Se vive una tensa espera en la provincia. El paro general que la CGT nacional ha convocado para hoy es una prueba para el Gobierno nacional pero también para la administración de Alfredo Cornejo, tanto por el nivel de acatamiento, como por su efectividad a la hora de dialogar con actores políticos y sindicales.

Por ese diálogo es que la gestión mendocina espera tener hoy un paro en paz. “Somos un gobierno desconfiado, pero la información que tenemos indica que en Mendoza será una jornada tranquila”, decía un allegado al Gobernador.

Pero más aún, esa confianza en las propias capacidades alimenta la secreta esperanza de que el transporte urbano no acatará el paro masivamente y que el servicio mínimo finalmente será bastante más que el mínimo. Con micros en las calles, la gente que quiera trabajar podrá movilizarse y así el paro no sería total.

Ayer a media mañana hubo una reunión en la Susecretaría de Trabajo. Los empresarios de Autam, los sindicalistas de Sipemom y el Gobierno se sentaron a la mesa. Allí se acordó que hoy habrá un servicio mínimo del 20%, que representa un poco menos de los colectivos que circulan un domingo. Ese mínimo se distribuirá entre las 7 y las 22.

En el Gobierno tienen fe en el titular de Sipemom, Rodolfo Calcagni, y hacen un análisis que tiene en cuenta ingredientes gremiales y políticos. Por un lado, no tiene grandes conflictos: los choferes ganan relativamente buenos sueldos, las relaciones con la patronal corren por carriles normales y no tiene internas que pongan en jaque su predominio.

Pero hay otro elemento que pesa: en la unificación de la CGT, Calcagni fue corrido del centro de la escena y, de ser el jefe de la central obrera, pasó a ser uno más.

Todos estos motivos serían la explicación de la demora de Calcagni en anunciar la adhesión de su gremio al paro de hoy. Algunos juran que el dirigente fue presionado por la CGT para que Sipemom adhiera.

La esperanza del Gobierno tiene límites concretos. Los conocedores del sector transporte explican que en los paros hay acuerdos implícitos que se respetan para que nada se desmadre.

Los empresarios convocan a trabajar a los empleados más desprotegidos (los que están en período de prueba, los que cubren fines de semana, los de poca antigüedad) el resto suelen tomarse franco. Con los que llegan a trabajar se “arma” un 20% de servicio mínimo.

El sindicato no molesta en este “armado” del servicio mínimo a cambio de que las empresas no presten un servicio parecido al de un día hábil que perjudique al sindicalista al interior del movimiento obrero. Se trata de una regulación de hecho en la que nadie pierde y siempre tratando de que la efectividad del paro se sienta a primera hora y que a media mañana vaya cediendo.

Por lo demás, se espera una jornada tranquila en Mendoza. Pero por las dudas, el Gobierno desconfiado sacará más policías a la calle, los dispondrá en los controles de las empresas de colectivos, para alimentar la esperanza de un servicio no tan mínimo, y mucha patrulla para detectar piquetes.

El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, aseguró que el protocolo antipiquetes estrenado en febrero del año pasado (por el que terminaron imputados los sindicalistas estatales Raquel Blas, Roberto Macho y Federico Lorite) sigue vigente y que se les ha pedido a los fiscales que intervengan en los cortes de calle.

En las esperanzas del Gobierno, la CGT nunca podría empañar la jornada; ayer en un acto oficial se señalaba discretamente a una pequeña delegación de sindicalistas que tuvo un breve intercambio de palabras con el Gobernador, sin levantar la voz, sin gestos crispados: “El diálogo es bueno”, decían.

En las pesadillas del Gobierno, los únicos que podrían empañar la jornada de protesta son los sectores más radicalizados, esos que vienen agitando la calle en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, los mismos que tomaron el palco de la CGT el 7 de marzo pasado: los piquetes de la izquierda y una eventual manifestación del sindicalismo kirchnerista.