El gremialista Carlos Gómez, aseguró ayer que las operadoras y empresas de servicio de la Cuenca del Golfo San Jorge "están poniendo en riesgo la paz social" ya que "por un lado no hay certeza del pago de sueldos y aguinaldos en tiempo y forma", y por el otro "nuevamente corren riesgo unos 900 puestos de trabajo".En diálogo con Radio Del Mar, Gómez consideró que la semana próxima "habrá problemas" porque en el relevamiento que está haciendo el sindicato, las empresas de servicio están adelantando dificultades para el pago de salarios.En concreto, advirtió: "se está poniendo en riesgo la paz social de la provincia, porque hay 254 petroleros de San Antonio que se encuentran suspendidos y hasta la fecha no tienen garantizado el cobro del sueldo, ni el aguinaldo", subrayó.En el mismo tono señaló que hay "otros 350 trabajadores de distintas contratistas de YPF serían despedidos a partir del mes de julio. Más los 254 despidos en Tecpetrol. Entre las empresas San Antonio, YPF y Tecpetrol, unas 900 personas estarían perdiendo el puesto del trabajo", dimensionó.El también diputado provincial por el PJ sostuvo: "la situación de las empresas contratistas es delicada, algunas están al borde del quebranto" y reiteró la incertidumbre que los trabajadores tienen respecto al cobro de sueldos de junio y aguinaldos."Ninguna gerencia está en condiciones de pagar el sueldo, aguinaldo y el ajuste al retroactivo del mes de abril del 10 por ciento firmado por el Gobierno nacional y sindicatos", afirmó el sindicalista, que recordó que el martes vence la conciliación por el conflicto con la operadora San Antonio."Si no se les paga el sueldo a los 254 compañeros se generará conflicto en todos los yacimientos", advirtió. Y agregó que dos días después "si las empresas contratistas no pagan el sueldo, aguinaldo y suma fija no remunerativa también se profundizará el conflicto".El secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Carlos Gómez, adelantó que la semana próxima el gremio tendrá que realizar acciones de fuerza para reclamar por la falta de pago de sueldos y de aguinaldos y para evitar la pérdida de otros 900 puestos de trabajo.