Diego Lanese.

Luego de la masiva marcha realizada el jueves pasado de Congreso a Plaza de Mayo, los gremios universitarios se reunieron este lunes con autoridades del Ministerio de educación, en el cuarto encuentro de la paritaria 2019. En esta oportunidad, el gobierno llevó un nuevo ofrecimiento, que mejoró hasta el momento lo ofrecido en las anteriores oportunidades, lo que hizo que se ponga en marcha el sistema de consulta a las bases de cada organización, buscando cerrar el conflicto. Así, durante esta semana los sindicatos realizarán consultas a través de asambleas, plenarios y otras formas de organización, para llevar una respuesta concreta el próximo lunes, día que termina el cuarto intermedio abierto luego de la reunión.

“Hubo un avance, el gobierno decidió mejorar la oferta ante la contundencia de la protesta de la semana pasada”, coincidieron en los gremios, que ahora esperan que sean los propios docentes los que terminen de definir si se acepta o no. El nuevo esquema de aumento paga cuotas fijas de aumento durante el año, más el blanqueo de sumas otorgadas en otras paritarias, más dos cláusulas de actualización automáticas por inflación. Un informe difundido en medio del conflicto habla de los problemas presupuestarios de las universidades, y del desfinanciamiento del sector, otro de los temas que preocupa a los sindicatos.

La nueva reunión paritaria tuvo lugar este lunes en el Palacio Pizurno, sede del Ministerio de Educación. Luego de tres ofertas que fueron rechazadas de plano por los gremios, esta vez hubo un mejoramiento de los números, por primera vez desde que se inició la discusión, según lo que informaron los representantes de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), CONADU y CONADU Histórica.

La nueva oferta salarial establece una recomposición del 4 por ciento en mayo, 4 por ciento en julio y 8 por ciento en septiembre, teniendo el 44 por ciento del básico de abril como base de la discusión. Además, se agregan cláusulas de actualización automáticas en septiembre y en febrero. También se ofertó la incorporación al básico el 5 por ciento correspondiente a enero, y se hará bonificable un 7 por ciento en agosto y otro 7 por ciento en noviembre. Y se remunerará el total restante en el mes de diciembre.

Por último, a partir del mes de enero de 2020 habrá una recomposición del nomenclador y un porcentaje que corresponda a jerarquización. A su vez, se fijará el presupuesto correspondiente destinado al programa para regularizar la situación de una parte de los docentes ad honorem.

Luego de la oferta, se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 27 por la tarde, cuando los gremios lleven la respuesta. Las organizaciones adelantaron que llevarán su discusión a los gremios de base, para que sean ellos quienes definan la postura ante este ofrecimiento. “Bajamos la oferta a nuestras bases, para que la analicen”, le confirmó a Gestión Sindical el titular de CONADU Histórica, Luis Tiscornia.

Si bien este gremio suele tener la mirada más contraria a los ofrecimientos del gobierno –de hecho el año pasado no firmó el acuerdo –por el momento no se adelantó la valoración del nuevo esquema salarial. “A medida que pasen los días sabremos como lo analizan los docentes”, sostuvo el dirigente.

Lo mismo hará el mayoritario CONADU, que celebró que se haya dado muestras de “escuchar a los docentes, que la semana pasada se expresaron en contra de la política del oficialismo”. Este gremio emitió un documento donde remarcó que “la nueva propuesta salarial contempla varios reclamos de la CONADU”, que mañana martes “serán debatidos en el marco del plenario de secretarios generales”.

Por su parte, desde FEDUN también esperan la respuesta de sus gremios. Fuentes de la entidad que lidera Daniel Ricci le adelantaron a Gestión Sindical que por una cuestión de tiempo “no hay un llamado a plenario de secretarios generales”, lo que se hará es “que cada gremio discuta su postura y luego sea trasmitida a la conducción nacional”. Sobre la propuesta, en FEDUN consideraron positivo la mejora, y recalcaron que por primera vez se hace una oferta “que merece ser discutida”.

La semana pasada, todos los gremios de la docencia universitaria, más los no docentes y los estudiantes, realizaron una masiva marcha de antorchas, reclamando mejoras salariales y denunciando la política de desfinanciamiento del gobierno de Mauricio Macri. Como en los últimos tres años, los gremios mostraron unidad en acción para reclamar no sólo por la cuestión laboral, sino para remarcar los problemas que existen en materia de presupuesto.

En este sentido, en estos días el instituto IEC de CONADU difundió un trabajo donde analizó los primeros tres años de gobierno de Cambiemos en materia de presupuesto universitario, que “deja en evidencia el sostenido proceso de deterioro ocurrido desde entonces en el financiamiento de las universidades nacionales”.

“La menor prioridad de la educación en general y de las universidades en particular pueden comprobarse tanto en términos de su participación del PBI, de su evolución con respecto a los índices de inflación o en cuanto a su participación en el presupuesto total, donde pierden peso frente al crecimiento acelerado de los servicios de la deuda externa”, señala el trabajo.

Los números presentados por el IEC marcan que “el gasto pasó de representar el 0,85 por ciento del PBI en 2015 a 0,75 por ciento en 2018 (en un PBI sustancialmente contraído, además), con un pronóstico aún más negativo para este año”.

El aumento de dinero recibido fue muy por detrás de la inflación en el período (casi 24 puntos menos), por lo que, en términos reales, las casas de estudios perdieron un 10 por ciento en su poder de compra en solo tres años”, denunció el informe, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

El IEC remarca que el nivel de ejecución presupuestaria, al concluir el año 2018, “fue el más bajo otorgado durante todo el período del gobierno de Cambiemos, ya que quedaron sin ejecutar 6.200 millones de pesos”. Las principales causas de la caída “son principalmente el retraso del presupuesto universitario frente al proceso inflacionario y la sub ejecución de las partidas disponibles, pero también la reducción del financiamiento a universidades proveniente de convenios con organismos públicos”.