La ministra de Trabajo Raquel «Kelly» Olmos formuló estos conceptos al analizar una propuesta de reducción de la jornada laboral, que fue respaldada por sindicalistas y diputados del FDT y de la izquierda, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) se opuso a esos proyectos y Juntos por el Cambio (JxC) planteó sus reparos con argumentos sobre dificultades en la diversidad del mercado del trabajo.

Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, recordó que la ley vigente -que establece 48 horas semanales- data de 1929 y consideró necesario iniciar un debate «para modernizar y actualizar la legislación laboral», que cumplirá un siglo dentro de cinco años.

«Es la primera pero no va a ser la última. Vamos a hacer muchas más reuniones», anunció la diputada del FDT y anticipó que la CGT «va a estar presente en la próxima reunión» de ese grupo parlamentario de trabajo.

La titular de la cartera laboral Kelly Olmos expresó: «Nosotros como ministerio apoyamos esta iniciativa y promovemos que, de adoptarse una modificación hacia la reducción de la cantidad máxima de horas de trabajo autorizadas semanalmente, se haga de manera escalonada”.

«No se puede hacer de un día para el otro porque tiene que haber un horizonte de previsibilidad en relación a esa modificación», aclaró.

Propuso que, a partir de que se fije ese máximo de horas, «se fortalezca la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la distribución de las horas máximas autorizadas adecuadas a cada actividad».

Destacó que, si se opta «por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social».

«Si uno ve el mapeo mundial no hay una posición común como tampoco hay un desarrollo homogéneo entre los países», apuntó Olmos.

La comisión analiza siete proyectos, de los cuales cinco corresponden al oficialismo -presentados por Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza- y dos a legisladores de la oposición, impulsados por el socialismo (Enrique Estevez) y por el Frente de Izquierda (Nicolás del Caño).

Por su parte, Ormaechea -autora de una de las iniciativas- destacó la importancia de avanzar en la reducción de la jornada laboral y señaló que ese tipo de debates se dieron «en todo el mundo con pruebas pilotos con resultados muy favorables».

«Esta ley va a mejorar la distribución de los puestos de trabajo y en algunos sectores también la creación de puestos», pronosticó.

Otro de los autores, el legislador oficialista Eduardo Valdes, advirtió que «los países de mejor índice de Gini son los que redujeron el horario laboral, como Noruega, Dinamarca y Alemania» y agregó que esas modificaciones también son discutidas «por la derecha inglesa», algo que a su entender prueba que no se trata de una cuestión «ideológica».

Del encuentro participaron además de la ministra de Trabajo, representantes de la CGT, CTA de los Trabajadores y Autónoma y especialistas de la Unión Industrial Argentina (UIA), así como de la Corriente de Abogados laboralistas «7 de Julio».

El vicepresidente del departamento de Política Social de la UIA, Julio Codero, celebró del debate, pero recomendó entender que el derecho al trabajo «está protegido por pactos internacionales suscriptos por la Argentina” y pidió dejar la discusión «en manos de la autonomía de la negociaciones colectivas».

A su vez, Ricardo Peidro CTA Autónoma, dijo que la reducción de la jornada laboral «está en el ADN de nuestras organizaciones» y subrayó que «en Argentina la jornada laboral es una de las más altas de la región».

Desde la oposición, el radical Martín Tetaz, se definió como «un fan de la reducción laboral» pero advirtió que el mercado «es muy heterogéneo” y que en todos los sectores «no se podrá compensar la reducción de horas con aumento de la productividad, por ejemplo en los servicios de cuidado de personas.

También participó en forma virtual Cristina Faciaben, integrante de la Secretaría Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, quien señaló que en ese país se determina por convenio colectivo «un máximo de 9 horas» y desde su espacio se defiende «el derecho a la reducción tiempo de trabajo», pero como una «elección y no una imposición».

Pablo Anino, editor de economía de La Izquierda Diario, declaró: «Reivindicamos la idea de que pueda salir la reducción de jornada porque permite elevar las perspectivas de la clase trabajadora y sería una mejora en cantidad de puestos de trabajo».