Representando a estos movimientos estuvieron Luciano Lescano, Patricia Aranda, por ATE Javier Herrero y de al CTA autónoma Gerardo peña.

Allí se hicieron presentes los miembros de la CTEP, Movimiento Evita, Barrios de Pie, y también acompañaron ATE, y concejales de UCR, Graciana Maizzani, de Alternativa Carolina Robert, de Unidad Ciudadana Andrea Cáceres, el presidente de la juventud Radical Juan Agarzua, entre otros.

EN el marco local también se movilizó por los trabajadores municipales que en esta oportunidad cobraron el sueldo en tres veces, culminando mañana.

Los Movimientos Populares manifestaron su repudio a la instrumentación de programas sociales como hacemos futuro y el salario social complementario. Y señalaron que “los responsables institucionales, el SR Matías Kelly (Secretario de Economía Social) y el SR Emilio Basavilvaso (responsable nación al de ANSES) son los artífices y ejecutores de un programa de reducción de gastos de parte del Estado Nacional que golpea a los más humildes de nuestra Patria. Han tenido a su cargo desarrollar mecanismos institucionales que desvirtúan  el espíritu de fomento del trabajo y ampliación de derechos que significó la sanción de la Ley Nacional de Emergencia Social, producto de la incansable pelea de los Movimientos Populares”.

Luego explicaron que “en vez de cumplir con su rol social como funcionarios buscando, como mínimo, paliar la situación de grave deterioro social que ha generado la política económica del Gobierno nacional, han generado un sinfín de trámites en oficinas que no funcionan, con sistemas informatizados y telefónicos que no acompañan la ampliación y el cumplimiento de derechos básicos sino que los restringen cada vez más”.

En el marco de este plan de lucha nacional gritaron “a viva voz que no permitiremos más la privación de los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no toleraremos más la prepotencia, el desmanejo y el manoseo intencionado”.

Y exigieron: Inmediata reincorporación de los miles de trabajadores y trabajadoras que se les suspendió el cobro en el mes de abril.

Basta de suspensiones injustificadas

No somos animales, decimos no al certificado sanitario, si quieren cuidar nuestra salud que arreglen los hospitales públicos y centros de atención de salud barriales; y a todos los requisitos que restringen el acceso a derechos.

En un contexto de crisis como el que estamos viviendo la preocupación de estos funcionarios, que cobran el equivalente a 50 Salarios Sociales, debe ser que todo trabajador tenga un plato de comida en su mesa.