Una nueva interna estalló en el oficialismo: la CGT emplazó al Gobierno a resolver una demanda de asistencia financiera a sus obras sociales bajo la amenaza de promover una manifestación de protesta contra la ministra de Salud, Carla Vizzotti. El reclamo está relacionado con una promesa de Alberto Fernández a la central obrera de que el Estado cubriría alrededor de 35 mil millones de pesos de gastos que las prestadoras de salud gremiales destinan para atender los servicios de salud y transporte de sus afiliados discapacitados, uno de los rubros más onerosos del sistema.

La protesta creció en el seno de los gremios y apuró entre ayer y hoy sendas reuniones de la “mesa chica” del sector. En ambas hubo una puesta al día de las gestiones de la central a cargo de José Luis Lingeri, líder de Obras Sanitarias y referente del denominado sistema solidario de salud que atiende a más de 15 millones de argentinos. La conclusión es que la demora no tiene una justificación satisfactoria para la CGT y es exclusivamente imputable a la ministra del área.

Cerca de la funcionaria, en tanto, ratificaron que está en marcha una reforma del sistema sanitario de largo alcance tendiente a integrar los subsectores público, privado y de la seguridad social para eficientizar las prestaciones y abaratar los costos. Y que, dentro de esas modificaciones, estará contemplado el financiamiento exigido por los sindicatos. Aunque evitaron mencionar un plazo para presentar los proyectos dijeron que se buscará robustecer el sistema lo antes posible.

En la CGT, sin embargo, la respuesta no llevó satisfacción. El año pasado la cúpula de la central logró de Alberto Fernández un compromiso de cubrir con fondos estatales las prestaciones de transporte y educación de los afiliados discapacitados como mecanismo para aliviar las finanzas de las obras sociales en medio del encarecimiento de costos que produjo en el rubro la pandemia de coronavirus. En esa oportunidad el mandatario aseguró que inyectaría 11.400 millones de pesos al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la caja que se financia con parte de la recaudación impositiva entre las prestadoras sindicales y mediante la cual se las asiste con reembolsos frente a las prestaciones de alto costo y complejidad.

Meses después de aquella promesa hubo un primer desembolso autorizado por el exjefe de Gabinete Santiago Cafiero a partir de un rebalanceo presupuestario que totailzaba 7.390 millones de pesos. De ese monto, en CGT alegan que sólo se ejecutaron $ 6.400 millones como aporte extraordinario del Tesoro al FSR. En cualquier caso quedó del compromiso inicial un saldo nunca cubierto y que los funcionarios habían asegurado que se pagaría a principios de este año. No sucedió y, desde entonces, el Gobierno tampoco dio respuesta acerca del financiamiento por discapacidad para 2022, calculado en 35 mil millones de pesos.

La modalidad de auxilio financiero todavía no tiene un instrumento definido. En la CGT alegan que requiere sólo de normativas propias del Ejecutivo sin necesidad de trámite parlamentario. Y que la posibilidad más concreta era que el costo de los servicios de educación y transporte brindados por las obras sociales sería cubierto con presupuesto propio de áreas del Estado: o los ministerios de cada rubro o bien, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En las reuniones de esta semana participaron Héctor Daer y Carlos Acuña, dos de los secretarios generales de la CGT, junto a otros miembros de la “mesa chica” como Armando Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y Lingeri. Además de coincidir en la preocupación por una demora que entienden injustificada, comenzaron a discutir la posibilidad de promover una manifestación al Ministerio de Salud. No será la primera protesta sindical contra Vizzotti: en febrero Pablo Moyano movilizó al gremio de Camioneros a la sede de esa cartera (antes lo había hecho a la de Trabajo) para exigir que continuara la presunción de enfermedad laboral para el coronavirus de modo tal de agilizar los resortes de atención contemplados en la ley de ART.

Además del malestar contra la ministra hubo quejas con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En la central obrera le endilgan la supuesta negativa a subir el aporte de los monotributistas a las obras sociales en el proyecto oficial de alivio fiscal para esos contribuyentes. Los jefes de las prestadoras sindicales más grandes protestaron por una decisión del Ejecutivo tendiente, explicaron, a favorecer la facturación para más de 4 millones de personas y, en paralelo, mantener sin cambios un aporte estimado de $ 1.800 por cada uno para la cobertura de salud cuando un trabajador formal, en promedio, duplica y hasta triplica ese pago a cambio del mismo servicio.