Entre las muchas ventanas que abre el cese de actividades y movilización al Congreso de la Nación anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de este mes, se desató una puja entre la conducción de la Federación de Trabajadores de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos Automáticos de Autos y Cocheras (FITESGRA) y las cámaras del sector a raíz del DNU dictado por el presidente Javier Milei.

El punto de polémica se centra en la inclusión de las estaciones de servicio como un servicio esencial, según lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia, que exige una cobertura del 75 por ciento de los puestos de trabajo durante la medida de fuerza.

Juan Manuel "Cacho" García, secretario Gremial e Interior de la Federación, explicó que "en los paros, siempre se estableció una mínima guardia en las estaciones de servicio para situaciones críticas, como emergencias médicas, incendios o asistencia policial". Remarcó que "a raíz de este DNU seguramente la patronal querrá hacer cumplir hasta tanto la Justicia o el Congreso no le den de baja al decreto".

Por el DNU, en huelga hay que prestar un 75% de los servicios

Tanto el DNU como la Ley Omnibus "establece que las estaciones de servicio, como servicio esencial, deben mantener un 75 por ciento de los puestos de trabajo operativos durante una huelga". Al respecto, García apuntó que esta imposición provendría de las cámaras empresarias, que buscarán asegurar el funcionamiento mínimo de los servicios.

En cuanto a la posición de FITESGRA frente al plan de lucha de la Confederación General del Trabajo (CGT), el dirigente confirmó que "respaldamos y aprobamos el cese de tareas y marcha convocada para el 24 de enero, ya que somos parte del Comité Central Confederal que definió la medida". E indicó que las organizaciones de la actividad "defendemos la necesidad de proteger los derechos laborales y buscamos mostrar nuestro desacuerdo con las políticas que afectan a los trabajadores".

García, tanto como referente de la Federación y secretario de Actas de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), manifestó su preocupación por la defensa de los derechos laborales y profesionales de sus representados.

Paro de la CGT: puja entre trabajadores de estaciones de servicio y las patronalesLa CATHEDA fue uno de los primeros espacios en reunirse con el Gobierno

Justamente, la conducción de la CATHEDA fue uno de los primeros espacios gremiales en ser recibida por funcionarios del gobierno. El encuentro se llevó a cabo antes de conocerse el DNU presidencial, cuando todavía no se había desatado la tensión entre el sindicalismo y los libertarios. Los dirigentes fueron recibidos por el secretario de Trabajo, Omar Yasín, que depende del ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, para abordar dos temas clave: el impuesto a las Ganancias y la reforma laboral.

El presidente de la Confederación, Guillermo Pereyra, dijo que cada sindicato pudo plantear su situación en el contexto del país y remarcó que "planteamos que no pueden ser los trabajadores quienes financien los déficits de las provincias".

Como presagio a las medidas de fuerza dispuestas por la CGT, el dirigente entonces avisó: "Fuimos muy claros; vamos a tomar todas las medidas necesarias y tendremos todo el diálogo que haga falta para resistir a ese impuesto tan injusto".

Contra el trabajo informal y sostener el sistema previsional y de salud

Pereyra aseguró que "los principales generadores de trabajo informal son los diferentes estamentos del Estado que promueven contratos precarios con monotributistas, que no tienen los aportes necesarios para sostener el sistema previsional y de salud". Y señaló que "hace falta trabajar en capacitación de los trabajadores para que se puedan incorporar al sistema de trabajo formal". 

Los gremialistas invitaron a Yasín a recorrer la cuenca neuquina para que vea de primera mano el sacrifico de los trabajadores del petróleo y gas para generar ingresos con viajes de horas, jornadas extenuantes y alto riesgo de vida, que luego son confiscados por el Estado a través del IIGG.

Del encuentro participaron, entre otros, Jorge Taboada (Camioneros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Manuel García (estaciones de servicio), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Oscar Mangone (gas), Fabián Hermoso (químicos), Juan Carlos Crespi (Supeh) y Julio Schiantarelli (Federación del Gas).