La medida fue impulsada a pedido de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA). Según el comunicado oficial, la conciliación obligatoria tendrá una duración de 15 días, durante los cuales ambas partes deberán abstenerse de aplicar sanciones o medidas de fuerza.  

“La conciliación tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes”, destacó el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello. Además, la cartera instó a empresarios y gremialistas a retomar las negociaciones para llegar a un acuerdo. 

Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que el conflicto gira en torno a reclamos salariales y condiciones laborales. Según datos del INDEC, el sector del transporte acumula un incremento de costos superior al 120% en el último año, lo que tensiona las discusiones paritarias.  

Mientras tanto, los usuarios esperan una pronta solución. “Un paro afectaría a millones de trabajadores que dependen del colectivo para moverse. Ojalá no llegue a eso”, comentó Laura Mendez, empleada administrativa y usuaria frecuente del transporte público.  

La resolución del Gobierno busca evitar un nuevo colapso en el sistema, luego de los conflictos registrados en los últimos meses. Ahora, el foco está en las próximas reuniones entre las partes, que deberán acelerar las negociaciones antes de que venza el plazo de la conciliación obligatoria.