Con el objetivo de achicar el gasto público para poder oxigenar las cuentas de la Provincia, el gobernador Mariano Arcioni dio a conocer la semana pasada, a través de sus ministros, un plan de reforma estructural del Estado. Pero la respuesta negativa se hizo contundente desde el PJ que no parece dispuesto a compartir el costo del ajuste.

El nuevo revés para el Gobernador se dio de parte de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) que, inicio un paro por tiempo indeterminado en reclamo del cobro de sus sueldos. La acción no sólo expuso la situación provincial en relación a los sueldos sino que también imposibilitó que el Ejecutivo pueda presentar el proyecto de ley para poder llevar a cabo su plan.

La principal preocupación de parte del Gobierno provincial está en lograr la aprobación de la Legislatura para poder reperfilar un bono Bocade 2026 por 650 millones de dólares, cuyos intereses de 12,5 millones de dólares vencen el próximo 26 de enero.

El objetivo provincial es prorrogar esos vencimientos a 2030 negociando con los acreedores. Para conseguirlo necesitan el 75 por ciento de la aprobación de los tenedores.

Durante la mañana y la tarde de ayer, funcionarios del oficialismo se reunieron con legisladores provinciales con el fin de achicar las diferencias de un proyecto que ya cuenta con la negativa explícita del Frente de Todos y que aún no tiene una respuesta concreta de parte de Cambiemos.

La reforma, que contempla los retiros voluntarios y la suspensión de aumentos salariales por 180 días, entre una gran variedad de medidas, provocó los primeros roces tras el acuerdo electivo por el que pasaron el ChuSoTo y el Frente de Todos.

"Hay límites que no se cruzan. Siempre vamos a estar a favor del trabajador", aseguró en legislador del Frente de Todos a Ámbito Financiero.