El sostén de una pauta de 15% para los aumentos salariales de este año llevó al Gobierno a revisar la letra chica de los Convenios Colectivos de Trabajo. En ese afán el Ministerio de Trabajo le hizo saber a la Asociación Bancaria, un gremio que ya arrancó su paritaria y puede convertirse en faro para el resto, que de no allanarse a ese tope podrá perder algunas prerrogativas como la percepción de la cuota solidaria del 1% sobre los sueldos de cada empleado del sector financiero. Se trata de un ítem clave para el sindicalismo tradicional, con muchas organizaciones que retienen desde un 0,5% hasta el 4% por cada trabajador no afiliado al gremio en acuerdo con las respectivas cámaras empresarias.

La contribución que cada año renueva el sindicato a cargo de Sergio Palazzo figura en los acuerdos del sector desde los tiempos de su antecesor, Juan José Zanola, y mereció objeciones judiciales con algunos fallos contrarios que se aplicaron a cada caso particular. El instrumento también llegó a juicio en otros casos e incluso la Corte Suprema, en 2014 ante una demanda contra el sindicato de la industria de la pintura, falló en el sentido de poner un límite a la capacidad pactarlos por parte de empleadores y gremialistas.

Por la cuota vigente en La Bancaria hubo esta semana una reunión reservada entre Palazzo y el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau. El dirigente había sido anoticiado por los banqueros de la posibilidad del fin de la contribución solidaria con el cumplimiento del plazo del acuerdo paritario del año pasado, el 31 de diciembre. Fue una novedad para el gremialista, que cada año volvía a incorporar casi de manera automática esa retención de 1 por ciento.

Para la cartera laboral, en dificultades para encarrilar las paritarias de este año en la pauta oficial y más aún desde el escándalo que salpica al ministro Jorge Triaca, representó un elemento nuevo de presión hacia Palazzo. La discusión quedó pendiente pero el dirigente, que reclama para este año una suba de al menos 15% más la posibilidad de instauración de una cláusula gatillo por eventuales disparadas inflacionarias (la herramienta que promocionó el año pasado el Ejecutivo y que en este caso planea erradicar) supo que de no hacer concesiones podría perder validez la cuota solidaria en su gremio.

La contribución representa un ingreso determinante para gran cantidad de sindicatos. Se aplica, a pesar de su denominación, de manera forzosa a todos los no afiliados al gremio bajo la presunción de que a pesar de no formar parte de esa organización cada uno percibe de igual modo los beneficios de la gestión salarial de cada año. Como suele suceder en el fuero laboral hubo fallos en uno y otro sentido pero las organizaciones mantuvieron intacta su percepción.

Por tratarse de una erogación de cada trabajador no implica un gasto extra para el empleador, que actúa sólo como agente de retención. En ese sentido terminó por convertirse en un elemento clave para las paritarias al garantizar un ingreso al sindicato adicional al aporte de los afiliados y al correspondiente por ley para la obra social. De hecho en las cámaras patronales también existen cuotas forzosas que cobran de sus asociados en función de sus nóminas de trabajadores, como en el caso de la metalúrgica Adimra con las firmas de la actividad. Entre los casos paradigmáticos de vigencia de las cuotas solidarias figura el de Camioneros, el sindicato de Hugo Moyano, que percibe de cada chofer un 3% descontado de su sueldo por ese concepto, que se suma a otros ítems no presentes en general en los Convenios Colectivos de Trabajo como un aporte de 1,5% en concepto de seguro de sepelio. También se benefician de este tipo de contribuciones forzosas de los no afiliados otros sindicatos como la Unión Tranviarios Automotor (UTA, 1%) o el gremio de los empleados de entidades civiles y deportivas (Utedyc, 2%), mientras que Comercio, de Armando Cavalieri, logró años atrás incorporar un descuento por un monto que en la actualidad es de $100 por cada empleado mercantil aunque con destino a la obra social Osecac. Otros sindicatos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pactaron un descuento por cada operario pero que debe pagar el empleador.