Por: Emiliano Russo.

Hace 3 horasEl ministro Sergio Massa durante uno de sus últimos encuentros con integrantes de la mesa chica de la CGT.

La CGT está a la espera del regreso del ministro Sergio Massa de Estados Unidos para tener certezas sobre si cumplirá la "promesa oficial" de incluir en el Presupuesto 2023 un apartado destinado a financiar el “transporte y la educación” de los afiliados con algún tipo de discapacidad para oxigenar las arcas de las obras sociales.

Se trata de una demanda histórica de la central obrera que ha sido postergada por la actual administración. El año pasado el presidente Alberto Fernández había prometido a la mesa chica cegetista un auxilio financiero de $11 mil millones de los cuales fueron abonados casi $7 mil millones.

Un auxilio vital

Por la inflación y la suba de costos, los precios se han desbordado. Hoy, según contó una calificada fuente gremial consultada por Data Gremial, el sistema de las obras sociales requiere que la Superintendencia de Servicios de Salud deposite unos $6 mil millones al mes para poder hacer frente a este y otros compromisos prestacionales.

Según se informó, el organismo conducido por Daniel López ya depositó los montos de julio y se espera para la próxima semana o la otra que haga lo propio con los fondos correspondientes a agosto pasado. Se trata de una solución parcial que, de todas formas, no da garantías al normal funcionamiento del sistema. En la central obrera, con todo, remarcan que los recursos destinados a la cobertura de la discapacidad no provienen del Sistema único de reintegros (SUR).

Es por eso que negociadores de la CGT vienen contactándose en las últimas horas con funcionarios y legisladores para ver si se ha logrado avanzar con esa asistencia financiera en el anteproyecto de Presupuesto. El texto será girado el jueves 15 de septiembre por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para que luego comience a ser debatido en comisión.

Más dudas que certezas

Pero hoy la iniciativa está en pleno proceso de redacción en Economía a cargo del equipo del secretario de Hacienda, Raúl Rigo. La gran incógnita es si, en pleno proceso de ajuste fiscal para ordenar las cuentas macro, el Gobierno estará dispuesto a financiar con recursos del Tesoro los gastos de educación y transporte de la discapacidad.

En teoría, Massa en su entrevista con el staff del FMI intentará negociar una flexibilización de las metas fiscales y de emisión para 2023, un año electoral en el que el oficialismo se juega las chances de seguir gobernando la Nación y otros distritos. Pero las dudas en el seno del sindicalismo persisten.

Por otro lado, los prestadores que reclaman frente a Casa Rosada por las deudas en el pago de servicios para tratar la discapacidad retomaron ayer su protesta. En la central de calle Azopardo aseguran que no son deudas de las obras sociales, sino que son convenios regulados por la resolución 931 de la AFIP y que las demoras en los pagos se deben a la tramitación que lleva adelante el organismo recaudador.