Por Mariano Martín

La CGT resolvió ayer iniciar una oleada de amparos en todos los fueros judiciales disponibles y a instancias de la mayor cantidad de organizaciones gremiales e individuos posible contra el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que barrió con buena parte de la legislación laboral vigente. Como punto de arranque de esa maniobra la central marchará el miércoles al Palacio de Tribunales para presentar su propia impugnación al DNU y al día siguiente reunirá a su máxima instancia deliberativa y ejecutiva, el Comité Central Confederal, para definir un plan de acción que contendrá un posible paro nacional pero recién para febrero.

Fueron las principales conclusión de un encuentro plenario del Consejo Directivo de la CGT con la participación de más de medio centenar de gremios en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). La movilización del miércoles será en coordinación con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), lo que garantizará masividad y representará el primer desafío de proporciones para el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Para la central obrera, sin embargo, el decreto entrará en vigor de manera inexorable al menos en enero y para el momento del eventual freno judicial ya serán palpables los efectos de la flexibilización laboral en trabajadores en relación de dependencia.

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En la deliberación ayer en UOCRA sólo un dirigente propuso un paro nacional para la semana próxima: lo hizo Omar Maturano (maquinistas de trenes, La Fraternidad) con la consigna “a una piña se le responde pegando otras dos” pero fue contenido por Héctor Daer, cosecretario general de la central, quien le propuso unificar su moción con la que finalmente se impuso de una marcha el miércoles y el CCC el jueves. Adhirieron todos los sectores, incluso los que encabezan Pablo Moyano (Frente Sindical) y Sergio Palazzo (Corriente Federal) que en la previa habían planteado como posible una medida de acción directa inmediata.

La mayor expectativa de la CGT está apuntada a la estrategia jurídica. Para organizarla la central se puso en contacto con abogados propios y referentes de la oposición como Ricardo Gil Lavedra. Consistirá en propiciar y dar visibilidad a amparos colectivos e individuales contra los núcleos laborales del DNU pero también por los puntos relacionados a la derogación de la ley de alquileres, entre otros ítems. Las presentaciones se harán en juzgados de los fueros Laboral, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, en donde se espera obtener medidas cautelares favorables. Se prevé una batalla legal extendida durante todo el verano con artículos del DNU que dejarán de regir por amparos y otros que volverán a entrar en vigor de manera constante.

En paralelo se desarrollará el activismo: “el Confederal va a resolver un paro que seguramente se hará efectivo en febrero. Mientras tanto iremos viendo el resultado de la estrategia judicial. Va a ser un período difícil con una pérdida que estimamos de entre 40 y 50 puntos del salario real por efecto de la inflación”, evaluó Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La deliberación interna de CGT estuvo precedida de un encuentro de sus líderes con las autoridades del bloque de Unión por la Patria en Diputados. Aunque se acordó coordinar las acciones sindicales y jurídicas, puertas adentro de la central se escucharon quejas por una aparente falta de estrategia del peronismo frente al decreto de Milei. Culparon, en particular, a Máximo Kirchner, con quien la organización arrastra una particular inquina desde la gestión de Alberto Fernández.

Además de la central mayoritaria ayer se reunieron las dos versiones de la CTA, De los Trabajadores y Autónoma, que resolvieron acompañar la movilización de la CGT a Tribunales e ir junto a la UTEP.