Por

Mariano Martín

La CGT entró en estado de convulsión interna esta semana por los primeros efectos concretos del traspaso compulsivo de afiliados de obras sociales a prepagas contemplado en la resolución 1/2025 de la Superintendencia de Salud (SSS). En reuniones internas a las apuradas y tras contactos aislados con el Gobierno la estrategia de consenso prevé una oleada de recursos administrativos, otra de amparos judiciales y hasta denuncias penales contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el superintendente, Gabriel Oriolo. Fueron las primeras reacciones en cadena desatadas tras la constatación de que la ARCA (exAFIP) retiró de la nómina de afiliados de las prestadoras sindicales de un plumazo a cientos de miles de afiliados que se atendían parcialmente o por completo en empresas de salud privadas. 

El estupor trepó hasta lo más alto de la conducción de la central obrera que reunió el martes de la semana pasada a su plana mayor de urgencia en la sede de los estatales de UPCN: allí acudieron el triunviro Héctor Daer (Sanidad), los "independientes" Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), Andrés Rodríguez (el anfitrión y adjunto de CGT), José Luis Lingeri (AySA y principal referente de la organización en la temática de obras sociales); Guillermo Mangone (personal del gas), y Jorge Sola (seguros) junto a unos pocos más. Para entonces era claro que Lugones y el ala "dialoguista" del Ejecutivo los habían "traicionado" al avanzar no sólo sobre sellos de goma sindicales que desde hace décadas triangulan servicios de manera integral con prepagas, sino también contra organizaciones que mantuvieron una red prestacional propia y sólo establecieron acuerdos complementarios de cobertura de salud con privados. 

Entre los presentes, tal como había adelantado El Destape la semana pasada, se encontraban algunos de los principales afectados. En particular el propio Lingeri, que de un día para el otro pasó de ser el dirigente de CGT responsable del vínculo con todos los gobiernos para tramitar reclamos del "sistema solidario de salud" a titular de una prestadora vaciada de afiliados por haber establecido convenios con prepagas. También acusó recibo del golpe Mangone, de la obra social del gas (Ostig) al igual que referentes de gremios de otros rubros de la energía como los petroleros, ausentes en la reunión. 

Otras obras sociales afectadas, en grados diferentes, fueron las de la Asociación Bancaria, la del gremio de del personal de los organismos de control estatal (Ospoce) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), entre muchas más. En rigor, según los primeros sondeos internos la medida había afectado en mucho o poco a la inmensa mayoría de las obras sociales sindicales y sólo habían quedado a salvo algunas de las más relevantes en número de afiliados como las de Comercio (Osecac), Sanidad, Gastronómicos (Osuthgra), Camioneros (Oschoca), albañiles de Uocra (Construir Salud) o UPCN (UP) que mantuvieron bajo su paraguas prestacional a todos sus afiliados sin derivación de aportes a prepagas. 

El plan para responder a la norma de la SSS prevé acciones individuales de las obras sociales afectadas pero con el direccionamiento del equipo de abogados de la CGT. En algunas organizaciones mencionaron como posible que incluso este mismo miércoles se presenten las primeras medidas cautelares ante la Justicia. El impacto financiero fue de grado mayúsculo y se agravó por su efecto retroactivo al 1 de enero. También hubo coincidencias en demandar penalmente a Lugones y al superintendente de Salud, Gabriel Oriolo. Ambos tomaron la precaución de no firmar la resolución con el argumento de haber pertenecido a entidades del sector antes de asumir sus cargos (presidente de la Fundación Sanatorio Güemes y directivo de OSDE, respectivamente). 

Pero fuera de la estrategia judicial la resolución tiene el efecto de una bomba de racimo: por un lado impidió hasta ahora a la CGT pronunciarse abiertamente en contra porque eso obligaría a los "gordos" de los grandes gremios de servicios a defender a los sindicatos con pocos afiliados (los denominados en este caso "sellos de goma") que se pusieron al servicio de prepagas con la primera desregulación de los '90s y que fueron responsables del mayor "descreme" en perjuicio del sistema (el pase de trabajadores jóvenes, sanos y con mejores salarios de sus obras sociales de origen a otras asociadas a privados); es decir, del robo masivo de sus afiliados. Por otro, en varios sectores subsiste la teoría de que una negociación de baja visibilidad logrará dar marcha atrás con la medida incluso si eso requiere allanarse a las exigencias de Javier Milei en cuanto a salarios a la baja y nula conflictividad. 

Además, una confrontación abierta podría operar como un búmeran. Si la CGT resolviera una medida de fuerza le regalaría al Gobierno un argumento de peso en su batalla cultural de cara a la sociedad al dejar expuesto que la central evitó hasta ahora un tercer paro general frente al ajuste libertario y sólo amenaza con acciones para defender sus obras sociales. De paso, pondría en evidencia en la interna de la central obrera que los "gordos" dejaron pasar la eliminación el año pasado del Subsidio por Mitigación de Asimetrías (SUMA) que se direccionaba a las obras sociales más chicas para transferir esos recursos a las más grandes. 

Y si faltaba un elemento para sumar a la confusión general, los directivos de las prepagas en teoría beneficiadas por la medida dieron a entender en encuentros reservados que hubiesen preferido no modificar un esquema de asociación con obras sociales que les resultó virtuoso por décadas. En una reunión que mantuvo Lingeri con Claudio Belocopitt, de Swiss Medical, Julio Fraomeni, de Galeno, y directivos de OSDE, los empresarios admitieron que asumir por completo la cobertura de afiliados que hasta ahora ingresaban por las ventanillas de las prestadoras sindicales los privará de los beneficios de esa alianza: desde la amortiguación de conflictividad que representa tener a un gremio por delante hasta la gestión de reintegros por tratamientos complejos y de discapacidad que le es propia al sistema de obras sociales. 

Es que a partir de la desregulación de Carlos Menem, las prepagas pasaron de ser un bien de lujo destinado a empresarios o ejecutivos de altos ingresos a un elemento habitual de la canasta de la clase media gracias a la asociación -total o parcial- que establecieron con obras sociales sindicales. En la actualidad se calcula que de los más de 5 millones de afiliados del sistema privado, cerca de 4 millones lo son por derivación de aportes de 1,3 millón de trabajadores en relación de dependencia que se integraron a prepagas junto a su grupo familiar. Sobre los traspasados en los últimos días el Gobierno no dio precisión alguna de los eventuales beneficios: de hecho en el sector advierten que eliminar la intermediación de las obras sociales dejará a los afiliados sujetos a los valores de mercado de las prepagas, en general superiores para los suscriptores directos que para los desregulados. 

A tal punto el entendimiento obras sociales-prepagas funcionaba sin fisuras que el Gobierno debió presionar sobre los privados para que se incorporaran como "agentes del seguro de salud", es decir posibles receptores directos de trabajadores provenientes de obras sociales, con una equiparación fiscal con las prestadoras sindicales. Lo reconoció el propio ministro de Desregulación Federico Sturzenegger al defender la resolución de la SSS en sus redes sociales: "las reformas, lamentablemente, no son un proceso automático e instantáneo. Uno hace una parte, ve luego que había otra norma que complicaba, se demoran las reglamentaciones, por momentos el sector privado no acompaña (espera a ver qué onda), se producen extorsiones varias, hay detalles para corregir, etc. etc. Lo importante es perseverar", admitió. 

El traspaso compulsivo que apunta a un universo máximo de 4 millones de personas es el último eslabón de una cadena que la gestión libertaria arrancó con el DNU 70/23 con la equiparación administrativa entre obras sociales y prepagas. El año pasado continuó con otras normas en igual sentido y con una oleada de inspecciones de la SSS a prestadoras sindicales que repetían una mecánica: una combi ploteada con las siglas del organismo estacionaba en la puerta de una obra social y de ella descendía un grupo de entre 14 y 15 inspectores que reclamaban la puesta a disposición de documentación que habitualmente las autoridades de esas entidades presentan de forma digital. En algunos casos, como coincide el relato de un puñado de dirigentes, a la visita masiva le sucedía otra más íntima donde se enumeraban alternativas menos drásticas de administrar la relación.