Luego de la masiva marcha del jueves, encabezada por la CGT y a la que se plegaron distintas sectores gremiales y organizaciones piqueteras, el Gobierno toma la iniciativa en el ámbito laboral. A través del senador oficialista Roberto Basualdo el Ejecutivo presentó el viernes el proyecto de blanqueo laboral y este martes, promete, será tratado en las comisiones de Trabajo y Presupuesto.

Aunque el articulado fue masticado y consensuado entre el ministro de Producción, Dante Sica, y la CGT, el eco que tendrá en el palacio legislativo es incierto. En un año electoral, el Congreso promete estar casi paralizado. El jueves pasado, de hecho, la oposición intentó tratar una serie de proyectos que golpeaban al Gobierno, pero apenas consiguió quórum y todo quedó en la nada.

Por esa incertidumbre, el Gobierno pese a considerar que el proyecto "es beneficioso para los 3,5 millones de trabajadores informales" existentes, evitó ser impulsor del mismo y lo puso en cabeza del senador. Desde Producción indicaron a Clarín que se procedió de tal manera para darle celeridad al tratamiento, descartando toda especulación política.

Clarín también consultó a la cúspide sindical de la CGT pero se desmarcaron. "No vimos lo que ingresó", dijeron desde la entidad y aseguraron que recién lo harán este lunes cuando se reúnan con sus abogados. Remarcaron que "se habló lo de la Agencia de Evaluaciones Técnicas (Agnet) y del blanqueo laboral nos dijeron que borraban todos los temas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)"; algo que efectivamente es así. De hecho, cuando el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca impulsaba la Reforma Laboral, ese proyecto incluía modificaciones a la LCT por lo que nunca prosperó. 

Tras la Agnet está la CGT. En el articulado que se está ajustando y que también esperan entre en el Senado esta semana se busca incluir que este cuerpo, formado por profesionales de la salud, pueda ser querellante en causas judiciales de afiliados contra las obras sociales por los pedidos para tratarse con medicina fuera de protocolo.

Volviendo al blanqueo laboral, el proyecto lleva el nombre de "Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral". Sus 21 artículos apuntan a tres vectores: blanqueo, creación de nuevos puestos de trabajo y bajar la litigiosidad. 

Por tema blanqueo, los empresarios tendrán 365 días para formalizar a los trabajadores. Aquellos empleadores que regularicen trabajadores gozarán de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios”. También caerán las acciones penales y se los sacará del Registro de Empleadores con sanciones laborales (Repsal). En tanto, al trabajador se le computarán hasta 5 años de aporte. Según las estadísticas de Producción, el promedio de empleo en negro en las empresas por trabajador es de 3 años. 

Respecto a la promoción de empleo establece que toda empresa que decida tomar personal dentro de los 365 días desde la aprobación se les reducirá por dos años los aportes y contribuciones. No incluye los aportes al PAMI, obras sociales y las ART.

En cuanto a litigiosidad, la normativa establece al Salario Mínimo Vital y Móvil como unidad de medida para evitar llegar a la Justicia para fijar el monto de una multa. "Con esto atacamos la industria del juicio", dicen desde el Gobierno.