La paz de Sergio Massa con el kirchnerismo está entrando en un terreno cada vez más peligroso: hasta ahora el ala más radicalizada del Frente de Todos tragó varios "sapos", como el recorte fiscal de 6% en un semestre, las dos versiones del "dólar soja" y una política acuerdista con los "formadores de precios". Pero la pauta oficial del 60% para las paritarias que empiezan a negociarse puede ser un punto de quiebre en esa frágil relación interna.

Las primeras señales ya se vieron en estos días: dirigentes sindicales de alto perfil -como Gerardo Martínez, del gremio de la construcción, y Pablo Moyano, el líder camionero que integra la cúpula de la CGT- ya anticiparon su rechazo a cualquier intento de poner un tope a las negociaciones, que en algunos casos apuntan a ajustes de tres dígitos.

Pero acaso el punto más irritante para el kirchnerismo sea que la política salarial definida por Massa y su colega de la cartera de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, se parezca demasiado a la que en los tres años anteriores impulsó el ex ministro Martín Guzmán.

Con más cintura política de lo que se le atribuía, Guzmán había encontrado la forma de llevar una política ortodoxa pero con un discurso "keynesiano": afirmaba que la inflación era multicausal y que las subas nominales del salario no implicaban un peligro de espiralización de precios, pero en la práctica se cuidaba de que no hubiera desbordes.

Sueldos: la estrategia de Guzmán (¿y la de Massa?)

Su estrategia era simple: es pedía a los dirigentes de los principales gremios, que cerraran apenas unos puntos por encima de la inflación proyectada, que siempre era una cifra que el mercado descreía. Luego de la primera mitad del año, cuando ya quedaría evidente que la proyección oficial quedaría superada, aceptaba las reaperturas de negociaciones con cláusulas de revisión, pero su objetivo de contención en el arranque del año ya había quedado cumplido, sobre todo para aquellos gremios que más influyen sobre el plano fiscal, como los de los trabajadores estatales.

Así, en 2021, Guzmán convenció a los sindicatos de cerrar acuerdos en torno al 35% porque la meta oficial de inflación era de 29%. Claro, el discurso oficial apuntaba que, de esa forma, sería un año de recuperación salarial, pero la realidad era que con una inflación que terminó casi en el doble de lo previsto, las revisiones salariales no alcanzaron a compensar la suba de precios. Así, en el promedio, los salarios estatales perdieron un 3% y las jubilaciones un 9%, en términos reales.

El ministro Massa está encontrando resistencia en sectores sindicales respecto de su pedido para contener los ajustes salariales dentro de la pauta del 60%

Una situación similar ocurrió en 2022: en el arranque del año, con una inflación que el ministro preveía de 33%, grandes gremios como el de los docentes cerraban en 40%, con la felicitación de Guzmán, que calificaba la actitud "responsable". El resultado es conocido: no bien al empezar el segundo semestre, la cifra acordaba ya había sido superada por una inflación fuera de control.

Y desde el kirchnerismo se escuchaban quejas y desafíos a la política oficial: por ejemplo, el reclamo de un bono por decreto o aumentos de suma fija para compensar la escapada inflacionaria. El pedido fue cumplido apenas parcialmente, bajo el argumento, del ex ministro de trabajo, Claudio Moroni, de que el sistema de paritarias funcionaba bien, y que "el mejor salario es el que se puede pagar", una cifra que irritaba particularmente al kirchnerismo.

Fue en ese marco de fisura interna que Cristina Kirchner tensó la situación al felicitar explícitamente a los gremios que se rebelaban contra la línea oficial, como los bancarios de Sergio Palazzo, que tras un conflicto -en el que La Bancaria acusó al Gobierno de jugar a favor de los bancos- firmaron un acuerdo que excedía en 50% el techo que habían pedido los funcionarios.

Salarios vs. inflación: cautela contra la "carrera nominal"

Un año después, no están Guzmán ni Moroni, pero el discurso no parece haberse corrido ni un milímetro. La pauta de 60% coincide con la proyección inflacionaria incluida en el presupuesto 2023, una cifra que muy pocos en el mercado consideran cumplible.

De hecho, la encuesta REM del Banco Central entre los principales bancos y consultores económicos arroja que la expectativa promedio es de una inflación de 98,4%. Y las grandes empresas ya están presupuestando sus rubros salariales para el año con un aumento promedio de 82%, según una encuesta de Willis Towers Watson (WTW).

Massa dio su fundamentación sobre la necesidad de mantener la cautela salarial, en términos muy parecidos a los que daba su antecesor: "El peor enemigo del salario es la inflación. Uno puede tener una paritaria que puede tener el número que uno quiera, pero si la inflación está por encima... Entonces nuestra principal responsabilidad es bajar la inflación para que el salario le gane a la inflación y recupere poder de compra", dijo en una entrevista. 

El ex ministro Martín Guzmán ya había puesto en práctica la estrategia de atar las paritarias a una meta oficial de inflación que luego se vería superada por la realidad

Y, más explícita aun, la ministra Olmos habló sobre el peligro de la carrera nominal de precios y salarios: "Hay una conciencia de los sectores gremiales que de algunos sectores empresarios que, por su capacidad de concentración, muchas veces acceden a aumentar la nominalidad, se dan vuelta y lo vuelvan a precio", admitió.

La frase de Olmos es doblemente para el kirchnerismo: primero, porque plantea el argumento del salario como un posible factor inflacionario; y segundo, porque acepta tácitamente que el Gobierno no considera que pueda tomar acciones para impedir ese traslado automático de los costos laborales a los precios de productos y servicios. Es decir, contradice el reclamo de Cristina Kirchner sobre la necesidad de intervenir en los márgenes de ganancias de las grandes empresas.

El bono salarial tensó la relación

El malestar del kirchnerismo para con la política salarial oficial ya alcanzó un grado alto sobre fin de año, tras el desgastante debate sobre el bono salarial que compensara la erosión de la inflación.

Ni bien asumida en su cargo, y tras un frío recibimiento de parte de la dirigencia sindical, Olmos repitió la línea argumental de su antecesor Moroni sobre lo adecuado del funcionamiento de las paritarias, y destacó cómo el salario había tenido una recuperación de dos puntos desde la turbulencia financiera de julio.

Los sectores cercanos al kirchnerismo fustigaron la demora en tomar la decisión. Fue elocuente esta frase de Pablo Moyano: "Ya hace seis meses que lo vienen estudiando. Te da un poco de bronca, porque donde el campo amenaza no voy a exportar, sale corriendo y le da el dólar soja".

Finalmente, el bono findeañero -$ $24.000 en un pago por única vez, acotado a los trabajadores con ingresos inferiores a $185.000- no solamente resultó en una pálida versión del reclamo original sino que dejó al descubierto una diferencia filosófica dentro de la coalición gubernamental: la de si el salario debe seguir siendo una negociación libre o si en circunstancias de crisis justificaba que el Gobierno interviniera, como garante del sostenimiento del poder adquisitivo.

La cúpula de la llamada "CGT de los Gordos" fue la que se mostró más alineada en la postura gubernamental a favor de dar el protagonismo a las paritarias. Recordó que cada rama de actividad tenía realidades disímiles, y que las paritarias permitían que se dieran los aumentos sin que se generara un riesgo a la estabilidad laboral.

Raquel "Kelly" Olmos, ministra de Trabajo, sinceró el temor ante las paritarias: que los empresarios trasladen automáticamente a subas de precios

Por otra parte, advertían contra las medidas que pudieran "achatar la pirámide salarial", con categorías de ingresos que podrían solaparse. Pero, sobre todo, la reticencia sindical dejó en claro el temor a perder su rol de representación gremial, que es precisamente en las paritariasdonde alcanza su máxima expresión.

En la vereda de enfrente, el kirchnerismo cuestionó ese discurso y se valió de los datos de pobreza -publicados en marzo y en septiembre- para marcar el nuevo fenómeno social de los "asalariados bajo la línea de pobreza".

Lo cierto es que el resultado final del debate fue pobre para ambos sectores: el pago del bono resultó muy acotado, con sectores que alegaron que no podían pagarlo por su situación de emergencia financiera, y otros que reclamaron que fuera considerado a cuenta de mejoras salariales en el convenio.

Por otra parte, aquella mejora salarial de la que la ministra Olmos se jactaba hace tres meses, rápidamente quedó revertida: el último dato oficial del Indec, correspondiente a octubre, marcó otra vez una evolución salarial por debajo de la suba de precios. Y en términos anuales, la variación del salario resulta de 80,7% contra una inflación de 88%.

Massa y el factor elecciones

¿Qué ocurrirá en adelante? Los funcionarios se muestran confiados en que podrán imponer su pauta salarial del 60% sin que se llegue a una situación conflictiva. "En general la CGT apoya porque hay conciencia de los sectores gremiales", dio la ministra Olmos.

Pero no está tan claro que ese sea el panorama. Por lo pronto, los gremios que todavía están tratando de compensar la pérdida salarial contra la inflación del año pasado están negociando revisiones que llevarán la mejora a un acumulado de tres dígitos. Entre ellos se cuenta el sindicato de comercio, que con casi dos millones de afiliados representa el convenio más numeroso del país.

El gremio bancario, tomado como un referente por el mercado, es uno de los primeros en iniciar negociaciones para la paritaria 2023

Y en cuanto a los gremios que deben encarar ya la paritaria 2023, como el de los bancarios y los estatales, hubo manifestaciones que apuntan a cifras mucho más cercanas a la proyección inflacionaria de los economistas privados que a la que realiza el Gobierno.

Lo que todavía resulta una incógnita es cómo incidirá el contexto del año electoral. Trascendieron informaciones sobre un pedido expreso de Massa a sindicalistas de su confianza, en el sentido de no exagerar los aumentos nominales, de manera de no poner en riesgo la promesa oficial de que la inflación siga un camino descendente a razón de un punto cada dos meses.

Massa desmintió una noticia sobre que esté buscando apoyo sindical para un eventual lanzamiento de su candidatura presidencial en abril. Sin embargo, en el ámbito político se considera que su postulación será un hecho si tiene éxito en la moderación inflacionaria. 

Claro que surge otro problema: las chances de que el peronismo pueda ganar dependen de una mejora del salario real, algo que a primera vista parece contradictorio con el "techo" del 60% en las paritarias. Sin embargo, el propio Massa dio una pista sobre por dónde puede estar su solución: quiere que el impulso del consumo no recaiga tanto en la mejora nominal del salario sino en una revitalización de los programas de crédito.