Por: Elida Thiery.

Después de varias horas de debate, en conclusión no hubo ningún acuerdo ni modificación a este sistema de reclamos que tiene el sindicato sobre la empresa láctea, dónde con un esquema de extensas asambleas en los turnos de trabajo no permite ningún tipo de actividad y detiene el proceso industrial. Esto vuelve a poner en riesgo la capacidad de sostener a la materia prima apta para su pasteurización y posterior transformación en productos, e incluso está totalmente afectada la distribución de los mismos.

Hace unos días, luego de una primera semana, SanCor debió derramar 100 mil litros de leche que ya no servía.

Si bien en la audiencia ante las autoridades nacionales se hizo mención sobre la forma de pago de los salarios que tiene la Cooperativa, aunque siempre con acuerdo del sindicato desde hace ya muchos años, el eje central del diálogo estuvo puesto en las presiones para que se desemboque en una activación del famoso fideicomiso mediante el cual un grupo de empresarios ensayaría un salvataje de la empresa. Para esto, desde el gremio le reclaman a la vez 60 millones de dólares al Estado Nacional, sin fondeo alguno de los privados que integran la empresa Fidulac SA, que lo tendría a cargo.

Lo que quiere Atilra es que los directivos de SanCor, a quienes viene destratando en las últimas semanas, traicionen a sus representados, los 235 socios-productores cooperativos, respecto a lo que habían acordado hace casi dos años con aprobación de una opción de fideicomiso, que tiene plazos y condiciones clave que desataron estas medidas de fuerza.

La ambición por desembarcar en la industria láctea y por tomar participación en el manejo de esos fondos públicos, hace que esta presión sobre SanCor lleve a una situación financiera más compleja a la empresa, e incluso se obstaculice la disponibilidad de fondos para el pago de salarios y compromisos en este mes de noviembre.

Apretar hasta ahogar a SanCor parece ser el objetivo. Sin embargo, las condiciones para activar el fideicomiso no están dadas. Ya lo manifestó la Comisión Nacional de Valores (CNV) a comienzos de octubre, al remarcar observaciones sobre el prospecto y el contrato del fideicomiso. En dicho informe además destacó que el acuerdo con Atilra implicaría el despido de 899 personas de las 1.549 empleadas en la actualidad, de las cuales son 746 afiliados al gremio.

Desde el martes pasado, sin acuerdo a la vista, está dada la segunda etapa de bloqueos y con ello vuelve a ponerse en riesgo el almacenamiento y conservación de la leche cruda. En el Ministerio de Trabajo se volvió a mencionar que la capacidad de contener en estas circunstancias a 3 millones de litros vuelve a estar al límite. Por lo tanto, no se descarta que nuevamente se deba tirar leche que se acidifica y pierde condiciones fundamentales para poder ser procesada en algún momento.

Sin conciliación obligatoria, sin intervención de la Justicia en el caso, la única alternativa que le queda a la Cooperativa es seguir aguantando el ahogo, resistiendo ante un método extorsivo de una gremial que ni siquiera parece estar interesada en resguardar a sus trabajadores en sus condiciones mínimas, aunque también reclame a SanCor por sueldos y aportes atrasados.

Los tambos que entregan leche a esta empresa y los consumidores también aparecen afectados por este desmanejo de la situación, condenados a  navegar en la realidad en condiciones que se supone se extenderán hasta poco antes de la segunda vuelta electoral.