPRERA, finalmente se llevó a cabo una auditoría encabezada por el administrador Néstor Acuña, que finalizó con graves acusaciones contra el ex diputado macrista.

De esta manera Ansaloni, quien intentó disputar la conducción de la UATRE contra José Voytenco, ya está imputado por los delitos de malversación de fondos y asociación ilícita y por cada uno de los hechos expresados en el informe de la Auditoría. Y ahora deberá dar explicaciones en la Justicia.

Hay que recordar que la Justicia Federal dispuso hace dos meses la normalización de OSPRERA, y designó a Acuña al frente de la obra social hasta que se investigue el patrimonio de la entidad y las irregularidades denunciadas por una afiliada y delegada de la entidad.

El grave estado de la obra social de la UATRE

La OSPRERA tiene un alcance nacional y brinda prestaciones para casi 800 mil personas a lo largo del país. Por lo general el manejo le corresponde al titular del gremio, algo que se alteró cuando comenzó la pelea interna luego de la muerte de Ramón Ayala. 

En mayo del 2021, la justicia comenzó a investigar a Ansaloni por el manejo de los fondos de la obra social. 

Y ahora, según el informe al que tuvo acceso Gestión Sindical, la autoría definió como «grave» la situación económica de la entidad como grave. 

La OSPRERA tiene un déficit financiero que asciende a los $13.000 millones a diciembre de 2022. Eso explica en gran parte la caída de las prestaciones en muchos distritos importantes del país.

Además, se señala que hay un gasto injustificado de un plazo fijo de $4.000 millones, y que al mes de marzo pasado sólo quedaban $338 millones. 

Más datos de la auditoría

El drenaje de esos fondos se dio entre los meses de septiembre, diciembre y enero. Coincidentemente, con los tiempos del proceso electoral en el que Ansaloni era candidato y que fue derrotado en las elecciones de diciembre pasado.

También se constató que la OSPRERA recibió $1.700 millones de la Superintendencia de Servicios de Salud que no fueron destinados a cubrir prestaciones y que no hay una sola justificación de esos gastos.

Además se descubrió que había una industria de los juicios dentro de la obra social, que consistía en una generación de juicios por diferencias salariales y pagos en negro. 

Según afirmaron desde el gremio, en la actualidad ese engranaje delictivo está desarticulado, aunque la obra social deberá continuar afrontando esas causas abiertas e inventadas que implicarán pagos y salida de fondos.

Y la mala praxis en la administración también se reflejó en las cosas cotidianas: se constató que Ansaloni, ya expulsado de la OSPRERA, seguía utilizando vehículos, celulares y personal de la obra social con fines personales. A eso se le sumó que su esposa y su peluquero eran empleados de la obra social.