En octubre del 2019 expira la concesión otorgada por 20 años para la explotación de las dos salas del Casino Flotante de Puerto Madero. Falta menos de un año para la fecha límite, que cae en medio de la campaña electoral que definirá nuevos Presidente y Jefe de Gobierno, y todavía no hay certezas sobre el futuro laboral de unos 3 mil trabajadores del juego y otro tanto de actividades relacionadas. Es por eso que desde el gremio, Aleara, están en estado de alerta y movilización, a la espera de soluciones concretas.

Pero la salida para evitar la conflictiva destrucción de miles de empleos se topó con un obstáculo de peso. Es que la idea de prorrogar la concesión por un período corto para que la defina la nueva gestión, desató una feroz interna en Cambiemos que tuvo como principal portavoz a Elisa “Lilita” Carrió, representante de los sectores más duros.

De hecho la líder de la Coalición Cívica se reunió en las últimas horas con el Vicejefe de Gobierno Diego Santilli y le planteó, claramente, que no aceptará que se utilice ninguna maniobra para estirarle los plazos de explotación del Casino Flotante a Federico de Achával y Cristobal López, empresario vinculados al kirchnerismo. Además, lo amenazó con hacerle “pagar” el costo en caso de que utilicen algún vericueto judicial para enmascarar una resolución política.

Ante este panorama, y con los tiempos que empiezan a acorralarlos, gremialistas y funcionarios empezaron a evaluar seriamente el traspaso de las salas a manos del Estado. Desde el sindicato conseguirían su propósito de sostener los puestos de trabajo y el Gobierno Porteño evitaría una crisis laboral en medio de la campaña. Adicionalmente se haría con un cúmulo de ingresos que aportaría a la caja de gestión y evitaría la merma de 150 millones de pesos en concepto de Ingresos Brutos