La Ctera denunció que el Operativo Enseñar, con el que el Gobierno midió la preparación de los futuros docentes –quienes están por egresar de los profesorados e institutos de formación–, no puede considerarse representativo ni confiable. Aunque presentada como una evaluación de calidad educativa nacional, hubo provincias que hicieron censos, otras que en cambio hicieron muestras y en varios distritos gobernados por Cambiemos las autoridades eligieron unilateralmente qué lugares evaluar. El Ministerio de Educación escondió, por otra parte, el bajo índice de participación de los estudiantes, que rechazaron masivamente el Operativo, implementado en medio de una tremenda ofensiva para cerrar profesorados e institutos de formación públicos y gratuitos: el porcentaje de participación fue de apenas el 24 por ciento de la media de egresados.

Los resultados de los exámenes fueron difundidos por el Ministerio de Educación a fines de diciembre, en momentos en el que el Gobierno apretó el acelerador en su modelo de ajuste de la educación pública. Por ejemplo, aprobó la creación de la UniCaba en la Ciudad de Buenos Aires, poniendo en riesgo la continuidad de los 29 institutos públicos de formación docente, proyecto resistido por la comunidad educativa, que fue reprimida en su protesta.

El paso siguiente fue obtener el aval para la creación de una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (Coneafod). La votación en el Consejo Federal de Educación –que reúne a todos los ministros del país– fue dividida. A pesar de que la legislación garantiza el derecho de los sindicatos docentes a participar en estas discusiones, los gremios fueron dejados fuera del proceso, por lo que el día de la votación Ctera organizó una clase pública en la puerta del Palacio Sarmiento en defensa de los institutos de formación docente. Adentro del Consejo, seis provincias se opusieron al proyecto (Santa Fe, Formosa, Chubut, Santa Cruz, La Rioja y Tucumán) y cuatro estuvieron ausentes (San Luis La Pampa, Salta y Neuquén).

Fue en este marco que el Gobierno difundió los resultados del Operativo Enseñar. Clarín tituló: “Afirman que el 40 por ciento de los nuevos docentes tienen dificultades en lectura y escritura”, aunque en la nota aclaraba que la muestra “no” podía ser considerada representativa. 

El Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte (Ctera) hizo un análisis del Operativo Enseñar. En él encontró que:

Se basó en muestras dispares: en algunas provincias se hizo un censo, pero en otras la muestra fue aleatoria, “con la llamativa particularidad de que en provincias oficialistas (CABA, Buenos Aires, Córdoba), la muestra fue intencional, o sea que la jurisdicción propuso los institutos que iban a ser evaluados”. Por eso la muestra no puede ser considerada representativa. “Del total país (1344 institutos que brindan formación docente), sólo participaron 464 Institutos, es decir sólo el 35 por ciento.Sus conclusiones escondieron la baja participación: hicieron la evaluación 11.941 estudiantes del último año, apenas el 24 por ciento de los estudiantes que egresan. Esta baja participación dio cuenta de la escasa legitimidad que tuvo el Operativo como herramienta de evaluación diagnóstica. “Por ejemplo, en CABA la participación de estudiantes de institutos de gestión estatal fue tan solo del 25 por ciento”. Río Negro fue otra provincia donde sólo un cuarto de los futuros docentes hicieron la prueba. En Neuquén la provincia directamente no la pudo hacer. En Mendoza, el ministerio aseguró que participaron todas las instituciones (ya que se realizó un censo), pero los estudiantes participantes fueron 656. “Este valor representa sólo el 31 por ciento del total de egresados de la formación docente”.Otro cuestionamiento a la medición, común a todas las evaluaciones diseñadas por el macrismo, es su carácter normativo. Se utiliza el esquema que caracterizó a los ‘90, que considera el rendimiento de los alumnos en comparación con sus pares o con una escala, abandonando “la evaluación criterial que la reemplazó a partir de 2005, que observaba el avance del alumno hacia el objetivo propuesto y el diagnóstico de las dificultades, conceptos que remiten en mayor medida a los fundamentos de la evaluación educativa”. 

El informe de la Ctera, realizado por Liliana Pascual, Luz Albergucci y Miguel Duhalde, se pregunta sobre “la validez y confiabilidad de estos datos que son presentados de manera sesgada y que están atados a la conformación de un universo no representativo”. Para los autores no hubo intención de saber, sino una “clara voluntad de desprestigiar a la docencia, establecer rankings de escuelas e institutos y así justificar el ajuste y la mercantilización de la educación pública”.