Por: Lucas Molinari.

El gobierno de Milei avanza como topadora. Enfrente se va conformando un bloque de resistencia que lidera la Confederación General del Trabajo. El primer round será este miércoles 24. Todos los mecanismos organizativos, tanto sindicales, sociales y culturales, se encaminan a movilizar frente al Congreso.

La concentración será en la Plaza, allí estarán gremios y movimientos sociales. Luego se irá desplegando por Avenida de Mayo la convocatoria.

¿Y el protocolo?

Pareciera que el gobierno nacional puso como condición que no se corte Avenida 9 de julio. Veremos cómo se desarrolla la jornada desde temprano. Habrá que ver qué show planea Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.

Consultamos a Jorge Sola, secretario de prensa de CGT, sobre este pedido de respetar el tránsito en 9 de julio y no confirmó nada. Sólo aclaró que están hablando con Ciudad de Buenos Aires, pero con Nación no.

“Nadie quiere kilombo”, analiza un militante que presencia las reuniones organizativas.

“El protocolo es un show más de esta señora. Es una ridiculez. Va a haber provocaciones, va a querer detener los camiones, los trenes, los colectivos, las entradas a la ciudad, espero que sea todo en paz. Los laburantes se quieren manifestar. Si no nos dejan entrar, haremos 200 actos en todas las autopistas con miles y miles de laburantes, pero no creo que ocurra eso”, declaró Pablo Moyano en diálogo con Radio Gráfica.

Gildo Onorato de UTEP comenta que serán unos 60 mil del área metropolitana. Esto se replica en los sindicatos, las comitivas de las provincias no serán tantas. En el Plenario de Regionales de CGT se acordó realizar actividades en las Provincias, para darle un carácter federal a la medida de fuerza (y evitar el altísimo costo de transporte).

Pero todas las miradas estarán en medir esa Plaza del Congreso Nacional.

¿Habrá oradores? ¿Se leerá un documento? Esto mañana lunes se irá definiendo. Claramente la CGT dirige pero habrá que ver si puede canalizar, organizar la conflictividad.

El histórico edificio de la central obrera está recibiendo a sectores del deporte, de la cultura.

El escenario es catastrófico y el desafío es enorme.

¿Se podrá articular un Bloque Social contra el gobierno?

Por lo pronto, podemos repasar algunas declaraciones y peleas. También hechos que describen un dolor social ascendente, como la masacre en González Catán.

Empecemos.

Pablo Moyano, en la entrevista con Gráfica valoró el Plenario de Regionales del 10 de enero: “Hemos acordado que cada regional convoque a cada gobernación para exigirles a diputados y diputadas que digan públicamente ´o estoy a favor de los trabajadores o estoy a favor de los empresarios”.

Esta semana la CGT sacó un comunicado denunciando reuniones que se han desarrollado en el Hotel Savoy, con diputados de los bloques dialoguistas. Moyano lo comparó con la “ley Banelco” que en el 2000 impulsó la reforma laboral y terminó con el escándalo de las coimas en el Senado.

Pero ahora, las corporaciones están en la vanguardia de este proceso de avance antinacional: “La reforma laboral fue redactada por Paolo Rocca y por Mercado Libre. Cada sector de los empresarios redactó una parte: ´vos redactá la industria azucarera, vos el monopolio azucarero, vos la ley de pesca, vos paolo rocca la reforma laboral´. Es una ley a la medida de los empresarios, cada cual aportó cuál iban a ser sus beneficios cagándose en el país, en los jubilados, en los laburantes“, declaró el camionero y co-secretario general de la CGT.

Finalmente, Pablo destacó la reunión de gobernadores, intendentes, diputados, dirigentes sindicales y sociales de esta semana: “Se planteó hacer una autocrítica necesaria y empezar a construir desde el peronismo”.

Tras ese encuentro, Axel Kicillof anunció un apoyo al paro en clara oposición al gobierno nacional y planteó que no habrá descuentos a quienes se adhieran. También participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y de manera virtual Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Faltaron provincias que gobierna el peronismo como Tucumán, cuyo gobernador Osvaldo Jaldo, el martes 21 de noviembre, a menos de 48 horas de la victoria de Milei, anunció un recorte del 13% del presupuesto provincial.

En AM 750, Andrés Rodríguez, titular de UPCN y adjunto de CGT, habló de la falta de interlocutores con el gobierno: “El ministro interior (Guillermo Francos) vino a hablar con la cúpula de la CGT y había comprometido unas reformas que es donde podríamos discutir alguna, digamos, en forma puntual, pero no era preocupante en el contexto en que se producía esta realidad. Lamentablemente, cuando se descargó el DNU en el Congreso, vimos que era otra realidad totalmente diferente. Tal vez no tuvo la culpa el ministro. Tal vez hubo otras manos que pusieron una serie de articulados que no estaban establecidos. Por lo tanto, eso lamentablemente rompió el diálogo, es decir, esta promesa incumplida. De cualquier manera, nos parece insólito que el gobierno, porque la medida fue decretada con cierta anticipación, y la lógica hubiese sido que el gobierno nombrara interlocutores válidos como para intentar, por lo menos, una suerte de diálogo y un punto de equilibrio. No lo hizo en ningún momento. Así que nosotros, por supuesto, mantuvimos entonces esta medida de fuerza”.

Rodríguez, continuó: “Es una lástima porque todo gobierno tiene que tener operadores, no solamente para hablar con el sindicalismo, para hablar con los partidos, para hablar con el Congreso, gente que tenga sustentabilidad, que lógicamente va a operar en una situación para encontrar un punto de equilibrio. Si no lo hacen, nuevamente, concluimos que es un criterio autoritario donde predominan algunos sectores que nuevamente quieren arrasar con todo y lamentablemente se van a encontrar con resistencias como la que estamos teniendo”.

¿Se llegará a un “punto de equilibrio” como pide Rodríguez después del paro? Quizá faltó repreguntar en esa entrevista qué implica ese posible acuerdo. Por ejemplo, ¿cuántas empresas del Estado se aceptaría que privaticen?

Respecto a las privatizaciones, el rumor es que podrían quitar de la lista a YPF, Banco Nación y Arsat.

¿Y los medios públicos?

Agustín Lecchi, secretario general de Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), contó para esta edición: “Nos reunimos con Facundo Manes, Margarita Stolbizer, Unión por la Patria y el FIT. Si bien nos preocupa el intento de privatización de los medios públicos y otros temas vinculados a la comunicación como el intento de cierre de la Defensoría del Público o los programas de financiamiento de medios comunitarios que garantizan pluralidad de voces, desde SiPreBA expresamos nuestro rechazo a toda la ley ómnibus así como el DNU. Vamos a intentar dialogar con todos los bloques parlamentarios para expresarles nuestra posición”.

Carla Gaudensi y Agustín Lecchi de FATPREN reunidos con Margarita Stolbizer.

Lecchi plantea la necesidad de construir de manera frentista para frenar esta avanzada arrasadora del gobierno que ahora extendió las sesiones extraordinarias, en un Congreso en el que todo indica que ya tiene los votos de los bloques dialoguistas. Se discuten cuestiones de forma, pero en el fondo vemos una dirigencia subordinada a los grupos económicos autores de la ley ómnibus.

Es interesante detenerse en la situación del empleo público. Esta semana UPCN y ATE han logrado un 16% de aumento que se hará efectivo en el cobro a principios de febrero.

Flavio Vergara, dirigente de ATE, explicó a Gráfica que proyectan la paritaria como un “ámbito de pelea” y que buscan conformar “una mesa para discutir despidos” con el gobierno que viene anunciando un brutal recorte, que aún no se hizo efectivo.

“De los 7500 que iban a echar por ahora van por los 2000”, apuntó Vergara, que agregó como ejemplo, que “hay sectores enteros que lograron justificar la criticidad del personal y que hasta ahora no tuvieron una sola cesantía”.

Lo que se prevé es que el gobierno vaya por el trabajador contratado de la peor manera (monotributo): En lo que fue el ministerio de las Mujeres hay 400 personas en esa situación.

Ahora bien, lo que resultó de la reunión paritaria de esta semana, Vergara lo define como “esquizofrénico”:

Porque por un lado despiden y por otro los funcionarios del gobierno nacional se comprometieron a continuar con el plan de regularización del empleo público. Esto significa que se garanticen los 6000 concursos que están en curso, otros 5500 que están en otros niveles de selección y unas 4500 vacantes que están esperando ingresar al proceso para acceder a planta permanente.

Es decir, que los sindicatos lograron que se firme un acta donde se define el proceso de regularización de111l empleo público como legal, legítimo y virtuoso.

¿Implica que este gobierno va a pasar a planta permanente a más trabajadores que el gobierno de Alberto Fernández?

Está por verse. El rumor que corre en las oficinas del Estado Nacional es que a fin de marzo se vienen despidos masivos.

Otro de los puntos de la paritaria de estatales de esta semana es que, mientras los 135 mil trabajadores del estado cobrarán un 16% de aumento a comienzos de febrero, en esas primeras semanas del próximo mes habrá nuevamente una instancia de negociación. El planteo de ATE será conquistar un 10% de aumento adicional para las categorías más bajas.

A comienzos de enero se conoció el recorte en “horas extras” que funcionaban como compensación a salarios de indigencia (en algunos casos representaban el 50% del sueldo).

Veremos si la articulación de ATE y UPCN puede ser una trinchera al desguace que esta semana esbozó el secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, Armando Guibert. Un setentón menemista de los hicieron la Reforma del Estado en los ´90.

La clave siempre estará en la unidad que pueda construirse por abajo.

Armando Giubert

Luego, vale poner el foco en una industria que hace tiempo podría generar más empleo registrado y que también puede entrar en retracción en esta etapa. Nos referimos a la Industria Aceitera. El saqueo que se planifica es tan alevoso, que en el entramado agroexportador también se va a primarizar.

Lo explicó el titular de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, en una entrevista con Radio Gráfica (en una semana en la que lograron por paritaria un básico de casi 1 millón de pesos): “En el sector donde estamos nosotros, donde son las empresas más grandes, las que le aportan el 25% del impuesto a las exportaciones al país, le aportan en plata, en dólares, tienen el mismo recargo, ese diferencial que tuvieron en algún momento con respecto a la exportación del poroto de soja y los subproductos industrializados del poroto de soja, hoy están igualados. Entonces conviene más exportarlas sin procesar que procesarlas. Entonces eso puede llegar a generar que la capacidad ociosa de cada industria suba. Si estaban andando al 50%, seguramente van a tener un 60% de la planta parada”.

Esto que dice Yofra, se suma a lo que puede venir en marzo: una nueva devaluación.

El economista Horacio Rovelli explica: “El agro negocio no se conforma con la devaluación del 115% al viernes 19 de enero de 2024, y con el aumento de los derechos de exportación (retenciones del 15%) para las manufacturas de origen agropecuario. Sostienen que la inflación de diciembre de 2023 del 25,5% medida por el IPC del INDEC, y una similar tasa para los meses de enero y febrero 2024, le “licuó” la devaluación y solo liquidan lo mínimo y necesario para cubrir los costos de insumos (principalmente combustible), fertilizantes, plaguicidas, mano de obra, impuestos. Y según la Bolsa de Cereales de Rosario se espera una cosecha record de más de 56 millones de toneladas de maíz, y 50 millones de tonelada de soja. Valúan las exportaciones a realizar este año 2024 en 32.000 millones de dólares”.

Nuevamente, como en casi todas las ediciones del Panorama sindical, nos preguntamos: ¿Por qué el peronismo no vuelve a levantar las banderas del control (nacionalización) del comercio exterior? ¿Será posible, si la Resistencia logra contener al actual experimento Milei, construir un programa de reseteo nacional popular?

En la geopolítica, el Mundo se despliega hacia la articulación de bloques y el comercio por fuera del dólar. El futuro es nuestro si podemos aprovecharlo. Quizá, primero debemos como pueblo organizado esperar a muchos y muchas que todavía le tienen paciencia a la actual gestión antinacional. Se tratará de seguir forjando las Multisectoriales y articulando una conflictividad que irá brotando al ritmo del ajuste.

Ayer, miles de personas marcharon en el Avellanedazo, con fuerte participación de los clubes de barrio.

#AVELLANEDAZO

La construcción de la Multisectorial, la preocupación por los tarifazos y la crisis social.

Testimonio de Walter Arena, presidente del Club José de San Martin. pic.twitter.com/oHYPfm84Qj

— Radio Gráfica (@radiografica893) January 20, 2024

Pero, ¿explota? ¿implosiona? ¿Cómo será la respuesta social a lo que viene?

Por lo pronto, lo que se evidencia es un crecimiento del dolor social y la desintegración del tejido comunitario.

En ese sentido, vale comentar la tragedia de González Catán.

Cinco personas murieron en el marco de una asamblea de una toma, el barrio 8 de diciembre, al lado de una tosquera.

Lily Galeano es de HIJOS La Matanza y una referenta de la lucha por la tierra. Fue fundadora del Barrio Nicole en Virrey del Pino. En comunicación con Gráfica relató que el enfrentamiento que terminó en una balacera estuvo relacionado a “una discusión por temas profundamente de la ocupación de tierra, como guardar espacios en común, como para plazas, salitas, jardín, bueno, un sector se negó a que se respeten esas pautas de convivencia, de querer guardar esos terrenos, esos lotes, para uso común, para uso comunitario, y comienza a partir de otros temas, un sector que proponían hacer un censo, porque venían sufriendo, que les estaban revendiendo los lotes. Eso fue un poco el meollo de la cuestión, en una toma que ya venía con conflictos netamente territoriales y donde estaban parados dos grupos grandes, un grupo donde había más compañeros, hermanos de la comunidad boliviana, y otro grupo más minoritario, que eran de otras nacionalidades, como paraguayos, peruanos”.

“Las ocupaciones de tierra tienden a ser conflictivas, tienden a haber discusiones, hemos pasado por otras ocupaciones, que han muerto algunos compañeros, cuando se estaba dando la toma, o en el retiro, o en el repliegue, cuando la policía viene, pero esto fue a la luz del día, con todos los videos que ya se pudieron ver por los medios, y algunos que están acercando a la fiscalía”, continuó Galeano, que ubicó la responsabilidad por lo ocurrido en la ausencia de una política pública activa de vivienda: “En primer lugar, creo que hay una responsabilidad del Estado local, una responsabilidad también de los Estados, provincial y nacional, porque hay una ley, la 14.449, una ley de acceso justo al hábitat, que le brindaría una cobertura a todas las ocupaciones que van surgiendo, que van naciendo. Con esa ley, se conforma el Consejo de Hábitat, que en La Matanza está en discusión en el Consejo Deliberante, y no está funcionando, no están elegidas las personas. Es una mesa tripartita, con referentes las organizaciones, con el Estado municipal, también con algunos otros, las centrales sindicales y todas las organizaciones que les interese trabajar todo el tema de hábitat”.

Ante la falta de Estado, “los barrios crecen, crecen, van naciendo alrededor de otros barrios, ocupando terreno, utilizando el cableado, agregando al cableado de la luz de los barrios colindantes, como también agregando desde las redes de agua, pudiendo agregar más cañerías de agua para su barrio, entonces van rompiendo de alguna manera las cañerías, los transformadores, que no dan abasto…”

Todo esto sucede en un contexto “donde hay muchas tierras ociosas, donde hay fábricas grandes, fábricas que tienen en su interior, poseen grandes hectáreas de tierra, y se podría ver todo ese banco de tierras que también está armado en La Matanza, pero que no tenemos acceso a saber cuáles serían las tierras que se pudieran trasladar los vecinos que ocupan en lugares donde no se podría construir nada, al lado de los ríos, o como en este caso, en una tosquera de González Catán, que hoy funciona como pileta de los humildes. Los jóvenes de los barrios populares, van a bañarse a ese lugar, muchas veces, hay muchas desgracias que han ocurrido en ese lugar”.

La tosquera y la toma en González Catán

Finalmente, Lily Galeano afirmó: “Siempre donde el Estado no pueda estar presente o las organizaciones sociales no podamos estar poniendo los mojones organizativos, en el territorio hay una puja. Primero que hay un intento de romper el tejido social del barrio. Se hace mancomunadamente, no lo hacen solo personas sueltas de mal vivir, sino que lo hacen unidos a otras, a fuerzas de seguridad locales, a fuerzas de seguridad de otros lugares, al alquiler o lo que fuera de mano de obra desocupada, dispuestos a venir, como en este caso, como francotiradores. En los territorios hay una gran descomposición social”.

La falta de tierra para vivir y para producir no es un problema nuevo, se viene agravando año tras año con el proceso de especulación inmobiliaria y la falta de planificación desde el Estado.

Muchas tareas por delante, como recuperar experiencias exitosas de construcción popular del hábitat, necesitan primero un Movimiento Nacional pujante, con una dirección que no sea parte del negocio, sino de la solución.