Por Juan Pablo Gavazza

Juan José Baric es, en La Pampa, un bicho raro: la varita mágica del macrismo lo hizo caer como un paracaidista para hacerse cargo del Juzgado Federal de Santa Rosa, un organismo que en la enorme mayoría de su historia tuvo a cargo referencias locales y que cuando quedó en manos “foráneas” disparó experiencias traumáticas.

En la provincia, Baric se hizo visible por perseguir a cultivadores de cannabis y a militantes políticos como tiradores de huevazos. También por aplicar esa misma mano dura sobre mujeres funcionarias. En distintos episodios, tuvo que aguantarse que lo calificaran con adjetivos de peso: desde “corrupto” hasta “el juez más conservador de la Argentina”.

Baric está otra vez en el centro de la escena porque es “el juez de la UATRE”, otra rareza. Fue extraño que el expediente de la obra social Osprera, en guerra, quedara en sus manos, y que aceptara intervenir pese a que el Ministerio Público Fiscal había dado un claro posicionamiento de que lo que correspondía era declararse incompetente. Sin embargo, prefirió meterse en esa disputa pesada entre el jefe de la UATRE, José Voytenco, ahora beneficiado por su fallo, y Pablo Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza y extitular de la Osprera.

La Pampa, una huella de ida y vuelta

Baric se crió en San Martín y de pibe, antes de la academia, disfrutaba del taller de su padre. Su recorrido en el Poder Judicial tiene ya 40 años. Fue precoz: ni bien recibido en la Universidad Kennedy, en el ’93, fue designado secretario en un juzgado porteño. Hizo la mayor parte de su carrera en el área Correccional: el Juzgado 12 de la Capital Federal. Le gusta repetir que es uno de los funcionarios judiciales que sí paga impuesto a las Ganancias.

Tampoco tiene pelos en la lengua para decir que “en el Poder Judicial hay mucha inoperancia y mucha vagancia”. Se opuso sin medias tintas a la reforma judicial que intentó el gobierno de Alberto Fernández.

El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, tiene una foja de servicios plagada de polémicas y denuncias.

Antes de ser juez en la provincia, conocía bastante bien las bondades y la tranquilidad de La Pampa. Fue fiscal subrogante entre 2012 y 2015. Desde ese cargo, Baric también le apuntó al juez federal de ese momento, José Charlín, y le salió bien: lo denunció y pidió que lo removieran del Juzgado, que las vueltas de la vida dejarían en sus manos.

En mayo de 2018, Charlín fue condenado a cinco años de prisión por abuso sexual, amenazas, violencia de género, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y daño. Medio año después, Baric fue designado juez en La Pampa.

Asumió en febrero de 2019, cuando ya había sido subsecretario de Políticas Carcelarias bonaerense. Esas prestaciones al gobierno de María Eugenia Vidal lo dejaron pegado a la “Gestapo” macrista. El juez dice que se trata de “fantasías”. “A mí no me consta que haya gobiernos democráticos que se hayan dedicado a espiar”, cuenta. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade siempre dijo que su designación fue un “premio” de la “mesa judicial” del macrismo por aquellos servicios prestados.

De funcionario macrista a criminalizar huevazos

Quizá el accionar político más llamativo de Baric, como juez, ocurrió en marzo de 2022. Decidió llamar a indagatoria a un grupo que el 12 de octubre de 2017, casi cinco años antes, había recibido con insultos y huevazos la visita presidencial de Mauricio Macri. No sólo desempolvó esa causa para perseguir a militantes políticos, sino que además le puso una fecha simbólica a la indagatoria: 24 de marzo, pese al feriado nacional. Se sabía que el trámite tendría poco efecto real, pues el expediente estaba destinado al archivo.

Antes, como fiscal, Baric también había sentado en el banquillo de los acusados a varios intendentes peronistas acusados de facilitar la trata de personas en prostíbulos: Luis Rogers (Lonquimay), David Bravo (25 de Mayo), Jorge Cabak (Macachín) y María Elena García (General Acha).

El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, metió un fallo clave en la guerra entre UATRE-Osprera y el gobierno de Milei.

A raíz de diferencias sobre cómo encarar esas investigaciones, tuvo sus primeros chisporroteos con la secretaria Penal Iara Silvestre, pampeana y quien estuvo largo tiempo a cargo del juzgado como subrogante. Cuando Baric volvió como juez, recargado y empoderado en tiempos macristas, la persiguió: logró que la Cámara de Bahía Blanca la suspendiera por 25 días. Hoy, Silvestre es fiscal.

La perspectiva de género nunca fue el fuerte del juez. Destaca la prioridad de lo que llama “el sentido común” y completa: “En mi casa, mi viejo jamás le levantó la mano a mi vieja. Nunca una escena de violencia. Si había alguna discusión, 'lo dejamos y lo hablamos después', pero jamás violencia. De eso se aprende mucho, de la casa. Hay cosas que te salen naturales”.

Aunque prometió que “no allanar a nadie por 30 gramos de marihuana”, el procesamiento de un cultivador de cannabis también lo dejó en el foco. Se movilizaron contra el fallo agrupaciones de cultivadores y Fernando Gutiérrez, abogado del acusado Matías George, lo calificó como “uno de los jueces más conservadores que tiene la Argentina”.

Baric hizo pública su mirada demonizadora de la marihuana. "Es nociva para el cuerpo humano”, sentenció y sólo dejó la puerta abierta a que “el aceite de cannabis es el adecuado para determinados males”. En pandemia, Baric rechazó un amparo de sectores antivacunas, que pretendían declarar inaplicable la ley de vacunación obligatoria. Los organismos superiores le dieron la razón al magistrado.

Una guerra con varios campos de batalla

La causa de UATRE fue una sorpresa. A principios del año pasado, Baric dispuso la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), que hasta su muerte manejaba Gerónimo “El Momo” Venegas. Designó a Néstor Acuña para manejar los fondos suculentos de esa entidad, que alcanza a 759.495 personas afiliadas y es la segunda obra social más grande del país.

El argumento de Baric para intervenir fue una denuncia de una beneficiaria pampeana, Delia Noemí González, que relató la guerra entre facciones tras la muerte de “El Momo”. En su dictamen de febrero del año pasado, la fiscala Silvestre le dijo al juez que ya había dos causas judiciales iniciadas en otras jurisdicciones y que ninguno de los hipotéticos delitos se había cometido en La Pampa, por lo que “el señor juez debe declararse incompetente”.

Voytenco, secretario general de la UATRE.

Sin embargo, Baric tuvo interés en seguir con el expediente y avanzó, pese a que, por ejemplo, sí esquivó un conflicto sindical local, cuando mandó a que la Corte Suprema definiera respecto de una fuerte pelea en la conducción del gremio docente de Santa Rosa.

El 30 de junio de este año terminó la intervención que dispuso Baric y la administración volvió a manos sindicales. Todo ese proceso de UATRE-Osprera ocurrió en medio de la puja de poder entre Voytenco y Ansaloni, ahora legislador libertario. En el medio de esa pelea, fue asesinado el chofer de Ansaloni, Mauricio Cordara, en noviembre de 2022. Delegados de distintos puntos del país se manifestaron en marzo del año pasado frente al Juzgado Federal de La Pampa y Luis Biorlegui, hombre de Ansaloni, acusó a Baric por su “accionar corrupto”.

La última novedad es que un fallo de Baric le sirvió de salvavidas a Voytenco. La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación intervino la Osprera y denunció irregularidades millonarias. Virginia Montero asumió en agosto como administradora provisoria a partir de un decreto del presidente Javier Milei. Dos semanas después, Baric determinó que la administración debía volver a manos sindicales. Esa decisión está apelada y el juez fue acusado de prejuzgamiento y falta de imparcialidad. Consideran además que es “un juez absolutamente incompetente” que se “extralimitó violando principios fundamentales del derecho y amenazando la integridad del sistema judicial”.