Hugo y Pablo Moyano ganaron otra batalla más. El Concejo Deliberante de Pinamar rechazó la municipalización del servicio de recolección de residuos y barrido de las calles de la ciudad balnearia y decidió aprobar un nuevo pliego de bases y condiciones. Según afirmaron desde el Sindicato de Camioneros esta decisión garantiza la continuidad laboral de más de 160 trabajadores afiliados al gremio.

Tras cinco horas de debate, el resultado final de la votación fue de ocho positivos y las cuatro abstenciones, luego de que cuatro ediles abandonaran el recinto.

Según informó el sindicato de los Moyano, los trabajadores de la empresa de Recolección Santa Elena, actual firma responsable de los servicios, asistieron a la resolución final de la sesión en la que evitaron la municipalización del servicio, junto al secretario general de la seccional Camioneros del Partido de La Costa, Damián Comas.

Desde el gremio, afirmaron que "se les asegura la continuidad laboral, ya que la empresa que gane la licitación, o en tal caso continua Santa Elena, deberá absorber a todos los compañeros, reconociendo los años de antigüedad con la indemnización y continuidad laboral".

Luego de la sesión, el secretario adjunto Pablo Moyano y el secretario gremial Marcelo Aparicio felicitaron a los trabajadores de la seccional de la Costa del Sindicato de Camioneros.

Pablo Moyano fue a fondo contra los ideólogos

La inquietud por la municipalización escaló hasta la cúpula del PJ bonaerense y llegó al despacho de Máximo Kirchner. 

De hecho, fue Pablo Moyano quien brindó días atrás una conferencia de prensa para advertir que el sindicato no aceptará un cambio de esas características y le envió una carta al hijo mayor de Cristina de Kirchner y referente de La Cámpora para exigirle la expulsión de los dos dirigentes pinamarenses del partido.

En su exposición el gremialista afirmó que la posible municipalización redundaría en una rebaja de los salarios de los recolectores y en la pérdida de derechos laborales.

"Hoy están llamando a municipalizar la recolección de residuos, lo que generaría la perdida de la masa salarial y las condiciones laborales. Eso significa precarización. En plena pandemia los trabajadores dieron su vida y estos dos personajes vienen a querer sacarles derechos a los trabajadores", lanzó y anticipaba el pedido a Máximo Kirchner para que expulse "a estos dos chantas".

La alarma del sindicato no había apuntado a la gestión del intendente macrista Martín Yeza sino, por el contrario, a los peronistas Oscar Trujillo, secretario gremial del PJ local, y Gregorio Estanga, miembro del Concejo Deliberante y alineado con La Cámpora. Es más, el conflicto surgió una vez que Yeza envió al parlamento local la extensión de la concesión del servicio de recolección a favor de la empresa Santa Elena.