Mientras el Gobierno Nacional acaba de prorrogar por decreto la prohibición de despidos y suspensiones en el marco de la emergencia económica y laboral que vive la Argentina por la pandemia de Covid-19, en el PAMI las aguas siguen agitadas. Es que en los últimos días hubo una nueva ola de cesantías en todo el país.

"El PAMI, en plena pandemia y con prohibición de despidos por parte del ejecutivo nacional, ya despidió 256 compañeros trabajadores", le dijo Osvaldo Barreñada, secretario general de la UTI, gremio mayoritario del PAMI, a InfoGremiales.

Del total de cesantías unas 70 se produjeron en las últimas jornadas. Según los datos que recabó el gremio, que reclama su reincorporación, los afectados son de todo el país y afiliados a todas las organizaciones sindicales con presencia en la institución. Claro que al gremio mayoritario lo afecta de mayor manera que al resto.

Lo llamativo del asunto es que los apuntados están lejos de ser funcionarios de la gestión anterior. Tanto es así que entre los despedidos hay trabajadores que tienen hasta 30 años de trayectoria en el PAMI.

Del listado de 256 trabajadores apenas una veintena son fuera de convenio que podrían haber ocupado espacios políticos designados por Cambiemos. El resto son empleados rasos que fueron pasando a planta por un acuerdo paritario de regularización de personal que había firmado la UTI con el kichnerismo en 2015.

"La Dirección Ejecutiva ha desplazado a trabajadores con más de 30 años de servicio de sus cargos al solo fin de generar espacio para designar personas afines", agregó Barreñada.

Mientras buscan un canal de diálogo para que los empleados vuelvan a sus puestos de trabajo, el sindicato también busca encauzar la negociación salarial: "Se ha dado un incremento salarial del 7% emulando la pauta del estado nacional, desconociendo , el carácter jurídico del instituto el cual es un ente público no estatal".