Aún con el reciente antecedente del fracaso absoluto sobre el intento de regular la actividad de los delivery en la provincia de Buenos Aires, un grupo de diputados nacionales del Frente de Todos se animó a presentar un proyecto de ley en el Congreso en el que proponen la creación de un Registro Nacional para trabajadores de plataformas en aplicaciones.

Hace solo unas semanas atrás, fue noticia el debate por la creación de un registro provincial destinado a trabajadores de aplicaciones de delivery en la PBA, un proyecto presentado en la Legislatura Bonaerense en octubre de 2022 y que ya obtuvo media sanción.

Sin embargo, la flamante idea del senador provincial del Frente de Todos y titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, encontró su freno en la Cámara de Diputados bonaerense, ya que el proyecto sumó el rechazo absoluto, no solo de la oposición, sino de los propios trabajadores. Tal fue el revuelo, que el oficialismo bonaerense -y dado el desgaste político del Gobierno actual- decidió dar marcha atrás al proceso y posponer el tema.

De todos modos, cuando al oficialismo se le mete una idea en la cabeza encuentra la forma de llevarla adelante, y aún sabiendo la controversia que genera el tema, decidió elevar la propuesta al Congreso Nacional presentando un proyecto de ley.

Registro Nacional para trabajadores de plataformas en aplicaciones: qué dice el proyecto

Fue la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, María Rosa Martínez, quien acompañada por una veintena de legisladores oficialistas formalizó la propuesta en el Parlamento. Su proyecto propone "la creación de un Registro Nacional Único y obligatorio para trabajadoras y trabajadores de plataformas en aplicaciones, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación".

"Estos trabajadores y trabajadoras han venido desarrollando estas tareas de forma precarizada e informal, siendo víctimas de la flexibilización laboral y desprovistos de derechos laborales", argumentó Martínez, quien no dudó en arremeter contra las apps de delivery ejemplificando con nombres cada una.

"Los trabajadores y las trabajadoras de las aplicaciones como Glovo, Rappi, Pedidos Ya o Uber Eats, entre otras, desarrollan su actividad a través del uso de algún tipo de transporte, ya sea bicicleta, moto o auto, que no es provista por las APP para las cuales trabajan, no poseen cobertura ante accidentes de trabajo, ni compensaciones económicas por ello", disparó la diputada del FDT, al tiempo que añadió que "tampoco cuentan con licencias laborales, límite a la jornada laboral, aguinaldo y vacaciones".

En ese sentido, Martínez consideró que es inadmisible que dichos trabajadores no cuenten con protección por parte del Estado. "No gozan de ningún derecho ni protección conforme lo previsto por nuestra Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo, los Convenios Colectivos de Trabajo, ni por ninguna legislación en materia laboral, encontrándose en un estado de desprotección y vulnerabilidad total", sentenció.

Cómo funcionará el Registro Único y Obligatorio para trabajadores de Plataformas en aplicaciones

De aprobarse la normativa, que por lo menos desde el sector más liberal y los halcones de la oposición ya mostraron su rechazo frente al tema, el Registro Nacional, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP) tendrá por objetivo la sistematización, monitoreo y seguimiento de la información de las personas jurídicas empleadoras, como así también de los trabajadores.

A su vez, en su artículo 4, el proyecto establece que deberán registrarse las actividades que comprendan "a todas aquellas diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias y/o elementos varios, hacia terceros realizadas en bicicleta rodada, motovehículo y/o automóvil".

Seguidamente, en su artículo 5, la iniciativa oficialista explica que "quedan alcanzados y registrados por la ley, las personas humanas trabajadores/as que ejecutan personalmente estas actividades a tiempo y jornada total o parcial, ya sea para cuenta propia o ajena, o bajo cualquier otra forma que haga presumir la existencia de una relación laboral dependiente".

A su vez, explican que las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias, es decir, las aplicaciones de delivery tendrán la obligación de inscribir a sus trabajadores, así como los vehículos utilizados para tal fin. Además, la inscripción debe renovarse una vez al año.

De qué tendrá que ocuparse el Ministerio de Trabajo tras la creación del Registro

En el artículo 2 de la iniciativa oficialista se indica que la autoridad de aplicación -de aprobarse la ley- será el Ministerio de Trabajo, Empleo y de Seguridad Social de la Nación.

En ese sentido, en el artículo 8 describe cuáles serán sus funciones, entre las que destacan:

Fijar las condiciones y requisitos de inscripción al Registro.Identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados.Controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad.Determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento.Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncie a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadores.Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncie el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de los/as trabajadores/as."Las apps son formas encubiertas de relaciones laborales"

Para fundamentar su propuesta, la diputada nacional María Rosa Martínez, fue reiterativa a la hora de disparar contra las aplicaciones de delivery, y alertó que "en esta nueva dinámica de organización del trabajo subyace la idea de un 'emprendedurismo' muy característica del neoliberalismo económico, que considera a los y las trabajadores como agentes competitivos con incentivos egoístas, responsables de su propio desarrollo o carrera".

En ese sentido, la diputada nacional consideró que este discurso de las aplicaciones, en realidad se traduce en mayores y mejores ventajas para las empresas "que se desprenden y desresponsabilizan de sus obligaciones legales, y como resultado, se producen múltiples formas de tercerización y subcontratación, que se traducen a mayores niveles de precarización laboral".

A su vez, Martínez criticó a las APP porque si bien ofrecen la posibilidad casi inmediata de ingresos económicos, lo hacen "con escasos requerimientos de capacitación", por lo que considera que este proceso de transformación de las relaciones laborales, "es un tema que debe atender el Estado".

Otro tema por el que la legisladora mostró su preocupación es por la falta de datos concretos sobre cuántas personas en el país se dedican a esta actividad, que ella describe como precarizada.

"Debido a la falta de reconocimiento de estos trabajadores como trabajadores en relación de dependencia de las plataformas o APP, resulta difícil realizar estimaciones rigurosas sobre la cantidad real de personas que prestan servicio para estas aplicaciones", reflexionó.

Y añadió: "Observamos con preocupación que exista un número cada vez mayor de relaciones o formas de trabajo en las que la subordinación o la dependencia se encuentran ocultas o desdibujadas".

"Los costos los asume el trabajador y no la empresa"

Por otro lado, el proyecto oficialista hace una dura crítica a las empresas de aplicaciones de delivery -a quienes califican de explotadores- ya que aseguran que operan con costos "prácticamente nulos".

"Son los trabajadores quienes deben proveerse su ropa, su vehículo y la caja para transportar los productos. La plataforma fija precios (que son variables), la jornada, controla a las y los trabajadores, la ejecución de la tarea y distribuye premios y castigos según sus parámetros de rendimiento. Claramente se trata de trabajo en relación de dependencia, encubierto, no reconocido y no regulado", criticó el FDT en su proyecto de ley.