Martín Llaryora ganó las elecciones que lo sentaron en el despacho principal del Palacio 6 de Julio con la fusta bajo el brazo. El entonces candidato no necesito siquiera hacer campaña. La hizo, muy acotada. Pero dados los números por los cuales ganó, con aplastante diferencia sobre el segundo (Luis Juez), cabe conjeturar que ni siquiera la hubiera necesitado: el gran elector no fue otro que el gobernador Juan Schiaretti, que apuntaló las ambiciones electorales del ahora intendente.

Los vecinos de Córdoba, reacios como lo han sido por décadas al peronismo, dejaron sus recelos de lado el 12 de mayo pasado y lo votaron. Pero no a cualquier peronismo. Votaron al modelo Schiaretti, que venía de desarrollar el plan de obra pública más importante de la historia de la provincia y de poner en caja al sindicato de Luz y Fuerza -hasta hace algún tiempo, uno de los más aguerridos-. Cabe suponer que los vecinos esperaban encontrarse, a partir del 10 de diciembre, con un alter ego del propio gobernador lidiando con el Suoem y el Surrbac en la ciudad. Pero, de momento, no parecen haberlo encontrado.

La nueva gestión municipal se encontró, al asumir, con una CGT Rodríguez Peña totalmente descoordinada. Con su secretario general, Mauricio Saillen, detenido en el marco de una causa por administración fraudulenta y lavado de activos; con su segundo al mando dentro del sindicato, Pascual Catrambone, en idénticas condiciones, y con un Suoem en el que el poder formal y el poder material aparecían disociados, con Beatriz Biolatto ocupando la Secretaría General y Rubén Daniele, histórico líder del gremio municipal, apuntando indicaciones al otro lado de la línea de cal. Como trasfondo, un sinfín de roces e internas entre quienes ocupan la conducción del sindicato.

El sindicato de Luz y Fuerza, como tercer pié de la central “nacional y popular”, tampoco atravesaba -ni atraviesa ahora tiempos dorados, con causas judiciales en que se investiga por fraude contra sus propios afiliados tanto a Gabriel Suárez -secretario general del gremio y secretario adjunto de la CGT Rodríguez Peña- como a buena parte de la conducción. Pero esta debilidad particular del Suoem, del Surrbac y de la central obrera a la que tributan no ha sido tomada por la nueva gestión municipal como una ventaja relativa para negociar acuerdos que le permitan recuperar algunos de los privilegios entregados por gestiones anteriores a estas corporaciones. Podrá objetarse, se entiende, que en poco más de dos meses al frente del Palacio Municipal, poco puede hacerse, y tal observación será parcialmente válida.

Pero lo cierto es que hasta ahora el perfil de la nueva gestión no parece asimilarse en nada al de la administración provincial en cuanto al modelo de gestión practicado por la Provincia en sus negociaciones con los sindicatos.

Atiéndase, por caso, a la forma en la que El Panal se dispuso a lidiar con el sindicato de Luz y Fuerza. Detrás de este conflicto existió una decisión política de avanzar en contra de privilegios injustificados tomados por el gremio y esto le valió al Centro Cívico tomarse más de una molestia. Resultó necesario impulsar leyes que derogaran las ventajas injustificadas del sindicato, tales como energía eléctrica ilimitada y gratuita para los empleados de Epec o ingresos a la empresa estatal decididos privativamente por el sindicato, entre tantos otros. También resultó necesario activar la ley de Servicios Esenciales conformando la comisión establecida por la norma a tales efectos y hubo que lidiar con amenazas directas del sindicato de entorpecer el desarrollo de pública y hasta escraches sufridos por el propio gobernador en actos públicos. Todo esto formó parte de un programa de reestructuración de costos para la Epec. Costó. Pero se hizo.

Del lado de municipio, una decisión política similar para avanzar en contra de dos gremios que se llevan la tajada del león dentro del presupuesto municipal, como lo son el Surrbac y el Suoem, no aparece. Al menos, no de momento.

Por el contrario, en cuanto al primero de estos gremios, la predisposición de la nueva gestión no parece ser la de quien asume que ha de darse un conflicto -incómodo, eso es seguro, pero necesario- para defender los recursos del municipio. Sino que puede verse a algunos de los propios funcionarios municipales compartiendo actividades cuasi-recreativas con dirigentes del sindicato, recogiendo basura de manera conjunta. Esto puede parecer simpático a cualquier desavisado, pero no a quien entienda que el rol del municipio es controlar a quienes prestan servicios públicos, y no necesariamente congraciarse con ellos.

En cuanto al Suoem, las negociaciones están en curso, y quizá falte poco para saber si la nueva gestión comparte (o no) el perfil de negociador duro que el propio gobernador ejerce desde el Centro Cívico.