La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación concretó el jueves último el paso previo a la intervención de la obra social del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac): designó al médico Jorge Antonio Remigio como administrador provisorio de la entidad hasta tanto el Ejecutivo disponga la intervención.

Esa medida había sido solicitada el 16 de julio pasado por el juzgado federal de Ricardo Bustos Fierro en el marco de la causa por defraudación por administración fraudulenta en la que están procesados Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, las máximas autoridades del Surrbac hasta el momento de la intervención del gremio. La misma medida se aplicó también en la mutual sindical.

Según se lee en la resolución 1301 de la Superintendencia de Servicios de Salud, el nuevo administrador asume con el objetivo de "preservar la cobertura médico asistencial de la población beneficiaria de la obra social del Surrbac" y tendrá todas las facultades de administración y ejecución que el Estatuto le otorga al Consejo Directivo de la entidad.

Las razones del pedido

Al momento de solicitar la intervención de la obra social, Bustos Fierro pidió al ministro de Salud, Ginés González García, una actuación urgente y limitada en el tiempo, "con la finalidad de lograr la normalización de la situación propiciada a través de años de irregular conducción".

Esa situación, agregó, "con el paso del tiempo generó en el entorno familiar de algunos de los integrantes de la Comisión Directiva, un cúmulo de bienes, que analizado en perspectiva, ha ocasionado un verdadero estupor en toda la comunidad". Bustos Fierro, además,  recordó que varios de los imputados en esta causa "se encuentran actualmente en funciones dentro de la obra social, incluso ocupando los mismos cargos, mencionando los casos de familiares de los líderes gremiales procesados, como Juan Carlos Saillén (primer vocal titular), Franco Gabriel Saillen (secretario de Actas), Agustín Catrambone y Miguel Catrambone (vocales suplentes)".

El juez también se refirió al "caso paradigmático de Juan Carlos Delgado, quien se mantiene como tesorero de la obra social pese a estar procesado por haberla defraudado justamente desde esa posición", y recordó las intervenciones del propio gremio y la mutual. Finalmente, consideró que "no resulta posible soslayar la circunstancia" que el sindicato, la mutual y la obra social, "no sólo se encuentran vinculadas de manera prácticamente inescindible, sino que el perjuicio que se provoque a alguna de ellas, directa o indirectamente termina dañando al mismo universo de personas, esto es a sus afiliados, o dicho de otra manera: los trabajadores y sus familias".