Por Mariano Martín

Bajo la premisa de reclamar un entendimiento acotado, por ocho meses, y que asegure que el salario docente se impondrá a la inflación de 2022, ayer arrancó la paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios de la actividad educativa. La discusión incluyó un pedido de revisión final del acuerdo del año pasado con el objetivo de sumarle cinco puntos al aumento de 50% pactado, casi un punto menos que la variación del costo de vida.

La negociación tuvo su primer capítulo en el Palacio Pizzurno, sede de la cartera educativa, y contó con la presencia del ministro Jaime Perczyk y representantes de los cinco sindicatos docentes nacionales: Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET. El propósito de la paritaria nacional docente, respuesta por la gestión de Alberto Fernández luego de haber sido discontinuada en el gobierno de Cambiemos, es fijar un piso común del sueldo de los educadores en todo el país. A continuación cada distrito se encarga de adecuar esa base a los ingresos de sus respectivos trabajadores.

Con una estrategia unificada, los gremialistas establecieron un pliego de pedidos con tres ítems: presencialidad protegida en la actual instancia de la pandemia; recuperación efectiva del poder adquisitivo del salario docente, e inversión para infraestructura escolar. El último tramo de la discusión del año pasado, en noviembre, fijó un piso salarial de 41.250 pesos que rige en la actualidad para un cargo o su equivalente.

Sobre el primer punto el los dirigentes marcaron la necesidad de reforzar la campaña de vacunación en el ámbito educativo y de disponer la aplicación libre de la tercera dosis para el personal docente y auxiliares. Respecto de los sueldos se solicitó, además del refuerzo de 5 puntos por 2021, un aumento de un porcentaje “importante” para la eventual primera cuota de la escala de ajustes para este año. También, una vigencia hasta agosto de lo resuelto y monitoreo permanente de la paritaria para garantizar una efectiva superación de los valores inflacionarios a lo largo de esos meses. Y en cuanto a la inversión se habló de infraestructura, compra de barbijos y materiales de higiene y sanidad, y de un programa para apuntalar la revinculación de los estudiantes que hubiesen abandonado durante la pandemia.

Sin hablar de porcentajes, al menos abiertamente en la primera reunión, el ministro dijo estar “trabajando para comenzar un ciclo lectivo con presencialidad plena y segura y para recuperar la normalidad escolar, que es en definitiva la normalidad social”. Y aseguró: “nuestro compromiso es que las trabajadoras y los trabajadores de la educación no pierdan frente a la inflación. Es fundamental que puedan recomponer el salario para recuperar el poder adquisitivo”.

Acompañaron al funcionario su jefe de Gabinete, Daniel Pico; la secretaria de la cartera nacional, Silvina Gvirtz; el secretario del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango, y los dirigentes Ernesto Cepeda y Sara García, por AMET; Roberto Baradel, Eduardo López, Luis Branchi, Sonia Alesso y Juan Monserrat, por Ctera; Sergio Romero, Vicente García Isfrán y Roberto Cabanas, por UDA; Marina Jaureguiberry y Jorge Luis Kalinger, de Sadop, Laura Man, Fabian Felman y Omar Aita por CEA. También estuvieron miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación: las ministras y los ministros provinciales Juan Pablo Lichtmajer (Tucumán); Aldo Fabián Lineras (Chaco); José Manuel Thomas (Mendoza); María Cecilia Velázquez (Santa Cruz) y Alberto Sileoni (Buenos Aires).