El gobierno de Alfredo Cornejo ha mejorado este año -con respecto a 2016- el número de empleados públicos que recibirán su aumento salarial por acuerdo paritario. Y -por lo tanto- ha disminuido el número que lo cobrará por decisión del Ejecutivo ante la falta de un entendimiento con las conducciones gremiales.

También mejorará la cantidad de acuerdos alcanzados sobre el total de negociaciones realizadas: ya tiene 12 cerradas y 3 a punto de concluir satisfactoriamente sobre un total de dieciocho.

Pero la trabajosa mejoría conseguida por el gobierno en su relación con los sindicatos estatales lo mantiene aún lejos de que los entendimientos se acerquen a involucrar a la mitad del personal del Estado.

Es que persisten las desinteligencias salariales con el SUTE -el mayor sindicato estatal de la provincia, que aglutina al 53 % del personal del Estado- y esto impide el mega acuerdo que daría vuelta la balanza.

Todo indica que en 2017 tampoco habrá mega acuerdo. Salvo una sorpresa difícil de imaginar, mañana se formalizarán estas desinteligencias cuando el SUTE comunique su rechazo y sus paros y el Gobierno su aumento por decreto.

Si el año pasado sólo uno de cada cinco estatales pudo acordar su aumento salarial a través del sindicato de su sector, este año lo terminará consiguiendo uno de cada tres.

El 80 % de los estatales que en 2016 recibieron su aumento por decreto, bajó este año al 67%, fundamentalmente por los acuerdos alcanzados con ATE en la Salud y la Administración Central y con la mayoría de los gremios de reparticiones y organismos descentralizados.

Hay que hacer notar que entre los estatales existe un 10% fijo que no interviene en paritarias por ser parte de las fuerzas de seguridad, como los policías y penitenciarios.

Dos han sido los protagonistas clave en las negociaciones paritarias, para que los entendimientos hayan avanzado este año 13 puntos porcentuales en cantidad de empleados involucrados, con relación a 2016.

Son el subsecretario de Gestión Pública, Ulpiano Suárez por parte del Gobierno y el secretario general de ATE, Roberto Macho, por la Asociación Trabajadores del Estado.

El funcionario de gobierno encabezó personalmente las negociaciones y se dedicó a buscar alternativas sin salirse del riguroso libreto oficial.

El dirigente sindical sorprendió al ponerse a la cabeza del giro mayúsculo que imprimió a ATE de un año para otro, en medio de una virulenta crisis interna en la conducción.

El año pasado, el gobierno provincial acordó con Ampros, UPCN y ATSA, pero apeló al decreto con los sindicatos de sectores más numerosos: SUTE, ATE y Judiciales.

Este año, reiteró acuerdos con Ampros y UPCN y sumó un entendimiento estratégico con ATE (Salud y Administración Central). También cerró con una decena de sectores chicos (Parques y Zoológico, Fiscalía de Estado, Legislatura, Fondo para la Transformación y Crecimiento, EPAS, Tribunal de Cuentas y Subsecretaría de Trabajo).

Aún negocia con ATSA (que insiste con acercar los extremos salariales de la pirámide de Salud); Vialidad (que reclama “limpiar el bono”) y Contaduría (que quiere la aplicación de su escalafón). Se descuenta que con los tres se llegará a un entendimiento en los próximos días.

El decreto -este año- volverá a apuntar al SUTE, a Judiciales (para el gobierno “sin representantes legítimos”) y al Casino, además de policías y penitenciarios.

A la hora de medir resultados, el Gobierno prefiere contar los acuerdos antes que los empleados involucrados en esos entendimientos. Concluye que llevó a buen término al 83 % de las negociaciones paritarias.

ATE: “cambio de lógica” y “combativos no violentos”

“En ATE hubo un cambio de lógica”, opina el subsecretario Ulpiano Suárez para explicar la nueva postura dialoguista del gremio que -hasta 2016- encabezaba “el sector combativo”.

“El año pasado no consiguió nada para sus asociados y las medidas de fuerza tuvieron un acatamiento mínimo. Este año plebiscitó en las bases y avanza en concreciones posibles por la vía de la negociación”, consideró.

“Seguimos siendo combativos pero no violentos”, aclara por su parte el secretario gremial, Mihail Zagorac.

ATE es el gremio mayoritario en el sector no profesional de la Salud y en la Administración Central. Sus entendimientos con el Gobierno explican el 13 por ciento más de empleados públicos con aumentos acordados en 2017.